San Bartolomé de Tirajana, 6 de mayo de 2025.-
El Grupo Municipal Socialista de San Bartolomé de Tirajana defendió en el pleno ordinario celebrado este martes una moción en la que instó al Gobierno de Canarias a derogar con carácter urgente el Decreto Ley 2/2025, de medidas relativas al uso turístico de las viviendas, y a aprobar un nuevo decreto que paralice de inmediato los procedimientos sancionadores iniciados contra vecinos y vecinas del municipio por residir en zonas turísticas. La moción contó con el apoyo de todos los grupos políticos y fue aprobada por unanimidad.
La moción, presentada por el concejal socialista Kevin Paz, denunció que la normativa actual impone una carga desproporcionada sobre los residentes afectados, a quienes se les obliga a iniciar un procedimiento para cambiar el uso de sus viviendas, reconociendo de facto que las ocupan de forma ilegal, a pesar de contar en muchos casos con títulos que acreditan su uso residencial. Según el PSOE, esto vulnera derechos fundamentales y sitúa a muchas familias en una situación de inseguridad jurídica, además de trasladar a los ayuntamientos una responsabilidad que debería asumir el Gobierno autonómico.
Durante su intervención, Paz recordó que San Bartolomé de Tirajana es el municipio más afectado por este modelo de gestión del territorio, con más plazas turísticas que población residente. A día de hoy, el municipio cuenta con más de 76.500 camas turísticas frente a un padrón de poco más de 52.000 personas, una cifra que, unida al encarecimiento del suelo y a la escasez de vivienda asequible, agrava una situación ya insostenible para la mayoría de la ciudadanía. De hecho, el precio del metro cuadrado ha pasado de 2.941 euros en 2021 a 4.385 euros en 2025, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna. El grupo socialista subrayó que el reciente Decreto Ley aprobado en marzo no solo no resuelve el problema, sino que complica aún más la situación al no frenar los expedientes sancionadores en curso ni garantizar una solución estable para quienes residen en viviendas afectadas por la zonificación turística.
En la misma sesión plenaria, la portavoz del Grupo Socialista, Conchi Narváez, presentó una moción para impulsar la elaboración de una ordenanza municipal que regule el uso de autocaravanas y vehículos campers en el municipio. Narváez destacó que esta modalidad turística, cada vez más extendida en la isla, necesita una regulación específica que permita ordenar su presencia en el territorio, evitar conflictos vecinales y dotar al municipio de infraestructuras y servicios básicos adecuados para este tipo de vehículos. La moción, aprobada también por unanimidad, propone habilitar de forma progresiva espacios de estacionamiento específicos, reservar plazas en aparcamientos municipales con un límite de estancia de 72 horas, e instalar puntos de vaciado de aguas residuales y suministro de agua limpia, en colaboración con entidades privadas. También se contempla la puesta en marcha de campañas informativas dirigidas tanto a los usuarios como a la población local, para fomentar la convivencia y el respeto por el entorno.
Durante el turno de ruegos y preguntas, el concejal socialista Bartolomé Acosta volvió a denunciar los problemas persistentes en la recogida de residuos, especialmente en lo que respecta a la recogida selectiva, los escombros y los electrodomésticos abandonados. Acosta preguntó al responsable del área de limpieza si el Ayuntamiento se ha adherido al convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria para la recogida de electrodomésticos y aparatos electrónicos, ya que esta medida permitiría mejorar de forma notable el servicio. Por su parte, la concejala Clara Inés Martel solicitó al alcalde que en los próximos plenos se incluya una modificación presupuestaria que permita dotar de financiación al proyecto de rehabilitación del Poblado de San Fernando, una iniciativa reclamada por los vecinos desde hace tiempo y que sigue sin avances concretos por falta de recursos económicos.
La concejal Nélida García también intervino para trasladar la preocupación vecinal por el estado de abandono que presenta la ladera situada junto a la avenida del barranco de El Tablero, donde se acumulan residuos, maleza y una evidente falta de mantenimiento. García recordó que la última actuación en esa zona se realizó hace más de dos años, durante la legislatura pasada, y exigió al grupo de gobierno una intervención urgente para garantizar la limpieza, la seguridad y la imagen del entorno.