| Mareas por la Educación Pública.
Comunicado de prensa ante los ataques vertidos por los partidos de derecha y ultraderecha y por representantes de la enseñanza privada-concertada
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Desde Mareas por la Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celaá. A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina.
Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz. En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo.
Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente.
Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio. La negación de la realidad plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal cooficialidad.