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Mogán reprocha que el INE no contemple la población de hecho en el cálculo de las tasas de criminalidad

El Ayuntamiento rechaza que Mogán figure entre los municipios con mayor tasa de delitos por habitante dado  que el INE realiza el cálculo solo con la población residente, excluyendo la de hecho.

Si el INE hiciera el cálculo con la población total real de Mogán, la tasa de infracciones penales por cada mil habitantes sería muy inferior a la media nacional.

 

El Ayuntamiento de Mogán manifiesta su disconformidad con los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE)  en relación a la tasa de infracciones penales en municipios de más de 20.000 habitantes en 2023. Estos sitúan a Mogán en el puesto número 11 de municipios de España con mayor incidencia delictiva por habitante, una situación irreal dado que el registro de infracciones no solo contempla aquellas cometidas por la población residente, sino también por la flotante. No obstante, el cálculo de la tasa se realiza exclusivamente con el número de población residente, no teniendo en cuesta la particularidad de municipios turísticos como Mogán cuya población total diaria es más del doble de la censada.

El INE publica estos datos en el informe anual de ‘Indicadores urbanos’. En concreto a Mogán lo sitúa en el puesto 11 con una tasa de infracciones penales por mil habitantes de 87. Esta se obtiene al dividir el número total de infracciones registradas –1.834, según el Ministerio del Interior– entre el número total de residentes –20.845 habitantes en 2023, según el INE– y multiplicar el resultado por 1.000.

 

Si en este cálculo se tuviera en cuenta la población total del municipio, que se estima diariamente en 48.000 personas, sumando a las que se desplazan al municipio por motivos de trabajo, ocio o turismo, la tasa bajaría hasta 38, muy por debajo de la media anual –50,9–.

 

“El INE, en este aspecto, no refleja la realidad del municipio” manifiesta la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que señala esta situación contribuye a divulgar  “una imagen incierta del municipio y de sus vecinos y vecinas, además de poder incrementar la sensación de inseguridad  y perjudicar nuestro principal motor económico: el turismo”.

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