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Los despidos crecieron un 14,9% en las islas durante el segundo trimestre

 

  • 214 familias perdieron su vivienda por impago de hipotecas en el Archipiélago entre abril y junio de 2019, un 35,9% menos que el año pasado

 

  • Los concursos de acreedores crecieron un 25% en Canarias durante la pasada primavera

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 2019.-

 

Los despidos individuales crecieron un 14,9% en Canarias durante el segundo trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, según el informe periódico Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que hoy ha difundido la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

Los datos recopilados por el CGPJ en los juzgados isleños abril y junio del presente año indican que en la Comunidad Autónoma canaria los juzgados de lo Social (antigua magistratura de Trabajo) se registraron 2.262 demandas por despido laboral, un 14,9% más que en el mismo periodo de 2018, que computó 2.014 casos.

 

Por provincias, Las Palmas acusó un incremento del despido del 18,7% (1.499 demandas frente a las 1.187 del segundo trimestre de 2018) y Santa Cruz de Tenerife un aumento del 15% (853 demandas entre abril y junio de 2019 frente a las 781 cursadas en el mismo periodo de 2018).

 

En lo que se refiere a despidos colectivos (Expedientes de Regulación de Empleo), el archipiélago sólo registró un caso la pasada primavera, frente a los cinco que se dieron en el mismo trimestre de 2018.

 

 

Los datos referidos a concursos de acreedores (el antiguo concepto de quiebra) recopilados por el gobierno de los jueces desvelan que en el segundo trimestre de 2019 se presentaron 45 casos (un 25% más que en el mismo periodo de 2018), y se declararon 25, un 24,2% menos que en la primavera de 2018.

Familias sin vivienda

 

 

El apartado referido a lanzamientos por impago de hipotecas, en las islas se practicaron entre abril y junio de este año un total de 214, un 35,9% menos que en el mismo periodo de 2018, en el que se vivieron 334 casos. Por provincias, fueron 83 en Las Palmas (un 36,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, que fueron 131) y 43 en Santa Cruz de Tenerife, un 46,3% menos que en la primavera anterior (80 casos).

 

 

El informe también detalla que entre abril y junio de 2019 un total de 38 personas físicas residentes en el Archipiélago se declararon en concurso de acreedores, esto es, sin medios para pagar sus deudas, lo que supone un incremento del 56% respecto al mismo periodo de 2018, en el que se declararon en quiebra 17 isleños.

 

‘Okupas’

 

 

El estudio estadístico incluye por primera vez datos sobre juicios verbales por ocupación de vivienda, juicios civiles a presuntos okupas: según el Gobierno de los jueces, entre abril y junio del año pasado se registraron en Las Palmas la entrada de 29 procesos de este tipo, se resolvieron 22 y quedaron en trámite a final del periodo 40 casos.

 

Durante todo 2018, en la provincia oriental se incoaron 49 procesos por ocupación de vivienda, se resolvieron 22 y quedaron en trámite a final de junio, pendientes de juicio, 27 casos.

 

En lo que se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el segundo trimestre de 2019 ingresaron 40 casos de supuesta ocupación de vivienda, se resolvieron 16 y quedaron pendientes 55.

Durante 2018, en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro  ingresaron 47 casos por ocupación, se resolvieron 16 y quedaron pendientes para 2019 31 expedientes.

Datos nacionales

 

 

En el conjunto del Estado, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 fue de 14.756, lo que supone un descenso del 14 % respecto al mismo trimestre de 2018. Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4 por ciento) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 (el 25,79 por ciento) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas.

 

 

Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9%, los que han experimentado una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se han reducido en un 6,6%.

 

Cataluña (con 3.433, el 23,3 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y Madrid, con 1.637.

 

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3 por ciento del total; seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, con 694; Cataluña, 689; y Murcia, 311.

 

 

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

 

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2019 fue de 18.594, un 9,4 por ciento menos que en mismo trimestre de 2018. De ellos, 10.894 terminaron con cumplimiento positivo, con una disminución interanual del 12,1 por ciento.

 

 

 

 

Durante el segundo trimestre de este año se presentaron 3.857 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso interanual del 46 por ciento.

