La PALT carga contra el Gobierno canario: Quieren entregar nuestras casas a los explotadores
Maribé Doreste y Manuel Batista repasan en Hablando con Nery, once años de lucha por los derechos de los propietarios en zonas turísticas. Denuncian la falta de diálogo del Partido Popular, cuestionan al Cabildo de Gran Canaria y advierten de las consecuencias que, a su juicio, tendría el nuevo decreto ley impulsado desde la Consejería de Turismo.
Once años de reuniones, manifestaciones, escritos, recursos, visitas al Parlamento y denuncias para defender algo que consideran fundamental: el derecho a decidir sobre sus propias viviendas.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, y su vicepresidente, Manuel Batista, participaron en el podcast Hablando con Nery, de Radio Faro, donde realizaron un recorrido por la historia de esta reivindicación y analizaron la situación actual de los propietarios de apartamentos y bungalows en las zonas turísticas de Canarias.
Ambos reconocen como un avance importante la aprobación inicial, por unanimidad, de la ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana sobre el uso residencial en zonas turísticas. Sin embargo, aseguran que el principal peligro continúa estando en el Gobierno de Canarias y en la modificación legislativa que se pretende llevar adelante.
El origen de una lucha que comenzó hace once años
Doreste recordó que las primeras preocupaciones surgieron incluso antes de la constitución oficial de la plataforma, cuando en 2012 tuvo conocimiento de cambios legislativos que podían afectar a los propietarios.
La publicación del Decreto 85/2015 encendió las alarmas entre residentes de complejos turísticos, especialmente en Bahía Feliz y Playa del Inglés.
Según explicó, comenzaron pequeñas reuniones de diez o quince personas, posteriormente ampliadas a otros complejos como Jardín del Atlántico y Los Aloes.
En aquellos encuentros tuvo un papel destacado Blas Padrón, primer presidente de la plataforma, mientras Doreste asumió inicialmente la vicepresidencia.
La asociación se constituyó formalmente en septiembre de 2015 y contó con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos, entre ellos abogados, arquitectos, ingenieros, topógrafos y magistrados.
Batista recordó que acudió a una de aquellas primeras reuniones después de recibir el aviso de su comunidad de propietarios. Fue entonces cuando comenzó a conocer las posibles consecuencias de la normativa para su apartamento.
Preferimos que nos sigan multando antes que aprobar este decreto ley
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Doreste abordó el borrador del nuevo decreto ley turístico.
La presidenta afirmó que la plataforma prefiere continuar defendiendo judicialmente las sanciones actuales antes que enfrentarse a una nueva normativa que, según su interpretación, podría agravar considerablemente la situación.
Doreste sostiene que la modificación pretende reforzar la unidad de explotación turística y limitar los derechos de los propietarios sobre el uso de sus inmuebles.
También relacionó la urgencia de la reforma con los ocho recursos de casación que, según explicó, se encuentran ante el Tribunal Supremo sobre la unidad de explotación, cuestionando que se pretenda modificar la normativa antes de que estos procedimientos queden resueltos.
La representante de la PALT considera que la nueva regulación podría dejar a los propietarios sin capacidad de decisión sobre sus apartamentos, obligándolos a mantener determinados gastos mientras la explotación económica queda en manos de operadores turísticos.
El negocio turístico y los derechos de los propietarios
Doreste y Batista insistieron en que su reivindicación no es una lucha contra el turismo.
Defendieron que la actividad turística y la residencia habitual han convivido durante décadas en numerosos complejos de Canarias y que esa convivencia no ha impedido el crecimiento del sector.
Sin embargo, cuestionan que se impongan obligaciones a los propietarios sin establecer, según denunciaron, garantías económicas suficientes sobre las cantidades que recibirían por sus apartamentos.
Durante la conversación mencionaron casos en los que, según sus testimonios, se abonan cantidades mensuales de aproximadamente 50 euros en Puerto Rico o 186 euros en Playa del Inglés.
También denunciaron situaciones de propietarios que continúan pagando comunidad, impuestos, mantenimiento y derramas mientras consideran limitada su capacidad de utilizar o rentabilizar sus inmuebles.
