La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, solicita suspender temporalmente la aplicación de Actividades Clasificadas a las viviendas vacacionales (VV) anteriores a la Ley, y propone declarar las VV como actividad inocua o considerarlas actividad exenta, asemejándolas así al resto de establecimientos turísticos.
Bueno advierte que miles de pequeños propietarios perderán su vivienda vacacional por la nueva regulación si el Gobierno canario no acepta las medidas propuestas.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, han explicado este lunes en rueda de prensa las consecuencias para ayuntamientos y pequeños propietarios de aplicarse la nueva Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turísticos de Viviendas de Canarias, aprobada por el Parlamento el pasado 12 de noviembre. Han afirmado que la norma genera una enorme inseguridad jurídica, exige unos requisitos inasumibles para pequeños propietarios e implica una sobrecarga insostenible a los ayuntamientos, que deberán asumir en el plazo de 8 meses labores que ni el Gobierno autonómico ni los cabildos realizaron en los últimos diez años. Por ello, Bueno insta al Ejecutivo regional a incorporar de forma inmediata medias correctoras concretas. De lo contrario, ha asegurado, será el fin de las VV en el Archipiélago.
La nueva regulación obliga a los ayuntamientos a evaluar y controlar las Viviendas Vacacionales (VV) como actividades clasificadas, una categoría que ni encaja en su naturaleza ni ha sido aplicada hasta ahora por falta de claridad normativa. Según el propio Gobierno de Canarias, esta falta de claridad ha generado durante una década una situación de indefensión a los propietarios y ausencia total de inspecciones por parte de la administración competente, que antes de esta Ley no eran los ayuntamientos.
Bueno ha señalado que no existe un marco jurídico claro que permita aplicar la normativa de actividad clasificada a las VV, tal y como avalan informes técnicos municipales. Estos indican que las VV no generan molestias ni riesgos equiparables a hoteles, apartamentos turísticos o establecimientos con instalaciones comunes que justifican su clasificación. Por el contrario, la mayoría de los casos son actividades inocuas, semejantes a un arrendamiento temporal.
Por otro lado, la Ley impone a los municipios planes de comprobación, inspección y control masivos. Además, deberán comenzar a aplicarlos en 8 meses, cuando durante la última década, ni el propio Gobierno canario ni los cabildos –administraciones competentes– exigieron a los propietarios los trámites que supone que las VV sean considerada actividad clasificada y, tampoco realizaron inspecciones turísticas en los pisos vacacionales.
La alcaldesa considera que esta norma “convierte a los ayuntamientos en verdugos” de la VV, ya que aunque los cabildos emitan informes vinculantes que puedan ordenar la denegación o revocación de la licencias, deja en manos de las administraciones locales la resolución final. Esto provocará que deban afrontar litigios por estas denegaciones o revocaciones, un riesgo jurídico que no les corresponde teniendo en cuenta que estas serán consecuencia del incumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno de Canarias.
Los pequeños propietarios de VV ahora se encuentran ante un riesgo real de perder la licencia si no cumplen con los complejos requisitos y trámites necesarios derivados de considerar las VV como actividad clasificada. A pesar de esta norma, como se mencionó, sigue sin haber un marco común claro. De este modo, cada cabildo y cada ayuntamiento podrá interpretar la ley de forma diferente, lo que puede provocar situaciones injustas, como que una VV aprobada en una isla sea denegada en otra teniendo idénticas condiciones, e incluso que sea aprobada en un municipio y denegada en el colindante.
Los pequeños propietarios deberán asumir en un breve periodo de tiempo costes económicos elevados por la necesidad de adaptar las viviendas a unos estándares elevados, de aportar informes técnicos y documentación adicional para consolidar el uso turístico; someterse a inspecciones masivas; encontrarse que su hasta ahora vivienda de alquiler vacacional, dada de alta legalmente, sea declarada irregular porque sea incompatible con el suelo residencial – solo el 10% de las viviendas podrán ser de uso vacacional –.
Todo esto provocará pérdida de ingresos familiares, afectando especialmente a quienes dependen de la VV como complemento económico o medio de subsistencia. Además, la nueva ley frena de lleno nuevas VV debido a la moratoria que impide nuevas altas hasta que los ayuntamientos adapten su planeamiento, un proceso que puede prolongarse varios años o que puede nunca llegar a materializarse.
Propuestas para evitar perjudicar a los pequeños propietarios y el fin de las VV
La alcaldesa solicita que de manera inmediata el Gobierno de Canarias incorpore a la Ley una Disposición Transitoria que establezca un plazo de 6 meses para aprobar un decreto que detalle claramente los requisitos que deben cumplir las VV respecto a actividades clasificadas; la suspensión temporal de la comprobación de actividades clasificadas para las VV dadas de alta antes de la Ley, mientras ese decreto no exista; y que las VV previas en suelo residencial no se consideren contrarias al planeamiento.
Por otro lado, propone dos alternativas. La primera: modificar el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, para que las VV se definan como actividad no clasificada o inocua, igual que los arrendamientos de temporada, dado que estas no generan molestias ni riesgos significativos y, por tanto, su encaje natural no es el de una actividad clasificada.
La segunda opción: modificar el Reglamento de Actividades Clasificadas (Decreto 86/2013) para incluir a las VV dentro del Artículo 69: Actividades Exentas, tal como ya ocurre con los hoteles y apartamentos turísticos sujetos a autorización previa.
La alcaldesa moganera ha insistido en que si ninguna de estas propuestas se incorpora, la nueva Ley acabará con las viviendas vacacionales en Canarias, afectando a miles de familias que complementan sus ingresos con esta actividad, creando inseguridad jurídica y colapsando la gestión municipal. Y todo en beneficio de los grandes empresas hoteleras.
Bueno ha informado que el recurso directo de inconstitucionalidad frente a una norma con rango de Ley como esta ha de interponerse en un plazo de 3 meses desde la publicación y en efecto, los únicos legitimados son: el presidente del Gobierno, 50 senadores/diputados y el Defensor del Pueblo.