El pasado sábado volvimos a ver a nuestros mayores tomar las calles por unas pensiones de jubilación más justas. La generación, que tomó las calles en los años 70 y 80 ha vuelto a salir para defender sus derechos, tal y como lo hicieron en antaño. Desde mi humilde posición he de quitarme el sombrero ante ellos y ante su imagen ejemplarizante con respecto a una generación, mi generación, mucho menos reivindicativa y, en muchas ocasiones, más estática.
El artículo 50 de nuestra Constitución Española de 1978, defendida por nuestros políticos en unos casos y obviada en otros, según interese, dispone e impone a los poderes públicos la obligación de garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Desde una perspectiva general, no cabría duda de que la jubilación es la prestación fundamental de nuestro Sistema de Seguridad Social.
El sistema español de pensiones ha experimentado distintas reformas de importancia en las últimas décadas. La primera de ellas se realizó en 1985, al aumentarse el período mínimo de cotización, que pasó de 10 a 15 años, y el número de años utilizados para el cómputo de la base reguladora, desde 2 años hasta los 8 años previos a la jubilación. La situación vivida en esos años llevó a la aprobación por el Pleno del Congreso, el 15 de febrero de 1994, de una proposición para crear una ponencia en la Comisión de Presupuestos con el fin de elaborar un informe sobre los problemas y las reformas del Sistema de la Seguridad Social. Este informe, conocido como Pacto de Toledo (tan nombrado en los últimos días por su posible ruptura), analizó tanto los antecedentes del Sistema de la Seguridad Social como los factores que podían condicionar su evolución futura, y realizó quince recomendaciones generales.
Las quince recomendaciones del Pacto de Toledo constituyeron la base del Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social alcanzado, el 9 de octubre de 1996, entre el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios. De entre las principales modificaciones que introdujo esta ley cabe destacar el aumento de 8 a 15 en el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión y la revalorización de las pensiones según la evolución.
Otras modificaciones sufridas se plasmó, por ejemplo, en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social (en vigor a partir de 2013), que introdujo cambios significativos en las condiciones de acceso a la jubilación, tales como un aumento escalonado de la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años; un incremento progresivo del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación, desde los 15 hasta los 25 años, y la obligación de acreditar al menos 37 años cotizados para acceder al 100 % de ella. Esto se podría entender en el sentido de que se ha promovido el envejecimiento activo y favorecido la continuidad de los trabajadores de mayor edad para retrasar el acceso a las pensiones, hecho denunciado por los partidos políticos más progresistas.
Las prestaciones de jubilación tienen dos modalidades: contributivas y no contributivas. Las primeras se definen como una prestación económica por causa de la jubilación y será única para cada beneficiario, consistiendo la misma en una pensión vitalicia que le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentaria se determinen, cuando alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. Las segundas, serían definidas, como la prestación para personas que habiendo cumplido 65 años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos legalmente, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión.
Pero, ¿qué ha sucedido en estos últimos años para que nuestros mayores hayan decidido tomar las calles?. La necesidad de defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y protestar contra las reformas que impulsa el Gobierno del Partido Popular, parecen ser en resumen, la intención de las distintas protestas y manifestaciones habidas a lo largo de todo el país. La necesidad de las manifestaciones se han visto reforzadas por las informaciones relativas a la “hucha” de la Seguridad Social aparentemente vacía, la falta de garantía de las pensiones a generaciones futuras, el empobrecimiento en la cuantía de las pensiones en con respecto al IPC, etc. Quizás, la gota que colmara el vaso, fueron las últimas declaraciones del Presidente del Gobierno sobre este tema, cuando aconsejó a la población ahorrar y contratar planes de pensiones con las entidades financieras. Esto, absolutamente absurdo y prácticamente imposible en un país donde las familias están practicamente ahogadas con apenas lo suficiente la subsistencia, sería admisible, si no fuera porque prácticamente todos los españoles tienen completamente mermadas sus capacidades de ahorro. Aún siendo uno de los países de Europa con las pensiones más altas en su cuantía máxima, somos unos de los peores en las pensiones más bajas, que es donde verdaderamente se encuentra el verdadero problema (problema más agravado en las no contributivas).
Desde luego, las últimas políticas adoptadas por el Gobierno, la corrupción que ha azotado con fuerza las arcas del Estado, entre otras causas, y el futuro que se prevé para nuestras pensiones han roto con el espíritu plasmado en el Pacto de Toledo.
El futuro no es nada esperanzador para nuestro país. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha advertido a nuestro país del complicado futuro que nos espera para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, debido, en primer lugar, al envejecimiento de la población y, en segundo lugar, al alto índice de desempleo que persiste en nuestro país. A esto, podríamos añadir, la mala gestión de nuestros ahorros que han realizado los gobiernos, la corrupción y la deuda contraída a causa de las entidades financieras, causas que han terminado por “herir de muerte” a nuestro sistema de pensiones.
Las soluciones planteadas, aumentar la edad de jubilación o congelar las pensiones, no garantizan que se pueda acceder a una pensión en el futuro. Desde luego, un futuro negro y poco esperanzador para mi generación y las que nos suceden.
Mª Vanessa Ramírez Rodríguez, Abogada.