Los representantes de la plataforma advirtieron, además, de una posible depreciación de estas propiedades. Relataron casos en los que, según sostienen, apartamentos situados en zonas turísticas habrían sido adquiridos por cantidades muy inferiores a su valor de mercado.
Se trata de denuncias formuladas por los entrevistados, que atribuyen estas circunstancias al funcionamiento de determinados modelos de explotación turística.
Las críticas al Partido Popular y a la Consejería de Turismo
La plataforma dirigió algunas de sus críticas más duras contra la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, gestionada por el Partido Popular.
Doreste cuestionó la participación de representantes empresariales en la elaboración del borrador y aseguró haber encontrado coincidencias entre las alegaciones de organizaciones empresariales y el contenido de la propuesta normativa.
Según explicó, la plataforma considera que los intereses de los operadores turísticos están teniendo mayor influencia que las demandas de los propietarios afectados.
También criticó las consecuencias que, a su juicio, podrían sufrir quienes adquirieron sus propiedades o comenzaron a utilizarlas residencialmente después de 2017.
La presidenta manifestó su preocupación por que se puedan reconocer determinadas situaciones residenciales anteriores a esa fecha mientras se limitan otras posteriores, y advirtió de la inseguridad que esto generaría.
Con Manuel Domínguez no hay manera de hablar
Otro de los asuntos destacados fue la falta de interlocución que la plataforma denuncia con la dirección del Partido Popular.
Doreste aseguró que han solicitado reuniones tanto a representantes autonómicos como a responsables nacionales.
Relató que Alberto Núñez Feijóo respondió a una comunicación de la plataforma anunciando que Juan Bravo mantendría un encuentro con ellos, pero aseguró que, casi un año después, esa reunión seguía pendiente.
También criticó directamente al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, por no haber atendido sus solicitudes.
Según manifestó, ha recurrido a distintos contactos para conseguir una reunión sin obtener el resultado esperado.
Doreste explicó que incluso solicitó al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, su intermediación para facilitar ese encuentro y que este se mostró dispuesto a ayudar.
Coalición Canaria, ASG, AHI y las votaciones parlamentarias
Manuel Batista también cuestionó el papel de los partidos que sostienen al Gobierno autonómico y las negociaciones parlamentarias que, según su valoración, condicionan determinadas decisiones.
Se refirió especialmente a las posiciones de Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, y criticó que los acuerdos políticos puedan anteponerse a los derechos que reclama la plataforma.
Recordó una iniciativa parlamentaria presentada por el PSOE para diferenciar los establecimientos turísticos de los complejos inmobiliarios donde puede desarrollarse una actividad turística.
Según relató, integrantes de la plataforma acudieron al Parlamento convencidos de que existían posibilidades de que prosperase, pero finalmente no salió adelante.
Ambos entrevistados insistieron en que el problema no afecta exclusivamente al sur de Gran Canaria. También citaron situaciones en Tenerife y La Gomera, así como antecedentes en Lanzarote.
Los políticos que sí han escuchado a la plataforma
Pese a las críticas, Doreste reconoció el apoyo recibido de representantes de diferentes formaciones políticas.
Destacó especialmente la evolución de Alejandro Marichal, con quien mantuvieron varias reuniones después de discrepancias iniciales sobre la situación de los complejos turísticos.
Según explicó, Marichal fue modificando su posición tras escuchar los argumentos de la plataforma.
También valoró el trabajo de Esther González, de Nueva Canarias, el respaldo de representantes del PSOE en el Parlamento y el apoyo recibido desde Vox, mencionando a representantes de esta formación.
Los invitados señalaron que sus reivindicaciones han encontrado interlocutores en partidos de distintas ideologías, aunque también reconocieron desacuerdos con responsables políticos que en otros momentos habían mantenido posiciones diferentes.
San Bartolomé de Tirajana: una ordenanza que consideran histórica
La aprobación inicial por unanimidad de la ordenanza municipal sobre el uso residencial en zonas turísticas ocupó una parte importante de la conversación.
Para Doreste, supone un reconocimiento significativo después de años en los que los propietarios denuncian haber sido señalados como residentes ilegales.