 

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña, con 787, cifra que representa el 20,4 por ciento del total nacional; le siguen Andalucía (con 740); la Comunidad Valenciana (con 538); Madrid (con 446) y Murcia, con 218.

 

Importante aumento del número de concursos presentados

 

El número de concursos presentados en el periodo analizado, contando tanto los presentados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 2.982, de los que 1.254 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 23,7% respecto al segundo trimestre de 2018.

 

En los juzgados de lo mercantil se han presentado un total de 1.728 concursos, un 11,4 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. Cataluña, con 528, ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo mercantil, lo que supone el 30,6 por ciento del total y más del doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 262. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 211, y Andalucía, con 205.

 

 

 

 

 

Aumentan un 46 % los concursos presentados por personas físicas

 

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, en total 1.254, han experimentado un incremento del 46% respecto al segundo trimestre de 2018. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados (403, que representan el 32,1 por ciento del total nacional), seguida por Madrid (con 208); Andalucía (con 164) y la Comunidad Valenciana, con 160.

 

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el segundo trimestre de 2019 un total de 1.034 concursos, lo que supone un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 395 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

 

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 138 concursos; 745 (un 11,3 por ciento menos que un año antes) iniciaron la fase de liquidación.

 

Expedientes de Regulación de Empleo

 

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), las cifras ponen de manifiesto que en el segundo trimestre de 2019 han aumentado un 15,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. En el trimestre analizado se presentaron un total de 126 expedientes.

 

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 18 concursos consecutivos[1] en el segundo trimestre de 2019, por los 26 admitidos en igual trimestre del año anterior. Se han declarado 296 concursos consecutivos, por 130 declarados en el segundo trimestre de 2018. De ellos 208 han sido declarados en Cataluña.

 

Las demandas por despido aumentan un 9,1 por ciento

 

El número de demandas por despido presentadas en el segundo trimestre de 2019 ascendió a 28.121, lo que representa un incremento del 9,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. Cataluña (con 5.197, el 18,5 por ciento del total nacional) y Madrid (con 5.172 demandas, el 18,4 por ciento del total nacional) han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía (con 4.364, que equivale al 15,5 por ciento del total) y la Comunidad Valenciana, con 3.036 (10,8 por ciento).

 

 

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 33.623, ha sido un 0,1 por ciento superior a las presentadas en el segundo trimestre de 2018. De ellas, 6.000 se presentaron en Andalucía (17,8 por ciento del total); 5.926, en Madrid y 3.735, en Cataluña.

 

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2019 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 173.413, lo que supone un incremento interanual del 11,2 por ciento. Se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia salvo en Castilla y León. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, donde se presentaron un total de 33.952; seguida de Madrid (con 27.297) y Cataluña, con 24.403.

 

En el segundo trimestre de 2019, se han presentado 6.403 monitorios europeos, de los que 1.137 lo fueron en Cataluña; 1.120, en Madrid; y 1.023, en Andalucía. Al igual que en el trimestre anterior, el crecimiento de este tipo de procedimiento ha sido muy importante. El número de presentados en el segundo trimestre de 2019 es más del doble de los presentados en el primer trimestre, 2.852, y supera a los presentados durante todo el año 2018, que ascendieron a 5.884.

 

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

 

En el segundo trimestre de 2019, en los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas) se han presentado un total de 32.538 asuntos; se han resuelto 38.521 y han quedado en tramitación 255.247. Las sentencias dictadas han ascendido a 31.630, de las que el 96,6 por ciento han sido estimatorias.

 

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

 

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

 

En el segundo trimestre de 2019, han ingresado 953 y se han resuelto 772. El mayor número de demandas (254), que representan el 26,7 por ciento del total nacional, se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía, con 221; Madrid, con 92, y la Comunidad Valenciana, con 90.

[1]
[1] Concurso que puede afectar a personas físicas (empresarias o no) y a determinadas  personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean inferiores a cinco millones de euros y haya menos de 50 acreedores) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y no lo hayan conseguido, o si aprobado éste, el deudor no lo cumple

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