El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana vuelve a quedar en entredicho por una gestión que, lejos de garantizar transparencia y eficacia, parece alimentarse de favoritismos y prácticas difícilmente justificables. La denuncia presentada por el vecino y empresario local Juan Manuel Pérez León ha destapado un sistema de designaciones que se repite siempre sobre los mismos funcionarios, con el agravante de que perciben dietas en horario laboral, cobrando así dos veces de las arcas municipales.
El caso de una Oficial de la Policía Local y del propio Jefe de Bomberos resulta paradigmático: ambos acumulan la participación en más de diez y siete tribunales respectivamente, casi siempre como presidente o secretario, es decir, en puestos clave que manejan actas, …
Del Sur de Gran Canaria a Madrid: la denuncia de un ciudadano que sacudió la política nacional
“Los locos abren los caminos que después recorren los sabios”. La sentencia popular podría servir para describir a Juan Manuel Pérez León, un empresario del Sur de Gran Canaria que, a fuerza de insistencia y denuncias, ha abierto senderos que nadie se atrevía a transitar. Lo que para algunos era obstinación o excentricidad, con el tiempo se ha convertido en una cadena de investigaciones y escándalos que han puesto contra las cuerdas a alcaldes, concejales y hasta ministros.
En un municipio donde muchos prefieren callar, Pérez León decidió enfrentarse al poder establecido. Desde hace más de veinte años se ha convertido en la pesadilla de quienes gobiernan sin transparencia. Sus denuncias, primero locales y luego regionales, han escalado hasta sacudir los cimientos de la política nacional: un ministro ha sido destituido y un diputado permanece en prisión, y no se descarta que el efecto dominó pueda llegar aún más lejos.
La suya es la historia de un ciudadano anónimo que, lejos de resignarse a la opacidad administrativa y a la connivencia entre poderes en San Bartolomé de Tirajana, ha levantado la voz una y otra vez. Ha señalado a alcaldes, concejales, jefes policiales y empresarios, siempre con un mismo objetivo declarado: defender el dinero de todos y obligar a que las instituciones funcionen con transparencia.
Primeras batallas en casa: los alcaldes y el ocio nocturno
Desde principios de los 2000, Pérez León comenzó a presentar denuncias contra lo que él consideraba trato desigual y connivencia municipal con negocios del ocio nocturno. En 2008, sus denuncias motivaron el precinto de distintos locales del ocio nocturno de Playa del Inglés y Maspalomas y denunció la pasividad municipal ante obras ilegales en centros comerciales en Playa del Inglés.
No se detuvo ahí. En 2013, en plena etapa del alcalde Marco Aurelio Pérez (PP), acusó públicamente al Ayuntamiento de tolerar lo que él describía como una “red corrupta de la noche”, señalando lo que entendía como privilegios para unos pocos frente a la persecución de otros.
A lo largo de los años, ha dirigido sus denuncias contra todos los alcaldes recientes del municipio: Marco Aurelio Pérez (PP) como objetivo principal de sus dianas, pero tampoco se escapó Concepción Narváez (PSOE) y, más recientemente, el actual gobierno municipal, al que acusa de opacidad, retrasos en expedientes y favoritismo en concesiones públicas.
También ha apuntado con contundencia a la jefatura de la Policía Local del municipio tirajanero, cuestionando nombramientos y decisiones internas con datos específicos. En 2020 denunció al alcalde Marco Aurelio Pérez por prevaricación, asegurando que el nombramiento del comisario jefe, Isidro Armas, se habría hecho “con nocturnidad” y a través de una comisión de servicios, cuando la normativa exige promoción interna entre policías locales. Según su denuncia, Armas era policía nacional, no policía local, carecía de los requisitos académicos requeridos y no hubo convocatoria pública ni publicidad: en su opinión, una vulneración de los principios de transparencia y acceso al empleo público. Lo calificó de presunto enchufismo, comparándolo con otros casos judicializados, como el del hermano del Presidente del Gobierno.
Además, sostiene que, aunque posteriormente se le apartara formalmente del cargo de comisario, se le mantuvo al frente del área de seguridad, lo que sugiere —según su versión— que el traslado fue más formalidad que cese real.
También ha advertido públicamente que existiría un oficial de la Policía que, siempre según sus declaraciones, favorecería a determinados locales en perjuicio de otros empresarios, alimentando con ello la sospecha de trato desigual. Estas acusaciones, recogidas también en prensa digital, refuerzan su narrativa de que en San Bartolomé de Tirajana no solo la política municipal, sino también las fuerzas de seguridad, habrían contribuido a mantener un clima de opacidad y privilegios.
Aunque algunas de estas denuncias fueron archivadas en sede judicial, no tardaron en llegar las críticas. Otros empresarios lo acusaron de mover sus denuncias por interés propio, y desde la política se le intentó reducir a un “agitador resentido”. Sin embargo, lejos de amedrentarse, Pérez León convirtió cada ataque en combustible para seguir adelante. “Si tanto me critican, será porque toco donde duele”, ha dicho en más de una ocasión a un reducido grupo de amigos.
El salto regional: la denuncia del Caso Mascarillas
Su gran irrupción en la escena regional llegó con la pandemia. Pérez León denunció en 2022 presuntas irregularidades en las compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS). Contratos millonarios que no se cumplieron, mascarillas que no llegaron o que eran defectuosas y empresas sin solvencia vinculadas a adjudicaciones urgentes: ese fue el caldo de cultivo que, según su denuncia, destapó el Caso Mascarillas en Canarias.
