Por tercera o cuarta vez la antigua Residencia Escolar de Tunte está siendo vandalizada por los cacos ante el abandono y falta de vigilancia de las Administraciones Públicas.
El edificio, propiedad del Gobierno de Canarias en los años ochenta del siglo pasado fue residencia escolar con mas de cien plazas, luego, tras permanecer cerrada un tiempo se destinó a aula de la naturaleza y, por último, a centro de acogida de inmigrantes. Hoy, cerrada y sin vigilancia, está sirviendo como teatro de operaciones a rateros, desaprensivos y vagabundos. Gran cantidad de dinero público vuelve a ser tirado a la basura por la falta de seguridad, pero también por falta de imaginación y responsabilidad de la comunidad política.
Desde Nueva Canarias manifestamos nuestro asombro ante el abandono en que deja la Administración su patrimonio para, una y otra vez y por la presión social, tener que recuperar lo que por desidia se convierte en el jardín de los cacos y demoledores. En el mismo lugar existe otro inmueble que prendió ser un parque de bomberos y que, desde mediados de los noventa se deteriora por no haber sido usado nunca y falta de mantenimiento.
Pero, por encima de todo asombra mucho mas que, con tantos años de abandono y con periodos tan largos de inactividad y deterioro el Ayuntamiento de San Bartolomé, el Cabildo y el Gobierno de Canarias no se hayan puesto de acuerdo para darle una nueva vida a la magnífica instalación, máxime cuando está ubicada en una localidad inmersa en la crisis de oportunidades de trabajo y pérdida poblacional que condena a las medianías de nuestra isla.
Fuente de actividad económica y social, la puesta en valor de la residencia daría puestos de trabajo a la población local, economía a lo escasa industria y comercio que aún sobrevive y tráfico de personas y visitantes a las calles de Tunte.
Desde Nueva Canarias-BC de San Bartolomé de Tirajana instamos al Grupo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento ha tomar la iniciativa y promover la constitución de una mesa de trabajo con las otras administraciones y los vecinos para estudiar y ejecutar un plan de viabilidad para aquel recinto que conjugue la actividad social, educativa o de la naturaleza con la creación de puestos de trabajo en las depauperadas medianías de nuestro municipio. Y, por supuesto, que si ello es posible se haga caer todo el peso de la ley sobre aquellas personas que en tan poca estima tienen al patrimonio público y a la propiedad colectiva. Apena ver como en cualquier lugar del municipio las instalaciones públicas son maltratadas o mal-usadas por determinadas personas que nada de respeto manifiestan por los demás y por lo de todos.