El presidente del Cabildo de Gran Canaria advierte del impacto económico y geopolítico del proyecto portuario marroquí
Morales reclama responsabilidad institucional y respeto a la legalidad internacional en el Sáhara Occidental con “una política exterior responsable”
Gran Canaria, 1 de diciembre de 2025. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado su preocupación ante la misión comercial impulsada por PROEXCA, en colaboración con FEDEPORT, al puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, un territorio todavía pendiente de descolonización según Naciones Unidas. Morales considera que promover Dajla no puede considerarse diplomacia económica, sino “un error estratégico que Canarias no puede permitirse” porque “no responde a sus intereses” y supone “un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar”.
Morales afirma que no es razonable que una institución pública del Gobierno de Canarias promueva que empresas del sector portuario del Archipiélago se posicionen en un enclave que Marruecos diseña “para competir directamente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas”, una infraestructura que define como “motor esencial de diversificación económica, empleo y conectividad de Gran Canaria” en lugar de reforzar el papel estratégico del sistema portuario canario.
El proyecto Dakhla Atlantique, una proyecto de 1.300 millones de euros, está concebido como un gran nodo logístico entre África, Europa y América. Su desarrollo busca captar tráficos internacionales y competir directamente con los puertos canarios, especialmente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas, uno de los principales motores económicos del archipiélago. Operaría, además, en un entorno regulatorio más laxo que el europeo, con menores obligaciones fiscales, laborales y ambientales, lo que generaría una competencia difícil de igualar para el sistema portuario regional.
Un contexto jurídico y político que no puede ignorarse
El Sáhara Occidental sigue reconocido como territorio No Autónomo, y su ocupación por Marruecos vulnera la legalidad internacional, tal como recuerdan resoluciones de la ONU y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Participar en misiones económicas que favorezcan el desarrollo de infraestructuras en ese territorio sin consentimiento del pueblo saharaui se ha descrito por organizaciones internacionales como un “campo minado legal”, tanto para instituciones como para empresas.
Estas actuaciones también se enmarcan en un proceso más amplio: el refuerzo de proyectos marroquíes que en los últimos años han competido directamente con sectores estratégicos canarios, desde el tráfico de mercancías hasta la pesca o la captación de inversiones. Iniciativas militares, energéticas y extractivas próximas al archipiélago refuerzan la necesidad de una lectura geopolítica atenta.
Organizaciones internacionales y expertos han calificado estas operaciones como un “campo minado legal”, advertencia que el presidente grancanario considera especialmente grave para las empresas canarias implicadas. Recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los acuerdos económicos con Marruecos no pueden incluir territorios del Sáhara Occidental sin consentimiento explícito del pueblo saharaui, lo cual añade un riesgo jurídico significativo para cualquier actividad empresarial apoyada desde instituciones públicas.
Desde la perspectiva del Cabildo, apoyar proyectos en Dajla no es un gesto neutral: implica, aunque sea indirectamente, otorgar respaldo económico a una ocupación que vulnera la legalidad internacional y compromete la posición geopolítica de Canarias como región ultraperiférica europea situada en un área de creciente tensión estratégica.
“Lo que está en juego es mucho más que la participación de unas cuantas empresas en una misión comercial”, sostiene Morales. “Lo que se compromete es la coherencia de la acción exterior del Gobierno de Canarias, nuestra responsabilidad institucional y la defensa de los intereses económicos, sociales y geopolíticos de las islas”.