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El acuerdo, publicado hoy en el BOC, moviliza 29,5 millones de euros para cinco promociones en Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha formalizado un convenio interadministrativo con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para impulsar la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en cinco promociones ubicadas en los municipios de Gáldar, Santa lucía de Tirajana y Santa María de Guía.
El acuerdo, que ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias, establece una subvención directa y plurianual de 10 millones de euros aportados por el Consorcio, que complementa la financiación autonómica y estatal prevista, permitiendo activar una inversión total de 29.269.779,14 euros para estas actuaciones incluidas en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation.
Todas ellas se desarrollarán en régimen de alquiler asequible, y tendrán un plazo máximo de ejecución de 48 meses desde la firma del convenio, tal y como establece el texto publicado.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha apuntado que “acuerdos como estos refuerzan la cooperación entre administraciones para acelerar la construcción de vivienda pública en Gran Canaria. Este convenio nos permite sumar recursos para ofrecer soluciones reales y asequibles a los canarios y canarias que lo necesitan”.
Asimismo, ha destacado que “seguimos avanzando en la hoja de ra de rita del Gobierno de Canarias, al mismo tiempo que, reforzamos nuestra apuesta por los municipios rurales, donde la falta de vivienda también condiciona al desarrollo económico y social, garantizando que estas inversiones contribuyan a fijar población y generar oportunidades”.
Por su parte, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha valorado la colaboración institucional alcanzada con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y ha afirmado que “hemos dado un paso decisivo para reforzar el parque público de vivienda en Gran Canaria y para garantizar nuevas promociones de alquiler asequible en municipios donde la demanda es especialmente elevada”.
Asimismo, ha destacado que “hemos podido asegurar la financiación necesaria gracias a la cooperación entre administraciones, sumando fondos autonómicos, insulares y europeos para promover 126 viviendas que la ciudadanía de Gran Canaria necesita y que ya están en marcha administrativa”.
El vicepresidente y responsable del área de Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha asegurado que para el Gobierno insular es “crucial” impulsar políticas de vivienda eficaces para intentar solventar uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía de la isla. “El Gobierno de progreso del Cabildo tiene muy claro que la vivienda está en el eje de nuestra gestión y por eso estamos firmando convenios con diversas administraciones para impulsar la construcción de nueva vivienda pública en la isla”, ha afirmado Hidalgo, “el que hemos firmado con el Gobierno de Canarias, a través del ICAVI, es uno de los más importantes ya que con nuestra financiación se da un impulso decisivo a la construcción de un centenar de nuevas viviendas públicas en varios municipios grancanarios”.
Una inversión estratégica
El convenio fija una aportación de 10 millones de euros por parte del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, distribuidos entre 2025 y 2027, mientras que el Instituto Canario de la Vivienda asume la promoción, licitación y ejecución de las obras.
Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio.
Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando su estrategia de incremento del parque público de vivienda en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, especialmente en islas y municipios con mayor tensión residencial.