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Alejandro Marichal: “Ningún vecino en nuestro munipio ha estado viviendo de manera ilegal en la zona turística ,y así lo vamos a defender”
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Davinia Ramírez: “Estas Ordenanzas resolverán la situación de incertidumbre con la que viven 16.000 vecinos de la zona turística”
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Maribe Doreste: “Valoramos cómo Alejandro Marichal y su equipo han tendido siempre la mano para conseguir una ciudad del siglo XXI que pone a la ciudadanía en el centro y no sólo a la actividad económica”
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, liderada por Davinia Ramírez (CC), ha formalizado la contratación para la redacción de las Ordenanzas Provisionales Municipales que clarificarán la compatibilidad entre los usos residencial y turístico en parcelas de la zona turística del municipio. Este encargo realizado al catedrático Fran Villar, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, responde al acuerdo plenario del 27 de junio de 2024, que declaró la necesidad urgente de regular esta coexistencia de usos en tanto se modifica el Planeamiento General.
Las Ordenanzas Provisionales buscan establecer la compatibilidad provisional de los usos residencial y turístico en parcelas que el planeamiento municipal actual denomina como ‘Apartamentos’ o ‘Bungalows’. Esta medida permitirá que ambos usos coexistan en la misma parcela, siempre que los usos turísticos cumplan con la normativa autonómica aplicable. De esta forma, como aclara el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, las Ordenanzas Provisionales no pretenden transformar las zonas turísticas en residenciales, sino regularizar situaciones ya existentes y, con ello, “ofrecer seguridad jurídica a los residentes que habitan en zonas turísticas desde hace décadas”.
Esta iniciativa se enmarca en la respuesta dada por el Gobierno de Canarias a la problemática del uso residencial en zonas turísticas. Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó un Decreto-ley de medidas urgentes que suspende temporalmente, a petición de los afectados, las sanciones por residir en zonas turísticas. Este decreto otorgaba a los ayuntamientos un plazo máximo de tres años para llevar a cabo la especialización de usos en estas zonas, permitiendo a los residentes solicitar el cambio de uso a la administración local.
Marichal explica que “estamos llevando a cabo este trámite porque así lo ha solicitado el Gobierno de Canarias, pero consideramos que la legislación vigente ya permite residir en zonas turísticas. Primero, porque la mayoría de los apartamentos se construyeron antes de 1995. Segundo, porque la Ley 2/2017 del Suelo consolidó el uso residencial existente hasta el 1 de enero de 2017. Y, por si esto fuera poco, el Plan General de Ordenación de 1996 de San Bartolomé de Tirajana no ha especializado el uso de las parcelas. Por tanto, resulta incomprensible que la Consejería, en base al artículo 23 de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, exija a nuestros vecinos el cumplimiento del uso turístico sin que exista esa especialización. En el peor de los casos, muchos de los vecinos estarían amparados por una situación legal de consolidación del uso residencial, por lo que ningún vecino es ilegal y así lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.
La redacción de las ordenanzas, que deberán estar finalizadas en un plazo de seis meses, ha sido encomendada a un equipo liderado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco José Villar Rojas. El profesor Villar Rojas cuenta con una amplia trayectoria en derecho urbanístico, habiendo coordinado el equipo redactor del borrador de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y posteriormente del Reglamento de Planeamiento de Canarias. Como destacó la edil de Urbanismo, Davinia Ramírez, “estas ordenanzas resolverán la situación de incertidumbre con la que viven 16.000 vecinos en la zona turística”.
Durante la reunión con el equipo redactor participó también Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, quien agradeció al Ayuntamiento su implicación: “Agradecemos a la corporación municipal que esté poniendo de su parte para ayudar a solucionar un problema de gran calado social, que tiene a muchas personas preocupadas por su futuro y el de sus viviendas. Valoramos cómo Alejandro Marichal y su equipo han tendido siempre la mano para colaborar y conseguir entre todos una ciudad del siglo XXI que pone a la ciudadanía en el centro y no sólo a la actividad económica”.
Caso raro, los aptos ocupados por residentes tienen una calificación jurídica de turístico, en algún caso dudo que con el simple empadronamiento ilegal que ha hecho el ayuntamiento determine que las personas que residen ahí y en muchos casos de ellos no de forma permanente, obliguen a la administración a hacer un cambio u obligar al cambio jurídico de explotación turística por residencia, el que realmente pierde es el Ayto porque tendrá menos plazas turísticas. No lo veo jurídicamente justo.