Mogán solicita que el anteproyecto de ley referente al uso turístico de las viviendas en Canarias sea suspendido, rechazando por completo la normativa que pretende implantarse. Así lo anunciaba recientemente la propia administración, considerando un error el hecho de que los propios ayuntamientos tengan que ejercer un papel fiscalizador. Onalia Bueno, alcaldesa del municipio, explica por qué no están a favor de este anteproyecto.
“Este anteproyecto se carga en menos de 10 años la vivienda vacacional en Canarias, la extermina”, manifiesta. La alcaldesa moganera sostiene que hace 4 meses la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) mantuvo una reunión con el director general de Turismo donde se les transmitió tranquilidad en este aspecto, sin embargo, Bueno asegura que se han encontrado “con un anteproyecto que nada de tranquilidad proporciona”: “Hay una serie de criterios técnicos de imposible cumplimiento”.
Asimismo, Onalia Bueno, junto a otros alcaldes de zonas turísticas del archipiélago, se reunirán mañana con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para manifestar el descontento hacia esta norma. “Si en Gran Canaria va a ser demoledor, imagínate en las Islas Verdes”, comenta. La alcaldesa de Mogán explica que está de acuerdo en la ordenación y regulación de la vivienda vacacional, no obstante, sin llegar al extremo contrario.
“Muchas pequeñas familias viven de las viviendas vacacionales, desde ese pensionista que no llega a final de mes, hasta esa madre separada a la que la hipoteca ha subido y se ha ido a casa de sus padres para poner su vivienda en alquiler vacacional”, resalta. Bueno mantiene que una correcta regulación de este tipo de alquiler permitiría la democratización del turismo: “Todos podríamos vivir del turismo no solo los grandes hoteleros”.
Con respecto a la fiscalización, la alcaldesa destaca que “no se puede cargar con la parte inspectora a las administraciones locales”: “Yo no soy la que le va a decir a mi vecino que le quito la vivienda vacacional porque no nos corresponde a los ayuntamientos”. Del mismo modo, el Gobierno de Canarias determina en este anteproyecto el porcentaje que debe reservar cada isla para suelo residencial y para vivienda vacacional.
“Los ayuntamientos somos mayores de edad y está el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y no me tienen que decir a mí como tengo que diseñar mi municipio”, manifiesta. Mogán cuenta con 16.896 viviendas, de las cuales 2.040 son viviendas vacacionales y 5.697 están cerradas, por lo que bueno achaca el problema de la falta de vivienda a los inmuebles vacíos: “Si el Estado no me protege para yo poner mi vivienda en alquiler y premia a los okupas y a los que no pagan, pues la gente prefiere tenerlas cerradas”.
A pesar de ello, no todos los aspectos de esta normativa son negativos para Onalia Bueno, quien destaca como algo positivo la regulación para grandes tenedores que tratan de hacerse pasar por hoteles. “Todos esos grandes inmuebles, como los tenemos en Arguineguín, tributen y presten servicios como la parte hotelera”, asevera. No obstante, asegura que Mogán es un municipio tensionado, dados los precios desorbitados de los alquileres.
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