El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana vuelve a quedar en entredicho por una gestión que, lejos de garantizar transparencia y eficacia, parece alimentarse de favoritismos y prácticas difícilmente justificables. La denuncia presentada por el vecino y empresario local Juan Manuel Pérez León ha destapado un sistema de designaciones que se repite siempre sobre los mismos funcionarios, con el agravante de que perciben dietas en horario laboral, cobrando así dos veces de las arcas municipales.
El caso de una Oficial de la Policía Local y del propio Jefe de Bomberos resulta paradigmático: ambos acumulan la participación en más de diez y siete tribunales respectivamente, casi siempre como presidente o secretario, es decir, en puestos clave que manejan actas, exámenes y documentación sensible. Una concentración de poder que dinamita cualquier apariencia de pluralidad y neutralidad en los procesos selectivos.
La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que, teniendo una plantilla con cientos de funcionarios capacitados, siempre se elija a los mismos? ¿Se trata de casualidad o de una práctica consentida desde el propio gobierno municipal? El resultado, en cualquier caso, es el mismo: la ciudadanía pierde confianza en la limpieza de los procesos y se consolida la sospecha de que las oposiciones son terreno abonado para redes de influencia y favores políticos.
Más grave aún es que estas dietas se cobran durante el horario ordinario, en dependencias municipales y sin gastos extraordinarios que justifiquen su abono. Se trata de una “doble retribución” que, como recuerda la propia jurisprudencia, constituye un abuso de los fondos públicos. Mientras tanto, policías dejan de patrullar y bomberos ven reducido su servicio porque sus mandos prefieren dedicar su jornada a funciones de tribunal. El perjuicio es directo: menos seguridad en las calles y menos efectivos disponibles para emergencias.
Por si fuera poco, el Jefe de Bomberos no es un funcionario cualquiera: además de ser miembro habitual de los tribunales, es representante sindical de UGT y, según rumores, estaría tejiendo lazos con la coalición AV/PP de cara a futuras elecciones. La mezcla de intereses políticos, sindicales y económicos en un espacio tan delicado como las oposiciones municipales es un cóctel explosivo que degrada la credibilidad institucional.
El denunciante propone medidas básicas de sentido común: rotación objetiva en la designación de tribunales, límite de participación, control estricto de dietas y publicación periódica de la composición en el portal de transparencia. Nada que no debería estar ya en funcionamiento en un ayuntamiento que se precie. Pero en San Bartolomé de Tirajana, lo que parece primar es el inmovilismo, el silencio cómplice y el mirar hacia otro lado.
La gestión municipal queda así señalada no solo por permitir este descontrol, sino por comprometer la confianza de los vecinos, que ven cómo sus impuestos financian privilegios en lugar de reforzar servicios públicos esenciales. La advertencia es clara: si no se corrige de inmediato, el asunto podría acabar en el Tribunal de Cuentas o incluso en la Fiscalía.
San Bartolomé de Tirajana no necesita más sombras en su administración. Lo que exige es transparencia, imparcialidad y un respeto absoluto al dinero público. Cualquier otra cosa es una burla a la ciudadanía.
Ser designado miembro de un tribunal es una gran responsabilidad que sólo puede recaer en personal cualificado. Creer que cualquier empleado puede formar parte de un tribunal es un error en una época en la que cada proceso lleva infinidad de recursos. No todo el mundo está preparado para resolver reclamaciones y preparar informes. Cuidado con menospreciar la labor de un tribunal.