En su intervención en Radio Faro, dentro del espacio “Con el dedo en la llaga”, Yair Rodríguez analizó el debate abierto sobre la financiación autonómica y la forma en la que se está presentando públicamente como un supuesto beneficio para Canarias, con titulares como “611 millones más al año” o “Canarias gana”. Sin embargo, advirtió que, más allá de los anuncios, lo importante es leer la letra pequeña y exigir claridad en el reparto real.
Rodríguez explicó que la ciudadanía está recibiendo mensajes “bonitos” e ilusionantes, pero sin el desglose completo. Planteó una pregunta directa: si esto es tan bueno, ¿por qué hay tanta prisa en venderlo y tan poca transparencia en explicarlo? Señaló que, hasta el momento, lo que se ha difundido son principalmente notas de prensa institucionales y declaraciones políticas, pero sin una tabla completa de distribución que permita valorar con rigor quién gana y quién pierde.
Para argumentarlo, llevó el tema a un ejemplo sencillo, “como si se explicara en una barra tomando un café”: el Estado plantea inyectar 21.000 millones adicionales en 2027 para las comunidades autónomas, pero eso no sale “del aire”, sino que implica un esfuerzo que terminará pagando la ciudadanía. En su cálculo, si se reparte el coste aproximado por habitante, el esfuerzo medio ronda 450 euros por persona, mientras que a Canarias le corresponderían unos 270 euros por canario, lo que en su opinión refleja que no se trataría de una ganancia real, sino de una pérdida comparativa.
El colaborador subrayó que este debate no debería enfocarse desde la ideología o el enfrentamiento entre territorios, sino desde la igualdad y la justicia en el acceso a los servicios públicos. Recordó que la financiación autonómica es la que sostiene cuestiones esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y que por eso Canarias necesita que se tengan en cuenta sus circunstancias específicas: insularidad, fragmentación territorial, doble insularidad, logística y sobrecostes derivados de ser una región alejada del territorio continental.
También puso el foco en cómo se está construyendo políticamente el modelo, criticando que el debate esté condicionado por acuerdos bilaterales y estrategias parlamentarias. Señaló que negociar con un único actor (en alusión al peso de Cataluña y formaciones como Esquerra) y luego presentar el resultado como receta para todo el país genera un sistema “perverso”, donde “el que más aprieta, más saca”, y donde la prioridad termina siendo aguantar en el poder antes que garantizar un reparto equilibrado entre territorios.
Durante el análisis, introdujo el concepto de “ordinalidad”, que definió como la idea de mantener el ranking en el reparto: “si uno está arriba, sigue arriba; si otro está abajo, se queda abajo”. Lo comparó con una comunidad de vecinos en la que quienes más aportan exigen seguir siempre en mejor posición, aunque los problemas básicos de otros sigan sin resolverse. Para Rodríguez, este enfoque choca con la necesidad de cohesión territorial y con un reparto que atienda necesidades reales.
Otro punto clave fue la defensa del REF y la condición ultraperiférica de Canarias. Insistió en que el REF no es un privilegio, sino un mecanismo de compensación reconocido por Europa debido a la lejanía y la insularidad. Por ello, alertó de que cualquier intento de “mezclarlo” o tratarlo como si Canarias fuese un territorio más en igualdad de condiciones supondría, en la práctica, un recorte encubierto.
Asimismo, se mencionó que desde Canarias ya existían compromisos previos relacionados con la Agenda Canaria y otras negociaciones anteriores, por lo que Rodríguez cuestionó que el anuncio de los 611 millones se presente como un gran avance cuando, según diversas interpretaciones, podría quedarse por debajo de lo que se esperaba o incluso implicar una pérdida respecto a lo ya comprometido.
En el plano institucional, resaltó que el presidente canario Fernando Clavijo ha pedido prudencia y revisar el reparto antes de aplaudir, y citó que desde Coalición Canaria se ha advertido de una posible pérdida de en torno a 400 millones, en función de cómo se aplique el modelo. Además, criticó el uso de la comunicación política basada en cifras grandilocuentes: “dejen de hablar de millones”, reclamando que se hable de problemas reales: listas de espera, servicios sociales, condiciones laborales y necesidades de la ciudadanía.
Rodríguez amplió el análisis al contexto político estatal, recordando que España sigue con presupuestos prorrogados, lo que implica que se gobierna “a parches”, con negociaciones constantes y un techo de gasto que condiciona a administraciones públicas. A su juicio, esto provoca un modelo inestable donde los acuerdos se pagan “semana a semana” y la igualdad territorial queda en segundo plano.
En la parte final, se abordó la importancia de una representación que defienda los intereses del Archipiélago en Madrid. Rodríguez defendió que Canarias solo consigue avances cuando hay partidos canarios con capacidad de presión en el Congreso, y durante la conversación se mencionó que en las elecciones de 2023 Canarias aportó 15 diputados al Congreso, señalando además que varios de ellos tienen origen peninsular, lo que abrió también una reflexión sobre la necesidad de mayor defensa específica del territorio desde dentro.
Como cierre, lanzó un mensaje a la audiencia: no quedarse en el aplauso o el enfado, sino participar, informarse y exigir transparencia. “La financiación no es una pelea de banderas, es un contrato de igualdad”, insistiendo en que cuando el desglose no se enseña, la ciudadanía termina pagando sin entender realmente el acuerdo.
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