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Se constituye la “Plataforma en defensa de la gestión pública de las hamacas en San Bartolomé de Tirajana” respaldada por doce organizaciones.

La iniciativa impulsada por los dos sindicatos con representación en la playa persigue parar la privatización y que sea gestionada por una empresa pública del Ayuntamiento.

La Plataforma estima en más de seis millones de ingresos en la gestión de las hamacas y sombrillas que irían a manos privadas, cuando podrían ir directamente en beneficio de los servicios públicos.

El FSOC (Sindicato Obrero Canario) y la UGT (Unión General de Trabajadores), sindicatos que representan a la totalidad de los trabajadores que prestan sus servicios en la gestión de hamacas y sombrillas en las Playa de Maspalomas, Playa del Inglés, El Cochino y Meloneras, han impulsado la constitución de la Plataforma en defensa de la gestión pública de las hamacas en San Bartolomé de Tirajana, que hoy ha sido presentada ante los medios de comunicación, y que está conformada por doce colectivos inicialmente, pero a los que se sumarán más en los próximos días.

Principalmente por sindicatos, pero también por otros colectivos como los ecologistas, y partidos políticos, se han unido para frenar la pretensión del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de privatizar las hamacas. Un recurso que desde su municipalización ha generado ingresos por un importe de 100 millones de euros. Los sindicatos, colectivos y partidos políticos que conforman la plataforma son UGT, FSOC, CCOO, Intersindical Canaria, USO, MTC, Las Kellys de Gran Canaria, Juventudes Socialistas de San Bartolomé de Tirajana, Los Verdes, PSOE y Hablemos Ahora.

El inicio de la privatización de las hamacas municipales fue aprobado en un reciente pleno municipal con los votos a favor de AV-PP y CC, pero vino precedido por la modificación de la ordenanza que regula los precios de las hamacas incrementándolos de 2,5 € a 4,5, con la clara intención de favorecer a la nueva empresa que tienen pensado para la explotación de las hamacas, lo cual significaría según las estimaciones que se desprenden de los informes del Ayuntamiento que ingresarían seis millones de euros anuales, que dejarían de beneficiar al municipio para favorecer a una empresa privada.

De las primeras acciones que pondrá en marcha la plataforma es difundir carteles y panfletos informativos que serán distribuidos en todos los centros de trabajo, así como a la ciudadanía, tanto en formato papel como digital en todas las redes sociales, no descartando otro tipo de medidas al objeto de parar la privatización.

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