El abogado Kevin Paz analizó en Radio Faro dos de los grandes asuntos jurídicos del momento: las nuevas medidas del Gobierno estatal sobre vivienda, energía y carburantes, y el recurso admitido por el Tribunal Supremo que puede marcar un antes y un después en el modelo de alquiler vacacional en Canarias. Su primera advertencia fue clara: pidió a los oyentes no lanzar “las campanas al vuelo” con las medidas del Ejecutivo porque, aunque ya están publicadas y en vigor, todavía dependen de su convalidación en el Congreso en los próximos 30 días, lo que genera, a su juicio, un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos.
Kevin Paz explicó que no se trata de una reforma estructural de la ley, sino de un real decreto ley de carácter excepcional, vinculado a la crisis internacional actual, especialmente en el ámbito energético. Insistió en que ese tipo de norma produce efectos reales inmediatos, pero puede decaer si no consigue el respaldo parlamentario, lo que deja en el aire qué ocurrirá con situaciones ya iniciadas o medidas ya aplicadas. Para ilustrarlo, recordó un caso profesional propio relacionado con un procedimiento de desahucio en el que una suspensión amparada en un decreto previo decayó antes de que el juez resolviera, dejando sin efecto la protección invocada.
En cuanto al contenido de las medidas sobre vivienda, Paz se detuvo especialmente en la prórroga obligatoria de contratos de alquiler y en la limitación de las actualizaciones de renta al 2%. Sobre esta última medida se mostró relativamente tranquilo desde el punto de vista jurídico, porque, según recordó, ya existen antecedentes similares avalados por el Tribunal Constitucional en contextos excepcionales como el de la pandemia. Sin embargo, la medida que más dudas le genera es la que obliga a prorrogar contratos que estaban cerca de finalizar, porque entiende que incide directamente sobre el derecho de propiedad privada y la libertad de empresa, al impedir al arrendador recuperar su vivienda en el plazo inicialmente previsto.
El abogado fue muy claro al explicar que esto no afecta a inquilinos que hayan dejado de pagar, sino a contratos que vencían este año y que, con la nueva norma, podrían verse alargados hasta finales de 2027. Señaló que esa intervención en relaciones contractuales privadas puede acabar provocando un efecto contrario al que se busca: menos oferta en el mercado del alquiler, más tensión en los precios, retirada de viviendas del mercado residencial y desplazamiento hacia fórmulas como el alquiler de temporada o incluso hacia prácticas en fraude de ley.
Precisamente sobre ese fraude, Kevin Paz detalló una práctica cada vez más frecuente: contratos que se presentan como de temporada cuando en realidad son auténticos arrendamientos de vivienda habitual. Explicó que muchos propietarios fijan plazos de once o doce meses e intentan dar apariencia temporal a contratos que, por su contenido real, responden a un uso residencial permanente. En esos casos recomendó al inquilino seguir ocupando la vivienda y cumpliendo con sus obligaciones, y solo cuestionar judicialmente el contrato si el arrendador intenta desahuciarlo alegando que la relación era temporal. Según apuntó, elementos como el empadronamiento, la recepción de correspondencia o el uso continuado de la vivienda son claves para desmontar ese fraude.
En otro momento de la entrevista, también respondió a una consulta práctica planteada por una oyente sobre la posibilidad de empadronar a una pareja en una vivienda alquilada. Kevin Paz aclaró que eso puede hacerse si forma parte del negocio jurídico del arrendamiento o si existe consentimiento del arrendador, ya sea mediante un anexo al contrato o con un documento específico que lo autorice. Aprovechó además para deslizar que históricamente se han producido empadronamientos sospechosos en años electorales, con movimientos llamativos de personas entre municipios.
En la segunda parte de su intervención, Kevin Paz abordó el recurso admitido por el Tribunal Supremo sobre el principio de unidad de explotación en Canarias, uno de los pilares del actual modelo turístico del Archipiélago. Explicó que lo que se está discutiendo es si un propietario individual puede explotar turísticamente su apartamento por su cuenta dentro de un complejo turístico o si, como exige hoy el modelo vigente, esa actividad solo puede ejercerse cuando una empresa o comunidad de propietarios controla la mayoría de las unidades alojativas. Según indicó, lo que decida ahora el Supremo tendrá consecuencias de enorme calado, especialmente en zonas como Maspalomas o Playa del Inglés.
Kevin Paz señaló que aquí chocan dos planos jurídicos: por un lado, la defensa del modelo turístico canario, la calidad del destino y el control de la explotación alojativa; y, por otro, el derecho de propiedad y la libertad de empresa, argumentos que desde hace años vienen defendiendo colectivos como PALT. Subrayó que el Supremo deberá valorar si esa restricción es necesaria, proporcionada y justificada, conforme a los criterios del derecho europeo. Si considera que lo es, el modelo actual se mantendrá; si entiende que la limitación es excesiva, podría abrirse la puerta a la explotación individualizada de muchas viviendas.
Sobre el posible impacto en el mercado residencial, Paz hizo un análisis matizado. Admitió que una liberalización del alquiler vacacional podría reducir la oferta de vivienda residencial en algunas zonas, pero también recordó que en San Bartolomé de Tirajana la mayoría de las licencias vacacionales están en zonas ya turísticas, no en barrios tradicionalmente residenciales. A su juicio, el verdadero problema histórico no es solo el vacacional, sino que durante años no se construyó suficiente vivienda residencial en áreas donde vive la población trabajadora del municipio, como San Fernando, El Tablero o Sonnenland, mientras el peso turístico se concentró en espacios como Playa del Inglés. No obstante, reconoció que el vacacional ya se está extendiendo también a núcleos como El Tablero, donde alquilar una vivienda para vivir se ha vuelto prácticamente imposible.
En el tramo final, Kevin Paz volvió a insistir en que las medidas estatales deben leerse con prudencia, porque su continuidad depende de la convalidación parlamentaria y porque hasta después de Semana Santa difícilmente habrá movimientos políticos relevantes. También comentó la incertidumbre sobre el próximo pleno de San Bartolomé de Tirajana, previsto para el jueves, dadas las dificultades de acceso a Tunte por el estado de las carreteras tras la borrasca. Cerró anticipando que volverá a pasar por los estudios después de Semana Santa para seguir analizando la actualidad jurídica y política del municipio.
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