La presidenta considera que la ordenanza contribuye a aclarar el alcance del planeamiento municipal de 1996 y respalda parte de los argumentos que han defendido históricamente.
No obstante, reconocieron que todavía queda recorrido administrativo y jurídico, puesto que la aprobación inicial no supone la solución definitiva de todos los conflictos.
Durante la entrevista también recordaron sus contactos con el Ayuntamiento de Mogán, las alegaciones presentadas a su planeamiento y las reuniones con representantes de municipios turísticos de Canarias a través de la FECAM.
La plataforma espera que otras administraciones y ayuntamientos estudien soluciones para situaciones similares.
Duras críticas al Cabildo de Gran Canaria
La posición del Cabildo de Gran Canaria también recibió importantes reproches.
Doreste y Batista cuestionaron la interpretación que realiza la institución insular sobre los usos turísticos y residenciales, especialmente en relación con la ordenanza municipal.
Los entrevistados defendieron que la iniciativa de San Bartolomé de Tirajana no pretende, según su interpretación, cambiar la clasificación del suelo, sino aclarar situaciones existentes a partir del planeamiento.
Batista resumió su crítica con una frase especialmente gráfica: Desde Bravo Murillo no se ven las dunas de Maspalomas.
Con esta expresión quiso transmitir lo que considera un desconocimiento de la realidad que viven numerosos residentes del sur de Gran Canaria.
Ambos reclamaron mayor sensibilidad institucional y una aproximación directa a las personas afectadas.
El Defensor del Pueblo, los tribunales y la dimensión europea
Doreste recordó que durante estos años han acudido a distintas instancias en defensa de sus reivindicaciones.
Mencionó las actuaciones ante el Defensor del Pueblo y las objeciones que, según su relato, se plantearon en relación con la normativa.
También se refirieron a los procedimientos judiciales, la actividad parlamentaria y las gestiones que han desarrollado en el ámbito europeo.
Para la plataforma, una de las principales cuestiones jurídicas continúa siendo la diferenciación entre la titularidad del inmueble, sus usos urbanísticos y la posibilidad de desarrollar en él una actividad turística.
Doreste insistió en que, a su juicio, se han confundido conceptos que deberían estar claramente diferenciados.
La vivienda, el turismo y el futuro de Canarias
Los representantes de la PALT relacionaron esta problemática con las dificultades de acceso a la vivienda en Canarias.
Batista criticó los bajos salarios y la situación económica de muchas familias, mientras Doreste defendió que el desarrollo turístico debe poder convivir con la población residente.
Ambos rechazaron un modelo en el que las zonas turísticas puedan convertirse, según su expresión, en espacios exclusivamente destinados a visitantes, mientras los trabajadores se ven obligados a residir lejos de los lugares donde trabajan.
Recordaron que durante décadas residentes y turistas han compartido espacios, costumbres y relaciones sociales sin que ello impidiera el crecimiento económico del sector.
La petición final: retirar el decreto y abrir un debate parlamentario
En la recta final de la entrevista, Doreste reclamó que una modificación de esta importancia no se apruebe mediante un decreto ley de urgencia.
Defendió la necesidad de tramitar una ley ordinaria, con participación ciudadana, presentación de alegaciones y debate entre todos los grupos parlamentarios.
La plataforma considera que una regulación de esta trascendencia debe incorporar las posiciones de propietarios, residentes, empresarios y representantes públicos.
Batista, por su parte, insistió en el sufrimiento emocional que esta situación está generando entre muchas personas que temen por el futuro de sus viviendas.
“Cuando tú le quitas el techo, le quitas la vida a una persona “, expresó durante el podcast para describir la angustia de los afectados.
Once años después de su constitución, la PALT asegura que continuará utilizando todas las vías a su alcance para defender sus reivindicaciones.
Doreste y Batista finalizaron agradeciendo a Radio Faro y a Nery Pérez el espacio ofrecido para explicar su situación, insistiendo en que su objetivo continúa siendo el mismo que dio origen a la plataforma: que quienes llevan años viviendo en sus apartamentos y bungalows puedan seguir haciéndolo con seguridad jurídica.
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