- La moción fue aprobada por 22 votos a favor con los del Grupo Popular en contra
- Fomento deja de lado la sentencia del Supremo para profundizar en la precariedad laboral, denuncia la moción
El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy con 22 votos a favor y los del Grupo Popular en contra el apoyo de la Institución a las demandas de los trabajadores portuarios ante el anuncio de la liberación del sector de la estiba que les conduce al “despido generalizado”.
La moción aprobada explica que durante la etapa Ana Pastor como ministra de Fomento en funciones, los trabajadores portuarios y la patronal elaboraron un documento conjunto de reforma de la ley, motivado por la sentencia del Tribunal Europeo en diciembre de 2014.
Sin embargo, el ministro Íñigo de la Serna informó que tiene preparado un decreto ley que determina que los contratos indefinidos se convierten en puestos de trabajo precarios, pendientes de contratación por las empresas estibadoras, que solo durante tres años están obligadas a seguir contratando al 75, 50 y 25 por ciento, respectivamente y cada año, lo que se significa que estas empresas podrán sustituir libremente a esos porcentajes de trabajadores.
Al finalizar ese periodo, los trabajadores no contratados serán despedidos de manera colectiva y las indemnizaciones se realizarán con cargo a los recursos públicos de las Autoridades Portuarias.
La gravedad del planteamiento del Ministerio supone un “despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y de libre contratación de todo el personal de la estiba portuaria, que no tiene nada que ver con la sentencia del Supremo, sino que es una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral”, denuncia la moción elevada al pleno por el grupo de gobierno.
En los últimos años, los puertos españoles alcanzaron cifras record de actividad en plena crisis económica y con un Gobierno en funciones, como resultado de una Ley de Puertos consensuada y del entendimiento entre los trabajadores y empresarios, que llegaron a un acuerdo, pendiente de ratificar por su asamblea, en el que creen esencial la existencia de un Registro de Estibadores, al amparo del Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Gobierno español.
Este acuerdo contemplaba la creación de Centros Portuarios de Empleo, integrados exclusivamente por empresas estibadoras, la subrogación de la totalidad de los trabajadores y la aprobación de ayudas públicas y medidas legislativas para un Programa de Reestructuración del sector, por un periodo mínimo de siete años. Los estibadores ya han manifestado que están abiertos a mantener el diálogo, pero que no aceptarán una imposición que consideran que los condena a “muerte”.
Por todo lo expuesto, la moción del grupo de gobierno propone que el Cabildo manifieste su apoyo a las demandas de los estibadores y que se restablezca el diálogo en la negociación para modificar el sistema de la estiba, sin que suponga la disminución del ámbito funcional del servicio o la pérdida de puestos de trabajo.
Este apoyo de la corporación insular también exige que se incorpore al texto de la modificación legislativa de la estiba española los compromisos alcanzados por España, en el convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo, como la creación de un registro portuario para cuyo acceso se requiere exclusivamente una cualificación profesional específica de la estiba y la superación de las pruebas de acceso que se determinen, previamente, por las partes.
El Cabildo pedirá al Ministerio de Fomento que las entidades intervinientes en los Centros Portuarios de Empleo, que gestionan mano de obra portuaria, sean empresas estibadoras con licencia de la Autoridad Portuaria, que son competentes en el ámbito territorial de actuación.
Además, el Cabildo instará a la patronal de empresas portuarias (Anesco) a ratificar el acuerdo alcanzado con los estibadores, el 24 de enero, para reformar la estiba y a trasladarlo al Acuerdo Sectorial Estatal, y solicitará a las empresas estibadoras que se comprometan a subrogar a la totalidad de los trabajadores portuarios que prestan servicios en las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep) y de los entes autonómicos con la misma función.