La reciente intervención de Gustavo Santana en el Parlamento de Canarias dejó algo muy claro: la nueva Ley de Vivienda Vacacional de Coalición Canaria nace para proteger a los grandes tenedores y castiga injustamente a quienes solo quieren vivir tranquilos en su propio hogar.
Ante esta realidad, sorprende —o quizá ya no tanto— la reacción airada de la alcaldesa Onalia Bueno, que ahora intenta presentarse como defensora del vecino frente a la misma ley que ella contribuyó a apuntalar.
Porque conviene recordar los hechos. Onalia Bueno formó parte de la cúpula de Coalición Canaria, trabajó políticamente bajo sus siglas y pidió abiertamente el voto para CC en las últimas elecciones autonómicas. Ese apoyo incondicional, motivado por su ambición de proyectarse más allá de Mogán, la convierte en corresponsable de la norma que castiga a tantas familias del municipio y no resuelve la problemática existente.
Y el daño causado por esa problemática no resuelta ya tiene nombre propio: Antonia, vecina de Mogán.
Antonia lleva 20 años viviendo en la casa familiar, compartida con su hija. Pero con la nueva Ley de Vivienda Vacacional, estos días ha recibido una sanción — denunciada a través de la Plataforma de Afectados — por una razón tan absurda como reveladora: no explotar turísticamente su hogar y residir en él como vivienda habitual.
Este es el verdadero efecto de la ley que Onalia Bueno ayudó a avalar: no resolver la problemática que penaliza a quienes deciden vivir en su casa en lugar de convertirla en un negocio. Una norma que, como ya denunció Gustavo Santana en el Parlamento de Canarias, nace para beneficiar a unos pocos a costa del bienestar de muchos.
Desde el PSOE Mogán, defendemos un modelo justo:
✔ que proteja la convivencia,
✔ que garantice el derecho a la vivienda,
✔ y que no castigue a familias como la de Antonia por el simple hecho de querer vivir en su propio hogar.
El oportunismo político podrá hacer mucho ruido, pero los hechos hablan más alto.