La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) lamenta profundamente la Sentencia 000357/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Las Palmas, que ratifica una multa impuesta por la Consejería de turismo del Gobierno de Canarias por hacer uso residencial de una vivienda.
Si bien respetamos la labor de los juzgados, esta sentencia es un golpe directo al corazón de miles de familias canarias y una confirmación de la injusticia institucional generada por la Ley 2/2013 que aplica esta Consejería de Turismo.
El Drama: Una Sentencia Que Nos Deja Sin Hogar.
Esta resolución judicial, que afecta a propietarios que adquirieron sus viviendas libres de cargas y sin limitaciones de uso desde hace décadas, valida un modelo que priva a los canarios de la posesión y el uso de sus propios hogares.
La Sentencia:
- Ignora el Derecho Adquirido: Se aplica el principio de la “infracción permanente” para sancionar el uso actual, ignorando que estas propiedades fueron adquiridas bajo un planeamiento diferente (algunas hacen más de 50 años), vulnerando así la seguridad jurídica y la confianza legítima de los propietarios.
- Niega el Escudo Protector: Rechaza el “uso consolidado” (la única protección legal) a través de una interpretación de la Ley 2/2013 que deja sin la situación legal de consolidación que proporciona la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias. Es decir, se sanciona al ciudadano por la inacción o los tecnicismos del propio Gobierno de
- Consagra y blinda el Monopolio: Mantiene el principio de “Unidad de Explotación”, obligando a los propietarios a entregar sus viviendas a un operador turístico para que haga
negocio al precio que decida la empresa y hacer uso o no de ellas cuando les venga en gana, sin permitir la negociación o el uso propio.
“Esta no es una sentencia contra una multa, es una sentencia que legaliza el despojo. Nos están obligando a ceder nuestros hogares, que son nuestro refugio y nuestro patrimonio, a favor del lobbie turístico, rompiendo y en contra de la libertad de mercado, el Código Civil y la Constitución Española.”
La Injusticia: La Expropiación de Uso Encubierta.
Lo que la Sentencia confirma es que la Ley 2/2013 y el planeamiento urbanístico que promueve son instrumentos al servicio del monopolio turístico. Bajo el pretexto de la “renovación”, se ha consumado una expropiación de uso encubierta del patrimonio de miles de familias canarias, sin ofrecer la justa compensación que exige nuestra Constitución si se justificase una razón imperiosa de interés general que nosotros no vemos.
No hay razón imperiosa de interés general que justifique dejar a miles de canarios sin vivienda digna para favorecer el negocio de unos pocos.
Llamamiento Urgente a Nuestros Legisladores.
Hacemos un llamamiento a nuestros representantes políticos en el Parlamento de Canarias. Parlamento que con los grupos de apoyo al Gobierno han rechazado las enmiendas dirigidas a frenar y archivar los expedientes sancionadores provocados por una Ley 2/2013 hecha ad hoc, para expulsar al canario de las zonas con potencialidad turísticas, dejando nuestra tierra en manos de unos pocos para vergüenza de todos los canarios y que consigue desproteger el uso de vivienda, deL hogar legal que hemos tenido siempre.
¡La ley que ustedes crearon está destrozando vidas!
Esta sentencia compromete el derecho constitucional a una vivienda digna de más de 200.000 residentes en las Islas Canarias que se encuentran en esta situación de indefensión legal.
Es hora de que nuestros legisladores se pongan del lado de la gente, y no del lobby turístico.
Exigimos la modificación inmediata y urgente de la Ley 2/2013 para:
- Garantizar el uso residencial de todas las viviendas adquiridas por residentes antes de la entrada en vigor de la ley.
- Definir claramente lo que es un establecimiento turístico, y respetar con rigor las Normas, para evitar que a los afectados por la interpretación parcial de esta Ley les implique la pérdida forzosa del uso de su propiedad.
ANTONIA, NO ESTÁS SOLA.
Con respecto a Antonia, propietaria denunciada y que tiene en juego su única propiedad, al 50% con su hija, queremos mostrarle nuestro apoyo absoluto, ha sido muy duro para ella que la misma persona que le vendió su apartamento en 2006, libre de carga y sin limitación de uso, y que cobró por él, sea el que le denuncia 18 años más tarde para reclamarle el uso de su apartamento para su negocio turístico. Todo ello sin que exista otra opción para Antonia que no sea la de aceptar las condiciones que le impone. Tampoco entiende Antonia por qué habla la sentencia del uso de vivienda vacacional si ella no lo ha hecho nunca, ni lo quiere, lo que quiere es que la única propiedad que tiene, que compró con mucho esfuerzo, le dejen usarla.
Reflexión general
Después de datos como los 18 millones de turistas, no se puede afirmar que impidamos el desarrollo de la actividad, nos piden nuestras casas para las cuales ni siquiera hay demanda, ni trabajadores para gestionarlas, y si los turistas cada vez son más, será que no somos impedimento en la convivencia cuando están entre nosotros.
Por eso pedimos que el empresario que quiera explotar un complejo entero que lo compre, pues quedarse con la propiedad ajena e intentar cambiar el relato para favorecer esto, incumple al menos dos de los Sagrados Mandamientos.
Con esta sentencia, se acabó el mantra de que lo que decimos es el cuento del lobo que llevamos repitiendo acerca de los nefastos efectos que esta Ley 2/2013 provoca, ahora ya está aquí, y es que lo que decíamos era verdad!, por lo que pedimos su derogación, en concreto de sus artículos 5.1, 23 y 25 de la Ley.
Para la especialización, pedimos que ésta recoja la realidad física y jurídica que ostentamos y que también permita a los Ayuntamientos realizar la propuesta de ciudad que queremos para desarrollar nuestra vida, que nunca hemos renunciado a compartirla con el turismo.
No nos rendiremos. Seguiremos luchando por el derecho a nuestra vivienda en todos los foros judiciales y políticos.
¡Canarias es de la ciudadanía, y nuestra es nuestra casa!