Su denuncia motivó la apertura de diligencias en el Tribunal de Cuentas y una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, en la que incluso fue citado junto a Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos.
Del Sur de Gran Canaria a Madrid: un efecto dominó político
Lo que comenzó como la denuncia de un empresario del Sur de Gran Canaria ha terminado teniendo repercusiones de alcance nacional.
El Caso Koldo, que investiga una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia, salpicó de lleno al exministro de Transportes José Luis Ábalos (que poco después de la denuncia fue destituido) y al entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán. Los informes de la Guardia Civil y los audios incorporados al procedimiento han dado veracidad a una trama que hoy amenaza con convertirse en un terremoto político para el Gobierno central.
Sin la denuncia inicial del Caso Mascarillas en Canarias, difícilmente se habría destapado la magnitud de los contratos irregulares en toda España. Pérez León se convirtió así, casi sin proponérselo, en el eslabón inicial de una cadena de acontecimientos que han hecho tambalear a dos secretarios de Organización del PSOE y que podrían tener consecuencias aún mayores para el Ejecutivo.
Aunque jurídicamente se trate de procedimientos distintos, algunos analistas consideran que el relato público dibuja una línea clara: la primera grieta abierta en Canarias permitió iluminar lo que después sería una red de alcance estatal. Y en el origen de esa grieta estuvo la denuncia de un entonces ciudadano anónimo de San Bartolomé de Tirajana, Juan Manuel Pérez León.
San Bartolomé bajo la lupa: productividades y concesiones
Mientras tanto, Pérez León no ha abandonado el frente local. Recientemente, presentó denuncia ante el Tribunal de Cuentas, cuestionando el pago de más de tres millones de euros en productividades y gratificaciones en San Bartolomé de Tirajana. Según su relato, se trata de una práctica que distorsiona el uso del dinero público y carece de justificación técnica suficiente.
Este mismo año también exigió la revisión de 84 concesiones municipales, advirtiendo de posibles pérdidas millonarias para las arcas locales por falta de control, retrasos en cobros y ausencia de fiscalización.
Sus denuncias han obligado al Ayuntamiento a licitar un inventario de bienes y concesiones, un paso que hasta entonces nunca se había impulsado con esa amplitud.
Aliados invisibles: bufetes, corporaciones y periodistas
Pese a ser señalado y atacado por muchos, Juan Manuel Pérez León parece no estar solo. Su insistencia y la solidez de algunos de sus expedientes han despertado el interés de grandes bufetes de abogados, que se han acercado para ofrecer respaldo jurídico, según comentan fuentes de toda solvencia. También de corporaciones empresariales que ven en su trabajo una forma de combatir la competencia desleal y el clientelismo político.
De forma discreta, ha recibido apoyos de periodistas de los principales medios nacionales, que lo han buscado para contrastar información y acceder a documentos inéditos. Su figura ha pasado de ser un vecino incómodo a convertirse en una fuente de referencia para la prensa nacional.
Además, mantiene una red de informantes muy potente que le facilita documentación confidencial. Funcionarios, vecinos, empresarios, políticos y contactos de la Península le hacen llegar expedientes que él estudia minuciosamente antes de trasladar a Fiscalía, tribunales o instituciones de control.
Los pocos que lo conocen bien aseguran que guarda archivos en distintos lugares, con información aún no publicada ni analizada. Una especie de archivo secreto ciudadano que muchos temen y pocos conocen en detalle.
Entre enemigos y admiradores
No cabe duda de que Pérez León se ha ganado poderosos enemigos: alcaldes, mandos policiales, concejales, empresarios y dirigentes políticos de todos los partidos políticos que lo acusan de actuar por interés propio o de tener cuentas pendientes.
Pero también ha acumulado aliados estratégicos y el respeto de quienes ven en él a un ciudadano que fiscaliza donde otros callan. Sus denuncias, aunque no siempre prosperen judicialmente, han obligado a abrir debates que eran antes tabú, a poner bajo la lupa contratos millonarios y a situar en la agenda pública la transparencia en la gestión del dinero de todos.
El Robin Hood de la transparencia
A día de hoy, Juan Manuel Pérez León es una figura controvertida. Para unos, un empresario resentido; para otros, un héroe cívico que demuestra que la democracia no solo se defiende desde las instituciones, sino también desde la calle, con escritos en el registro y denuncias en los tribunales.
Lo cierto es que su nombre ya está ligado al Caso Mascarillas y al efecto dominó que ha salpicado a Ábalos, Cerdán y tiene a todo un partido como el PSOE a nivel nacional contra las cuerdas. Y también a los problemas internos de su municipio, donde ha puesto en cuestión concesiones, contratos y gratificaciones que suman millones de euros.
Su historia encarna la idea de que un solo ciudadano puede incomodar al poder, incluso hasta el punto de alterar el tablero político nacional. Por eso, para muchos, Pérez León ya es conocido como el Robin Hood de la transparencia: el hombre que, con papeles en la mano y perseverancia, ha conseguido que algunos poderosos tiemblen.
Y quizá esa sea su mayor victoria: haber demostrado que la corrupción no siempre cae por grandes operaciones policiales ni por auditorías institucionales, sino por la obstinación de un vecino dispuesto a registrar una y otra vez sus denuncias. Un Robin Hood moderno que no roba a los ricos para dárselo a los pobres, sino que exige que los poderosos devuelvan lo que nunca debió dejar de ser de todos.