Las palabras de Isabel Talavera, portavoz de la Plataforma de Pensionistas por Gran Canaria, son un retrato descarnado del abandono institucional que sufren miles de mayores en las islas. No hablamos de favores, hablamos de un derecho reconocido por ley: el complemento a las pensiones no contributivas. Sin embargo, lleva dos años sin pagarse en Canarias, mientras el Gobierno autonómico se escuda en excusas burocráticas y promesas que nunca llegan.
Isabel lo dijo claro: “¿A qué esperan? ¿A que la gente se muera?”. Esa es la crudeza de una realidad que debería sonrojarnos como sociedad. Miles de pensionistas sobreviven con 400 o 500 euros al mes, sin recibir los 125 euros adicionales que por ley les corresponden. Una cantidad mínima para las cuentas del Ejecutivo, pero vital para quienes tienen que elegir cada mes entre comer, pagar el alquiler o comprar medicamentos.
Y como si no bastara la negligencia institucional, la pobreza tiene rostro de mujer. La mayoría de las afectadas son mujeres que trabajaron toda su vida en la agricultura, en casas particulares o en empleos invisibles que jamás fueron reconocidos ni cotizados. Hoy, tras décadas de esfuerzo, se ven condenadas a la miseria.
Isabel denuncia también un panorama desolador: subida descontrolada de precios en productos básicos (huevos, pescado, agua embotellada), discriminación por edad en el acceso a la vivienda, privatización de servicios públicos y el intento político de enfrentar a jóvenes contra pensionistas, como si la sostenibilidad del sistema fuera culpa de ellos y no del saqueo de la banca y las grandes empresas.
La portavoz no se anda con rodeos: señala a la banca, a las aseguradoras y a los planes privados de pensiones como el verdadero enemigo. Denuncia que mientras trabajadores y pensionistas pierden poder adquisitivo, las grandes compañías declaran beneficios millonarios. Y califica de hipocresía inverosímil la actitud del Gobierno canario, que se limita a discursos vacíos mientras incumple la ley.
Lo más demoledor de su testimonio es la advertencia: si el Gobierno no atiende las demandas, habrá más movilización y más presión social. Porque la paciencia se agota. Porque no se trata de ideología ni de colores políticos: se trata de dignidad, de justicia y de respeto a quienes levantaron este país y ahora son tratados como un estorbo.
Isabel lo resume en una frase que debería retumbar en Presidencia: “Lo único que pedimos es que cumplan la ley, que no la hicimos nosotros, pero como mínimo que la cumplan”.
Todo lo demás son excusas. Todo lo demás es abandono.
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