La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha puesto negro sobre blanco una realidad que en San Bartolomé de Tirajana no nace hoy ni apareció ayer: las dependencias y condiciones laborales de la Policía Local arrastran deficiencias que llevan demasiado tiempo formando parte del paisaje municipal.
El informe no habla de asuntos menores. Habla de prevención de riesgos laborales, de seguridad, de organización de espacios, de vestuarios, aseos, armero, limpieza de vehículos oficiales y condiciones básicas para que los agentes y el personal puedan desarrollar su trabajo con dignidad y garantías.
Y aquí es donde hay que hablar claro. Este problema tiene responsables políticos. No basta con mirar el informe como si hubiera caído del cielo. San Bartolomé de Tirajana ha estado gobernado durante muchos años por Marco Aurelio Pérez, en etapas además de mayoría absoluta, con capacidad suficiente para planificar, priorizar, presupuestar y resolver problemas estructurales como este. Por tanto, no se puede presentar ahora esta situación como una sorpresa ni como una herencia abstracta de nadie. Esta es una deuda vieja del municipio y una deuda que se ha permitido en el tiempo.
Cuando un alcalde gobierna durante años con mayoría absoluta tiene margen político para decidir qué se arregla y qué se deja para después. Y si las dependencias de la Policía Local llegan a un informe de la Inspección de Trabajo con este nivel de requerimientos, la pregunta es evidente: ¿por qué no se actuó antes?
También hay una responsabilidad directa en el área. El concejal José Carlos Álamo, como responsable de esta materia, tiene ahora sobre la mesa un informe que no admite más excusas. Ya no hablamos de quejas internas, de comentarios de pasillo o de reclamaciones que puedan quedar en el aire. Hablamos de una actuación formal de la Inspección de Trabajo, con deficiencias concretas y un plazo para corregirlas.
El documento señala problemas en las zonas de oficinas y puestos de trabajo, donde no siempre se garantizan las dimensiones mínimas ni la separación adecuada entre trabajadores, mobiliario y equipos. También pone el foco en el armero, un espacio especialmente sensible, donde se exige mejorar la seguridad, el control de acceso y las condiciones materiales del recinto. No se trata de cualquier habitación. Se trata de un espacio vinculado a armas reglamentarias y, por tanto, a riesgos que deben tratarse con el máximo rigor.
A ello se suman las observaciones sobre vestuarios y aseos. Algo tan básico como disponer de espacios adecuados, diferenciados, con taquillas, duchas, asientos, colgadores y condiciones dignas no puede seguir siendo una asignatura pendiente en un municipio que presume de ser uno de los grandes motores turísticos de Canarias.
Y también aparece otra cuestión elemental: la limpieza de los vehículos policiales. La Inspección requiere un procedimiento adecuado para mantener el orden y la limpieza de los vehículos oficiales, especialmente después de determinadas actuaciones. Parece increíble que haya que llegar a este punto para recordar obligaciones básicas de organización y prevención.
La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana presta servicio en uno de los municipios más complejos de Canarias. Atiende zonas residenciales, núcleos turísticos, eventos multitudinarios, incidencias de tráfico, emergencias, conflictos vecinales y situaciones de riesgo. Se le exige presencia, rapidez, profesionalidad y respuesta. Pero esa exigencia debe ir acompañada de instalaciones dignas, medios adecuados y condiciones laborales seguras.
No se puede pedir excelencia con instalaciones deficientes. No se puede hablar de seguridad ciudadana sin cuidar antes la seguridad laboral de quienes están en primera línea. No se puede presumir de municipio turístico, moderno y potente mientras sus servicios esenciales siguen arrastrando problemas que tendrían que estar resueltos desde hace años.
La Inspección concede un plazo de tres meses para adoptar medidas correctoras. Tres meses para actuar sobre problemas que, en realidad, llevan mucho más tiempo esperando. Y ahora la ciudadanía tiene derecho a saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuánto va a costar y quién va a asumir políticamente que esta situación haya llegado hasta aquí.
Porque este informe no puede acabar guardado en un cajón. No puede convertirse en una polémica de unos días ni en otro expediente que se intenta despachar con explicaciones genéricas. Tiene que ser un punto de inflexión.
Marco Aurelio Pérez debe asumir la responsabilidad política de que, tras tantos años de gobierno y con etapas de mayoría absoluta, estas deficiencias sigan apareciendo en un informe oficial. Y José Carlos Álamo, como concejal responsable del área, debe dar respuestas concretas y soluciones inmediatas.
San Bartolomé de Tirajana no puede seguir funcionando a golpe de requerimiento. No puede esperar a que venga una Inspección de Trabajo a recordar lo que ya se sabía. Y no puede permitir que quienes cuidan de la seguridad del municipio trabajen en condiciones cuestionadas por la autoridad laboral.
La Policía Local merece respeto, pero el respeto no se demuestra solo con palabras. Se demuestra con instalaciones dignas, inversión, planificación y voluntad política.
Este municipio necesita dejar de maquillar los problemas viejos y empezar a resolverlos. Porque cuando hablamos de seguridad laboral, de agentes, de armas, de vehículos oficiales y de espacios públicos de trabajo, ya no hay excusas que valgan.
Hay que actuar. Y hay que hacerlo ya.
Digitalfarocanarias.com