El Ayuntamiento de Mogán encargará un informe externo para fundamentar las alegaciones que presentará contra el proyecto de instalación de jaulas marinas para acuicultura en el litoral de La Aldea de San Nicolás, al considerar que esta actividad puede generar riesgos para el ecosistema marino y afectar a la costa de municipios limítrofes. La iniciativa se desarrollará conjuntamente con el consistorio aldeano, que también ha manifestado su oposición al desarrollo de este plan.
La decisión municipal se produce después de que se haya abierto el periodo para que las administraciones públicas y las personas interesadas puedan presentar alegaciones dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria al proyecto, que actualmente se encuentra en tramitación por parte del Gobierno de Canarias.
La alcaldesa del municipio de Mogán, Onalia Bueno, considera necesario disponer de un análisis técnico independiente que permita evaluar las posibles afecciones de la instalación, y sustentar las observaciones que se formularán durante este procedimiento, por ello “solicitaremos un informe externo para presentar alegaciones al proyecto de acuicultura que se va a llevar a cabo en La Aldea”
La regidora recordó además la participación de Mogán en la movilización celebrada contra la instalación de las jaulas marinas en La Aldea de San Nicolás, en la que se dieron cita unas 1.000 personas. Y explicó que la oposición de ambos ayuntamientos responde, entre otros motivos, a que “somos municipios limítrofes”.
El papel del Cabildo de Gran Canaria
Aunque el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó por unanimidad el pasado 26 de junio una moción de rechazo al proyecto de jaulas marinas de La Aldea, y reclamó al Gobierno de Canarias que paralizara o dejara sin efecto las autorizaciones, para el Ayuntamiento de Mogán este pronunciamiento llegó tarde y no tuvo capacidad efectiva para modificar el procedimiento, al tratarse de una declaración política y no de alegaciones al instrumento de ordenación de la acuicultura. De este modo, Bueno considera que “el acuerdo plenario quedó en una mera escenificación de rechazo, sin capacidad para modificar el planeamiento ni paralizar jurídicamente el expediente”.
Bueno cuestionó la actuación del Cabildo de Gran Canaria durante la tramitación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), al considerar que la institución insular debería haber defendido los intereses de los municipios y del litoral de la isla en esa fase del procedimiento.
Y es que “todo esto se hubiera evitado si cuando el Gobierno de Canarias presentó el Plan Territorial de acuicultura para el archipiélago, el Cabildo grancanario hubiese realizado alegaciones, quizás estaríamos ahora en un escenario distinto”. Al no hacerlo, prosiguió, “dejó de proteger todo lo que es la costa de Gran Canaria”.
La alcaldesa asegura que la ausencia de alegaciones en aquella fase ha obligado ahora a los ayuntamientos afectados a intervenir para detener el procedimiento. “Entonces, los ayuntamientos limítrofes y algunas asociaciones ecologistas, nos vemos ahora en la tesitura de presentar informes para intentar evitar que esa planta se coloque en La Aldea de San Nicolás”, señaló.
Bueno considera que el polémico episodio registrado el pasado año en las jaulas marinas de Salinetas, en Telde, y sus consecuencias en la costa del municipio de Mogán, debe ser tenido en cuenta ante la posibilidad de instalar una nueva explotación acuícola en La Aldea.
En este sentido, la alcaldesa recordó que “lo ocurrido en Telde afectó a las playas de nuestro municipio”, por lo que, ante este proyecto, “entendemos que eso nos puede volver a ocurrir”. Además, subrayó que Mogán “vive del turismo” y que cualquier eventual accidente en el litoral puede tener repercusiones sobre uno de sus principales sectores económicos.
La regidora también cuestionó el modelo de explotación previsto y el inexistente beneficio que, a su juicio, obtiene el territorio frente a los riesgos que asume. “Estamos hablando de un negocio de multinacionales que vienen a instalarse aquí en Gran Canaria, porque así la ley se lo permite, pero que al final esa riqueza, esos ingresos, no se quedan en Canarias, sino que se van fuera, mientras nosotros ponemos en riesgo el ecosistema de las islas”.
En estos momentos, el proyecto promovido en La Aldea de San Nicolás se encuentra sujeto al procedimiento de evaluación y autorización correspondiente del Ejecutivo autonómico. La alcaldesa ha reconocido que la presentación de alegaciones por parte de las administraciones no implica por sí misma la paralización de la iniciativa, ya que “no evita que las jaulas se puedan colocar, porque si la empresa cumple con todo el trámite exigido por parte de la Consejería, pues se tiene que tramitar por parte del Gobierno de Canarias”, explicó.
Por este motivo, Bueno considera que la actuación municipal debe producirse ahora, dentro del plazo habilitado para formular alegaciones. “Por eso estamos en el momento que estamos, es decir, llegamos tarde porque, reitero, en su día por parte del Cabildo de Gran Canaria no se presentó alegaciones al Plan Territorial”, afirmó.
El Ayuntamiento de Mogán trabajará junto al de La Aldea de San Nicolás para presentar sus respectivos informes y alegaciones dentro del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, ya que, como recuerda la alcaldesa, los vecinos del municipio aldeano también “han expresado su oposición al proyecto dejando bien claro que no quieren las jaulas”, señaló.
Finalmente, Onalia Bueno defendió la necesidad de actuar para preservar el litoral de Gran Canaria y evitar posibles daños que puedan trascender el ámbito concreto donde se pretende ubicar la instalación. “Desde el Ayuntamiento de Mogán presentaremos alegaciones para que se tengan en cuenta, al igual que lo ha hecho el Ayuntamiento de La Aldea, los riesgos que se derivan de las granjas marinas, e intentar frenar un negocio que para el medio ambiente y la economía de las islas puede generar más pérdidas que beneficios”.