Los sindicatos alertan de que unos 500 informes de empadronamiento siguen pendientes, algunos desde hace más de cinco meses, mientras más de 300 denuncias por drogas y armas prohibidas permanecen sin tramitar. La desorganización policial ya está perjudicando directamente a los ciudadanos.
San Bartolomé de Tirajana, 18 de noviembre de 2026.
Las organizaciones sindicales STAP Canarias y CSIF denuncian un nuevo episodio de la grave desorganización que, según vienen advirtiendo desde hace meses, afecta a la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. Una situación que ha dejado de ser exclusivamente un problema interno para convertirse en un perjuicio directo para cientos de ciudadanos y para la propia seguridad pública del municipio.
Según la información de la que disponen ambas organizaciones, actualmente existen alrededor de 500 informes policiales de comprobación de domicilio pendientes de tramitar, necesarios para resolver determinadas solicitudes de alta o modificación del empadronamiento municipal y poder solicitar posibles ayudas sociales que pudieran tener derecho los ciudadanos.
Algunos ciudadanos llevan más de cinco meses esperando una respuesta del Ayuntamiento, sin poder regularizar su situación padronal, lo que puede dificultar el acceso a determinadas ayudas sociales, prestaciones y otros trámites administrativos.
«Resulta inadmisible que un ciudadano tenga que esperar cinco meses para resolver un trámite de empadronamiento porque el Ayuntamiento es incapaz de organizar adecuadamente su Policía Local», denuncian los sindicatos.
La situación está provocando un creciente malestar entre los afectados. Muchos ciudadanos, cansados de esperar durante meses una respuesta del Ayuntamiento, acuden reiteradamente a las dependencias de la Policía Local para solicitar explicaciones sobre sus expedientes. Sin embargo, los agentes que los atienden únicamente pueden informarles de los retrasos existentes en las comprobaciones domiciliarias, debido a la insuficiencia de efectivos destinados a estas funciones.
Esta situación ha provocado en algunas ocasiones momentos de tensión y enfado entre los ciudadanos y los policías que los atienden, quienes terminan dando la cara por una desorganización de la que no son responsables y sobre la que carecen de capacidad de decisión.
Para STAP Canarias y CSIF, «resulta especialmente injusto que sean los policías que atienden al público quienes tengan que soportar el malestar de los ciudadanos, mientras quienes tienen la responsabilidad de organizar y dirigir el servicio no ofrecen soluciones a un problema que conocen desde hace meses».
MÁS DE 300 DENUNCIAS POR DROGAS Y ARMAS PROHIBIDAS SIN TRAMITAR
Pero la situación resulta todavía más preocupante en materia de seguridad ciudadana.
STAP Canarias y CSIF denuncian que más de 300 denuncias administrativas formuladas por agentes de la Policía Local durante los últimos meses permanecen pendientes de remisión a la Subdelegación del Gobierno, organismo competente para tramitar los correspondientes procedimientos sancionadores.
Se trata de actuaciones policiales relacionadas con el consumo o tenencia ilícita de drogas en calles, plazas y parques públicos, así como con la tenencia de armas prohibidas.
Los sindicatos aseguran que las denuncias permanecen acumuladas en dependencias policiales y que las sustancias y armas intervenidas se encuentran guardadas en un armario, sin que se haya completado su correspondiente tramitación.
«Los policías identifican a los infractores, intervienen sustancias y armas, redactan las denuncias y cumplen con su trabajo. Sin embargo, ese esfuerzo queda paralizado en las propias dependencias policiales por la falta de gestión administrativa», señalan ambas organizaciones.
Esta acumulación, advierten, puede provocar retrasos injustificados, comprometer la adecuada custodia y trazabilidad de los efectos intervenidos y generar riesgos de prescripción de las infracciones.
UNA DESORGANIZACIÓN INTERNA EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, BLOQUEA LAS POSIBLES AYUDAS SOCIALES A CIENTOS DE CIUDADANOS
Para STAP Canarias y CSIF, estos hechos constituyen un nuevo ejemplo de los problemas organizativos que llevan meses denunciando públicamente, sin que, desde la Alcaldía, la Concejalía de Seguridad o la Jefatura policial se hayan adoptado soluciones eficaces.
«Mientras el alcalde y el concejal de Seguridad aparecen en fotografías y actos públicos, cientos de ciudadanos siguen esperando sus expedientes para tramitar ayudas públicas u otros trámites legales y centenares de denuncias policiales permanecen sin tramitar. La seguridad ciudadana no se gestiona con fotografías, sino con organización, medios y responsabilidad», reprochan los sindicatos.
Las organizaciones consideran especialmente grave que los problemas internos de la Policía Local estén repercutiendo directamente sobre ciudadanos que necesitan documentación municipal y sobre la tramitación de infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana.
«¿De qué sirve que los policías persigan el consumo de drogas en los parques o intervengan armas prohibidas si después las denuncias se quedan meses guardadas en un armario?», cuestionan.
STAP Canarias y CSIF exigen al alcalde que asuma su responsabilidad política, investigue inmediatamente la acumulación de expedientes, garantice la correcta custodia de las sustancias y armas intervenidas y ordene la adopción de medidas urgentes para desbloquear tanto los informes de empadronamiento como las denuncias administrativas.
«El Ayuntamiento no puede seguir trasladando a los ciudadanos las consecuencias de su desorganización. Los policías hacen su trabajo; ahora corresponde a quienes dirigen la Policía Local explicar por qué cientos de actuaciones siguen paralizadas».
STAP CANARIAS – CSIF



