El Colegio de Economistas de Las Palmas ha publicado esta semana un informe que niega que Las Palmas de Gran Canaria cumpla los requisitos para ser declarada “zona tensionada”. Este informe cuestiona el informe técnico aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en enero de 2025, que sí reconocía que se superaban los umbrales marcados por la Ley de Vivienda para aplicar una limitación de precios.
Desde Derecho al Techo, no nos sorprende este posicionamiento. Lo que se está consumando no es más que lo evidente: el Gobierno de Canarias y las élites técnicas que lo rodean no tienen ninguna voluntad política de aplicar ni siquiera una medida mínima de contención del mercado inmobiliario, por limitada que sea. La negativa a reconocer Las Palmas zona tensionada confirma su compromiso con los intereses de la patronal inmobiliaria, los fondos de inversión y la especulación urbanística.
El informe del Colegio de Economistas niega la tensión habitacional en base a una supuesta abundancia de viviendas vacías o sobrantes. Lo que no explica es por qué, en medio de ese “excedente”, miles de personas viven hacinadas, comparten piso, dedican más del 40% de su sueldo al alquiler, o directamente están siendo expulsadas de sus barrios.
Tampoco dice que muchas de esas viviendas sobrantes no están en alquiler, ni en venta, sino en plataformas turísticas o simplemente retenidas como activo financiero.
Sabemos que la declaración de zona tensionada no es una solución estructural. No resuelve la raíz del problema: el carácter mercantil de la vivienda, la falta de control público y la precariedad estructural de buena parte de la población.
Pero es una herramienta que podría frenar o al menos ralentizar la espiral de subidas de precios. En Barcelona, donde ya se aplica, los precios bajaron un 6%.
Eso sí: la declaración de zona tensionada por sí sola no basta. Tiene que ir acompañada de una moratoria de la vivienda vacacional y de una regulación clara y efectiva de los alquileres por temporada, que hoy se utilizan como vía de escape para evitar cualquier control.
Lo que se niega es incluso eso: un mínimo freno, un leve cortafuegos.
Desde Derecho al Techo lo tenemos claro: no confiamos en que las instituciones caciquiles de Canarias impulsen políticas valientes. No esperamos que se enfrenten a los grandes intereses inmobiliarios. Pero tampoco nos resignamos.
Por eso seguiremos organizándonos, visibilizando la emergencia habitacional que vivimos, defendiendo a cada vecina frente a los desahucios y señalando a los responsables.
Porque el derecho a la vivienda no se pide: se conquista.