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El PP denuncia el descontrol y la falta de calidad democrática del gobierno de Morales

  •    El Grupo Popular acusa a NC, PSOE y los tránsfugas de vulnerar de forma sistemática los derechos de la oposición para intentar obstaculizar su labor de control y fiscalización al gobierno
  •    Felipe Afonso El Jaber: “Morales intentó engañar a la Audiencia de Cuentas ocultando hasta 13 cuentas bancarias manejadas por personas ajenas al Ayuntamiento de Agüimes y ahora pretende hacer lo mismo en la Corporación insular”

 

El Grupo Popular ha denunciado hoy el descontrol y el grave deterioro de la calidad democrática del gobierno de NC, PSOE y los tránsfugas en el Cabildo de Gran Canaria después de que el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo (NC), haya reconocido que entregó datos falsos al principal grupo de la oposición sobre los convenios y contratos que, por un importe de casi 25 millones de euros, la Corporación insular mantiene prorrogados más allá de lo permitido por la Ley.

 

El PP acusa al presidente Antonio Morales y su grupo de gobierno de vulnerar de forma sistemática los derechos de los grupos de la oposición, incumpliendo reiteradamente los plazos legales de entrega de la documentación solicitada o facilitando en muchas ocasiones información que no se corresponde con la realidad.

 

“No sabemos si el oscurantismo y falta de transparencia es fruto de la mala fe o de la descoordinación y el caos que reina en la Corporación insular, pero está claro que Morales sólo pretende obstaculizar la labor de control y fiscalización al gobierno para tapar el fracaso de su gestión”, sostiene el portavoz popular, Felipe Afonso El Jaber.

 

“Nuestra obligación como principal partido de la oposición es fiscalizar y hacer seguimiento a la acción del gobierno, pero Morales y sus socios no quieren que los ciudadanos de Gran Canaria sepan que el Cabildo está totalmente parado, y por eso tiene que recurrir a diario a su cansina propaganda pagada con dinero público”, añade.

 

El líder de la oposición recuerda que “Morales ya intentó engañar a la Audiencia de Cuentas de Canarias ocultando la existencia de hasta 13 cuentas corrientes manejadas por personas ajenas al Ayuntamiento de Agüimes en su etapa de alcalde –un caso que ya está en manos de la Fiscalía-, y ahora cree que puede hacer lo mismo en el Cabildo de Gran Canaria”.

 

Ni rastro de los informes de la Metroguagua

 

Un ejemplo evidente de la opacidad del gobierno de Morales y el ninguneo permanente a los grupos de la oposición es su negativa a facilitar la información sobre el proyecto de la Metroguagua solicitada por el PP en reiteradas ocasiones, o la falta de respuesta a los requerimientos para conocer los contratos o convenios actualmente en vigor entre el Cabildo y la UD Las Palmas.

 

En el primer caso, el PP solicitó el pasado 20 de febrero “copia de cualquier informe elaborado o en posesión de este Cabildo sobre la afección de las obras y/o puesta en servicio de la Metroguagua en las carreteras de titularidad insular o autonómica”. La respuesta de la Consejería de Hacienda, una semana más tarde, fue: “se ruega que concrete a que informe se refiere para poder seguir el trámite correspondiente”.

 

Así, el Grupo Popular reiteró su solicitud el 28 de marzo y, dos semanas después (el 11 de abril), el consejero Pedro Justo remitió escrito con idéntica contestación.

 

De la misma forma, el PP solicitó el 26 de febrero “copia de cualquier convenio y/o contrato en vigor suscrito entre el Cabildo o cualquier organismo o entidad dependiente del mismo y la Unión Deportiva Las Palmas”, obteniendo la misma respuesta: “eurgo que nos concrete a qué convenio y/o contrato se refiere”. Reiterada la solicitud, el 4 de abril, el consejero de Hacienda vuelve a contestar lo mismo.

 

Para el portavoz del Grupo Popular, “estos dos casos, entre otros muchos, evidencian la total falta de transparencia de Morales y su gobierno y, además de una tomadura de pelo, suponen también una intolerable vulneración de los derechos que asisten a la oposición en cualquier institución con un mínimo de calidad democrática, por lo que nos reservamos el derecho a emprender cuantas acciones sean necesarias para poder ejercer con todas las garantías nuestra labor de control y fiscalización”.

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