Decenas de propietarios presentan nuevamente escritos de oposición y denuncian que el Registro pretende condicionar su recepción a la firma de documentos que consideran un “cheque en blanco”

Gran Canaria, 21 de agosto de 2026.— Decenas de propietarios afectados por la legislación turística de Canarias han vuelto a acudir al Registro de la Propiedad para presentar escritos de oposición a cualquier asiento registral que vincule sus fincas y las correspondientes fincas matrices —de las que son copropietarios conforme al régimen de propiedad horizontal de sus complejos— a un uso turístico obligatorio o a una supuesta unidad de explotación.

Los propietarios quieren dejar constancia expresa de su oposición y exigir que se respete la seguridad jurídica, la confianza legítima y el derecho de propiedad que garantiza la Constitución Española.

La controversia adquiere especial gravedad, según denuncian, porque muchos de estos propietarios adquirieron sus apartamentos o bungalós hace décadas amparándose en la información proporcionada por el propio Registro de la Propiedad y en las correspondientes escrituras públicas de compraventa.

¿Qué información recibió el comprador cuando compró?

La PALT recuerda que, antes de formalizar una compraventa, el notario solicita información al Registro de la Propiedad para comprobar la situación jurídica de la finca: quién figura como titular, las cargas existentes, hipotecas, embargos y demás circunstancias y limitaciones que puedan afectar al inmueble.

“El comprador no compra a ciegas. Compra confiando en la información oficial que recibe y en la escritura pública que autoriza el notario”, señala la Plataforma.

Por ello, los propietarios consideran especialmente relevante que, en aquellos casos en los que la información registral facilitada para la compraventa no reflejaba una determinada afección turística o una vinculación obligatoria a una unidad de explotación, esa circunstancia pretenda aparecer posteriormente cuando el propietario presenta su escritura para inscribirla.

Para la PALT, la cuestión es sencilla pero trascendental: si esa limitación afectaba realmente a la finca cuando se produjo la compraventa, ¿por qué no aparecía en la

información registral utilizada para que el comprador pudiera conocer la verdadera situación jurídica del inmueble?

Y si no aparecía, añaden, ¿con qué fundamento puede pretender incorporarse ahora al historial registral de una propiedad adquirida bajo unas condiciones jurídicas diferentes?

“No pueden cambiar las reglas después de que el ciudadano haya comprado”

Los propietarios advierten además de las consecuencias económicas que puede tener la incorporación de una afección turística a una finca.

Una propiedad que queda jurídicamente vinculada a un determinado uso turístico y a una unidad de explotación no tiene necesariamente el mismo valor de mercado que una propiedad que puede ser utilizada y transmitida sin esa limitación.

Por ello, la Plataforma considera que la cuestión no es meramente formal o registral: afecta directamente al valor patrimonial de las propiedades y a los derechos de quienes las adquirieron confiando en la información oficial disponible en aquel momento.

“Si una determinada limitación podía afectar sustancialmente al valor de una propiedad, el comprador tenía derecho a conocerla cuando decidió adquirirla. No se puede comprar una propiedad con una determinada realidad registral y descubrir años después que se pretende incorporar una limitación que no figuraba cuando se produjo la adquisición”, denuncia la PALT.

Los propietarios denuncian nuevas condiciones para recibir sus escritos

La jornada de hoy ha añadido, además, un nuevo elemento de preocupación.

Los propietarios se han encontrado nuevamente con documentación distinta esta vez del registro nº 1 de San Bartolomé, de la que se les había presentado en una ocasión anterior en el registro nº 2 y que, según denuncian, se pretende vincular a la recepción de sus escritos de oposición.

La Plataforma considera especialmente preocupante que, para presentar un escrito cuyo único objeto es manifestar formalmente la oposición del titular a que se practiquen determinados asientos sobre su propiedad, se pretenda obtener la firma de un documento que los afectados consideran excesivamente abierto y susceptible de permitir actuaciones registrales que no han solicitado. Los propietarios se negaron a firmar el escrito que les proponían, y finalmente el registro recogió el escrito de oposición de algunos de ellos. No todos corrieron con la misma suerte.

“No vamos a firmar un cheque en blanco sobre nuestras propiedades”, manifiestan los propietarios.

Su pretensión, aseguran, es muy concreta: presentar un escrito de oposición y dejar constancia fehaciente de que no consienten que sus fincas sean vinculadas

registralmente a un uso turístico obligatorio o a una unidad de explotación que no reconocen como parte de las condiciones jurídicas con las que adquirieron sus propiedades.

La PALT cuestiona también la exigencia de nuevas notas o certificaciones

Los propietarios denuncian asimismo que se les estaría solicitando la obtención de notas simples o certificaciones registrales que, a su juicio, no resultan necesarias para la finalidad concreta para la que están compareciendo ante el Registro.

La Plataforma recuerda en este punto el principio de rogación que rige la actuación registral: el Registro actúa a instancia del interesado en aquellos supuestos en los que la ley no imponga una actuación de oficio.

Por ello, los propietarios se preguntan:

¿Qué se pretende inscribir exactamente?

¿Quién lo ha solicitado?

¿En virtud de qué título?

¿Y con qué fundamento se pretende obtener ahora una autorización del propietario que éste no está otorgando?

“Nuestro suelo no está especializado”

La PALT vuelve a insistir en uno de los elementos centrales de su posición jurídica: los propietarios sostienen que sus terrenos no fueron especializados para el uso turístico en los términos que ahora se pretenden hacer valer frente a ellos.

“Compramos nuestras propiedades bajo unas determinadas condiciones jurídicas, con unos derechos que constaban en nuestros títulos y en la realidad registral existente en el momento de la adquisición. No aceptamos que mediante una interpretación posterior se transforme la naturaleza o el régimen de nuestras propiedades”, afirma la Plataforma.

Los propietarios consideran que la cuestión trasciende ya el ámbito estrictamente turístico y se convierte en un problema de seguridad jurídica y confianza legítima.

La pregunta que los propietarios trasladan al Registro

La Plataforma considera que ha llegado el momento de que las administraciones y los responsables de garantizar la seguridad jurídica respondan a una pregunta esencial:

¿Puede un ciudadano confiar en la información oficial del Registro de la Propiedad cuando compra una vivienda y, años después, encontrarse con una limitación que no aparecía en aquella información y que reduce sustancialmente las posibilidades de uso y el valor económico de su propiedad?

Para la PALT, la respuesta debe ser inequívoca: la seguridad jurídica no puede depender de cuándo se consulta el Registro ni puede modificarse retrospectivamente la realidad jurídica con la que un ciudadano adquirió su propiedad.

Los propietarios aseguran que continuarán presentando sus escritos de oposición y utilizando todas las vías jurídicas disponibles para defender sus derechos.

“No estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se respete la legalidad, nuestros títulos de propiedad, la información registral que existía cuando compramos y la confianza legítima que debe proteger a cualquier ciudadano que adquiere una propiedad en España.”

La Plataforma anuncia que continuará documentando las incidencias que se produzcan en los distintos Registros de la Propiedad y estudiará, junto con sus servicios jurídicos, las posibles consecuencias de cualquier actuación que pueda afectar al valor, al contenido o a las facultades de uso y disposición de las propiedades de sus asociados.

PALT — Plataforma de Afectados por la Ley Turística