“El verdadero objetivo de la ley es prohibir el alquiler vacacional en zonas turísticas, pese a lo que dictó el Tribunal Supremo”
Maríbe Doreste (presidenta) y Manuel Batista (vicepresidente) de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) anuncian la ruptura total de relaciones con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Denuncian falta de diálogo, ocultación de documentos y que el Gobierno reproduce sus propuestas sin reconocer autoría. Según afirman, la nueva ley del alquiler vacacional perpetúa y maquilla la unidad de explotación, obligando a los propietarios a integrarse en el negocio turístico o abandonar sus viviendas.
Critican que se les considere “unidades alojativas” en lugar de viviendas, comparando su propiedad con “ser dueña de una habitación de hotel”. Aseguran que el modelo propuesto convierte al propietario en prisionero: puede alquilar, pero dentro de un complejo turístico y compartiendo gastos con los explotadores, sin posibilidad de revertir el uso a vivienda.
Denuncian que esta ley es “una trampa jurídica para despojarnos de nuestros derechos”, y que las multas (2.250 € por uso residencial) siguen llegando semanalmente, pese a que el Gobierno anunció su suspensión. Afirman que esta normativa beneficiará solo a los grandes empresarios turísticos mientras expulsa a residentes y pequeños propietarios de zonas como San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Arona, Adeje o Corralejo.
La PALT confirma que llevará la batalla a los tribunales, incluso a Europa, y que ya han presentado recursos y documentación registral para demostrar que el uso del suelo es residencial, no turístico exclusivo. Critican que partidos como ASG o el PP voten a favor de la ley, mientras destacan el apoyo de Nueva Canarias y parte del PSOE en la defensa de los residentes.
Acusan al modelo turístico actual de generar pobreza pese a los más de 18 millones de turistas: “El PIB sube, pero los salarios son precarios y la riqueza se fuga”. Defienden la identidad, el derecho a vivir en su tierra y advierten que si se aprueba la ley tal y como está redactada, miles de familias quedarán atrapadas o expulsadas de sus hogares.
Aseguran que seguirán luchando: “Tenemos memoria y la ley no nos va a silenciar. Si nos obligan, llenaremos los tribunales”. También recuerdan a los partidos políticos que en 2027 habrá elecciones y que la ciudadanía no olvidará.
En Radio Faro seguimos de cerca las noticias que transforman nuestra isla.
Sintoniza Radio Faro 92.5 www.digitalfarocanarias.com @radiofarosur WhatsApp 685 28 48 48