La alcaldesa, Onalia Bueno ha dirigido una carta a Antonio Morales para reclamar información detallada sobre los procedimientos judiciales vinculados al Plan Insular de Ordenación y sus efectos sobre los municipios de Gran Canaria.
El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado formalmente al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que informe con claridad sobre el estado de los distintos procedimientos judiciales relacionados con la anulación del Plan Insular de Ordenación (PIO). La alcaldesa, Onalia Bueno, considera que la Corporación insular ha optado por una estrategia basada en prolongar la batalla judicial, para retrasar la asunción de responsabilidades políticas por la anulación del documento, mientras los municipios continúan sin conocer las consecuencias reales que esta situación puede tener para su planeamiento y desarrollo futuro.
La petición se produce después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido hace tan solo unos días uno de los recursos de casación presentados por el Cabildo contra las sentencias que anulan la revisión del documento, una circunstancia que ha vuelto a poner sobre la mesa la ausencia de información clara sobre la estrategia jurídica de la Corporación Insular.
Desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó, el pasado 8 de abril de 2026, la primera sentencia que declaró nula la revisión del PIO aprobada en diciembre de 2022 y en vigor desde enero del siguiente año, el Ayuntamiento de Mogán ha venido advirtiendo de la necesidad de que el Cabildo preparara una alternativa para afrontar un eventual escenario desfavorable.
Sin embargo, más de seis meses después, siguen sin conocerse un plan de actuación o una explicación completa sobre los procedimientos judiciales activados. La incertidumbre resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que la revisión del PIO, según se ha publicado en medios de comunicación, llegó a ser objetivo de 21 impugnaciones judiciales, de las que dos decayeron, permaneciendo activos 19 procedimientos. De estos, siete solicitaron expresamente la nulidad del plan. Además, el TSJC ya ha dictado al menos cuatro sentencias contrarias al Cabildo, que se suman a la inadmisión del recurso de casación ya mencionado.
Para Bueno, la preocupación no es únicamente el contenido de las sentencias, sino la falta de información que existe sobre la estrategia jurídica del Cabildo desde que comenzaron los reveses judiciales. Así, sostiene que buena parte de la información conocida hasta ahora no ha sido trasladada oficialmente a los ayuntamientos, sino que ha trascendido a través de los medios de comunicación.
“Lo que conocemos sobre los recursos, los procedimientos y las posibles actuaciones lo sabemos por lo que se ha ido publicando en prensa”, afirma, recordando que, tras conocerse la sentencia del TSJC, lo único que anunció Antonio Morales públicamente es que agotaría todas las vías posibles para defender el PIO.
Los municipios nunca han recibido información detallada sobre qué actuaciones se han llevado a cabo realmente, ni cuál es su estado. “Lo lógico sería que el Cabildo explicara con transparencia qué recursos continúan vigentes, cuáles han sido rechazados y cuál es el alcance real de todo”.
De momento, la sucesión de resoluciones judiciales apunta en una misma dirección. “Todo lo que hemos ido conociendo desde abril es desfavorable al Cabildo. Por eso parece todavía más incomprensible que se confiara exclusivamente en la vía judicial y durante todos estos meses no se haya trabajado paralelamente en una alternativa para la isla”, señala.
Para la Bueno, los acontecimientos refuerzan la impresión de que “la estrategia consiste en ganar tiempo. Antonio Morales parecía confiar en que este asunto siguiera pendiente durante el mayor tiempo posible y que las consecuencias de la anulación del PIO terminaran siendo gestionadas por quien asuma la Presidencia del Cabildo después de las próximas elecciones”.
En este sentido, advierte que “si el Cabildo tenía plena confianza en que todos los recursos prosperarían, se equivocó. Pero si no la tenía y aun así decidió no preparar una alternativa para Gran Canaria, la situación es todavía más grave”.
La regidora moganera recalca que la actual situación de incertidumbre afecta directamente a los ayuntamientos en cuestiones relacionadas con modificaciones de planeamiento, desarrollo de suelo, infraestructuras, inversiones y proyectos estratégicos. “Han pasado más de seis meses desde la primera sentencia del TSJC. Lo que Gran Canaria necesita ahora no son más anuncios de recursos ni más ambigüedades. Lo que necesita son explicaciones y soluciones”, reclama.