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NC-BC enmienda la ley de la vivienda vacacional para proteger a miles de familias en las zonas turísticas

González y Santana afirman que sus propuestas equilibran el derecho a una vivienda digna, frenan la especulación y regulan en áreas urbanas tensionados

Las diputadas de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González y Natalia Santana. presentaron hoy las 34 enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley de la vivienda vacacional con las que se protege a miles de familias propietarias que residen en zonas turísticas. González y Santana afirmaron que las propuestas de mejora del grupo canarista buscan además equilibrar el derecho a una vivienda digna con la necesidad de regular esta desbocada actividad económica en áreas urbanas tensionadas y frenar la especulación.

Las parlamentarias canaristas informaron, en rueda de prensa, que las 34 enmiendas de NC-BC tienen la “firme voluntad de corregir” el Proyecto de Ley (PL) De Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas que “ni resuelve los problemas de acceso a la vivienda en las zonas urbanas y áreas residenciales de municipios turísticos. Ni contribuye a una regulación justa del alquiler vacacional, ni respeta la realidad social, económica y jurídica de miles de familias canarias”. Familias estas últimas que, como indicó, son propietarias de residencias en zonas turísticas, legalmente escrituradas, ubicadas en suelos mixtos y que son de uso habitual, como segundas residencias o incluso se alquilan.

El proyecto de ley del Ejecutivo de las dos derechas, lejos de aliviar la tensión habitacional en las zonas urbanas, insistió, ha provocado un “efecto contrario” al negarse a establecer una moratoria a nuevas autorizaciones hasta la aprobación de la misma. La consecuencia, un aumento descontrolado de las solicitudes.

Desde NC-BC, “decimos alto y claro que regular la vivienda vacacional, sí, pero no de esta manera”. Apuesta por una regulación que “frene” la especulación, ponga “límites” al descontrol y garantice el derecho a una vivienda digna. Este proyecto de ley, para Esther González, “ha errado el tiro, no tiene consenso, criminaliza a miles de familias, ignora la diversidad de Canarias y concentra el poder turístico en los de siempre”, en los hoteleros y extrahoteleros.

Las enmiendas presentadas, según las parlamentarias, van dirigidas a corregir una propuesta legislativa desequilibrada y poco representativa de la realidad canaria. Entre ellas, González citó el reconocimiento explícito del derecho a la residencia habitual en suelo turístico para aquellas familias que llevan años viviendo allí.

También la creación de un régimen específico para la primera vivienda y segunda residencia en suelos mixtos, la “mayoría” de los sures de casi todas las islas. La Limitación con criterios objetivos de la actividad del arrendamiento vacacional en zonas residenciales tensionadas y, por otra parte, diferenciar entre los pequeños y los grandes tenedores. Se prohíbe la conversión de edificios o urbanizaciones completas de un solo propietario a vivienda vacacional.

Nueva Canarias rechaza la prohibición de destinar, a vacacionales, edificaciones en situación de fuera de ordenación, cuando además pueden integrarse en su entorno. “Fuera de ordenación no es sinónimo de ilegalidad”, recalcó.

Esther González mantuvo que “otra ley es posible”. Una que, como especificó, “atienda a la complejidad del territorio canario, que respete a quienes residen, invierten o heredan en un municipio, que reparta la riqueza turística y que ponga el foco en lo que realmente tensiona el mercado, la especulación y la falta de una política real de vivienda”, sea pública o a precio asequible en función de las rentas.

Recordó que recientes sentencias judiciales avalan el derecho a residir en zonas turísticas y a ejercer el alquiler vacacional, al tratarse la mayoría de los casos de suelos mixtos. “Ni es ilegal residir en estas viviendas, ni lo es alquilarlas de forma vacacional”, afirmó.

Para la parlamentaria de NC-BC, la propuesta del Gobierno presidido por Fernando Clavijo “nace muerta” ya que reproduce errores del pasado y perpetúa un modelo que concentra el negocio turístico en manos de grandes operadores hosteleros, ignorando la diversidad del territorio canario.

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