La decisión del Ayuntamiento de Mogán de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula su tasa turística es coherente, valiente y necesaria. No estamos hablando únicamente de un procedimiento judicial ni de una discusión técnica sobre la naturaleza de un tributo. Estamos hablando de quién debe asumir el coste real que genera la actividad turística en uno de los principales municipios turísticos de Canarias.
Mogán ha abierto un debate que otras administraciones llevan años evitando. El turismo genera empleo, actividad económica y riqueza, pero también provoca un enorme impacto sobre los servicios públicos, las infraestructuras, el consumo de agua, la producción de residuos, el saneamiento, la limpieza, el mantenimiento de las calles y la promoción del destino.
Todo eso cuesta dinero. Y durante demasiado tiempo ese coste ha recaído fundamentalmente sobre los vecinos y vecinas del municipio.
La tasa establecida por Mogán es de apenas 15 céntimos diarios por turista. Una cantidad insignificante dentro del coste total de unas vacaciones, pero importante cuando se destina a sostener servicios públicos sometidos a una enorme presión turística.
Según los datos expuestos por el Ayuntamiento, el coste de determinados servicios vinculados directa o indirectamente a la actividad turística presenta un importante desequilibrio. La recogida y el tratamiento de residuos, el ciclo integral del agua, la promoción turística y la conservación del patrimonio y de las actividades culturales generan un déficit de millones de euros que termina siendo cubierto con el presupuesto municipal.
Es decir, lo pagan los residentes.
Esta es la pregunta que la patronal evita responder: ¿por qué debe una familia de Mogán asumir con sus impuestos el coste adicional que provocan millones de pernoctaciones turísticas?
La posición empresarial resulta aún más difícil de comprender cuando los propios establecimientos hoteleros reclaman permanentemente mejores calles, mayor limpieza, espacios públicos renovados, mejores infraestructuras, más seguridad y una promoción constante del destino.
Todo eso cuesta dinero.
No se puede exigir que las zonas turísticas estén impecables y, al mismo tiempo, rechazar cualquier fórmula que permita financiar su mantenimiento. No se puede reclamar inversión pública permanente mientras se combate judicialmente una aportación de 15 céntimos diarios.
La patronal sostiene que el sector ya paga impuestos. También los pagan los residentes, los autónomos, los comerciantes y cualquier empresa que desarrolla una actividad económica. La cuestión no es si el sector turístico paga impuestos, sino si la aportación actual resulta suficiente para compensar la presión extraordinaria que ejerce sobre los servicios de los municipios turísticos.
Mogán ha recaudado alrededor de 1,3 millones de euros durante el primer año de aplicación de la tasa, una cantidad que permanece retenida hasta que exista una resolución judicial firme. Este comportamiento demuestra prudencia y responsabilidad. El Ayuntamiento no ha dispuesto de esos recursos ni los ha incorporado libremente al gasto municipal, precisamente para evitar perjuicios mientras se resuelve el procedimiento.
También resulta relevante que la implantación de la tasa no haya producido el desastre que algunos anunciaban. No se ha desplomado la llegada de visitantes, no se ha hundido el gasto turístico ni los viajeros han dejado de elegir Mogán por tener que abonar 15 céntimos diarios.
El supuesto “efecto disuasorio” no ha existido.
Este argumento alarmista ha sido utilizado durante años cada vez que se plantea una tasa o un impuesto turístico. Se habla de pérdida de competitividad, de caída de reservas y de fuga de visitantes, pero la experiencia de otros destinos demuestra que una aportación razonable y finalista no determina la elección de unas vacaciones.
Resulta además contradictorio que algunas cadenas hoteleras acepten tributos turísticos en otros países o comunidades autónomas, pero los combatan cuando se intentan implantar en Canarias. Lo que se considera normal en otros destinos parece convertirse aquí en una amenaza intolerable.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también ha señalado una realidad que el Gobierno de Canarias no puede seguir ignorando. Canarias recibe millones de turistas cada año y es una potencia turística internacional, pero continúa sin contar con un impuesto autonómico de pernoctación que permita reforzar la vivienda pública, el ciclo integral del agua, la sostenibilidad y las infraestructuras de los destinos.
Mientras otras comunidades han desarrollado mecanismos tributarios vinculados al turismo, Canarias sigue paralizada por el miedo político y la presión de los intereses empresariales.
La patronal está en su derecho de defender a sus asociados, pero no puede pretender que sus intereses particulares se presenten siempre como los intereses generales de Canarias. No son lo mismo.
El interés general también incluye a los vecinos que soportan la congestión, el consumo intensivo de recursos, el deterioro de las infraestructuras y el encarecimiento del territorio. Incluye a los trabajadores que no encuentran vivienda. Incluye a los ayuntamientos que deben prestar servicios para una población real muy superior a la población empadronada.
Por eso Mogán merece apoyo.
El municipio ha tenido la valentía de poner sobre la mesa una cuestión incómoda: el éxito turístico no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo de la ciudadanía residente.
Quienes se benefician de un destino cuidado, seguro, limpio, promocionado y con servicios públicos de calidad deben contribuir también a conservarlo. No como un castigo al turismo, sino como una garantía de futuro para el propio sector.
La tasa turística no va contra los visitantes ni contra los establecimientos alojativos. Va a favor de la sostenibilidad, del equilibrio presupuestario y de la calidad del destino.
La patronal debería entender que recurrir cada mecanismo de financiación pública puede terminar perjudicando precisamente aquello que dice defender. Sin inversión municipal, las zonas turísticas se degradan. Sin recursos, no se renuevan las infraestructuras. Sin sostenibilidad, el destino pierde calidad y competitividad.
Mogán no debe dar un paso atrás.
El Tribunal Supremo tendrá ahora la oportunidad de aclarar las dudas jurídicas que, según el Ayuntamiento, no han quedado suficientemente resueltas. Mientras tanto, el debate político y social debe continuar.
Canarias necesita decidir si quiere seguir financiando el turismo exclusivamente con los impuestos de sus residentes o si está dispuesta a exigir una contribución proporcionada a quienes disfrutan temporalmente de sus servicios, recursos y territorio.
Quince céntimos diarios no espantan al turismo.
Lo que sí puede destruir un destino es no invertir en él, abandonar sus servicios públicos y obligar a sus vecinos a soportar indefinidamente todos los costes del éxito turístico.
El artículo se basa en las declaraciones de la alcaldesa de Mogán y del equipo técnico municipal sobre el recurso, los costes de los servicios y la posición de la patronal.