En una entrevista en Radio Faro, Rosa Rodríguez, directora y coordinadora del informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas —el octavo que elaboran—, alertó de que el Estado del bienestar (dependencia, sanidad y pensiones) se está volviendo muy difícil de mantener en Canarias por el envejecimiento acelerado y, sobre todo, por la falta de infraestructuras y de recursos suficientes, en un contexto en el que la presión fiscal ya es elevada y, según sostuvo, no parece viable seguir incrementándola sin ahogar aún más a la población.
Rodríguez subrayó que cuando se pagan impuestos se espera recibir servicios, pero advirtió que la administración no está demostrando capacidad para responder a unas necesidades crecientes. En su opinión, el problema no solo es canario: señaló que en Europa ya se cuestiona el modelo de Estado del bienestar, citando que países como Alemania y Francia están planteando límites de sostenibilidad.
Envejecimiento: cifras que “tensan” el sistema
Indicó que entre 2000 y 2022 la población de 65 años o más creció en Canarias alrededor de un 87%, más del doble que la media estatal, y que en 2024 ese grupo ya representa cerca del 18% de la población.
Advirtió que en los próximos años el peso de la población mayor seguirá subiendo con fuerza (mencionando previsiones de alcanzar aproximadamente el 25% y acercarse al 30% en horizontes cercanos), y afirmó que no estamos preparados.
Dependencia: listas de espera y falta de financiación real
Rodríguez destacó como uno de los datos más graves el tiempo medio para resolver el PIA, que situó en 567 días, pese a que la ley fija seis meses, y lo vinculó a dos factores: burocracia/funcionamiento lento y, de forma clave, insuficiencia de recursos económicos. Denunció que se aprueban leyes sin “ficha financiera” que permita cumplirlas.
Señaló que en 2024 había 31.700 personas en lista de espera (dato oficial) y que esto supuso un 42% más que en 2023, alertando de que la tendencia va “a más” si no cambia la capacidad del sistema.
Con un cálculo medio de 4.900 € al año por dependiente, estimó que para cubrir esas listas habría hecho falta unos 160 millones de euros adicionales en 2024; y advirtió que, si la tendencia continúa, esa cifra será mayor en 2025 y en los próximos años.
Sobre de dónde saldrían los recursos, fue tajante: “el modelo está fallando” y hay que revisarlo, porque “ya tenemos hambre hoy y vamos a tener más hambre mañana”.
Plazas residenciales: déficit creciente
También puso el foco en la falta de infraestructura sociosanitaria:
Explicó que, aplicando un estándar de referencia (5 plazas por cada 100 personas de 65+), en 2023 Canarias ya tenía un déficit de 9.400 plazas residenciales.
Proyectó que, con el ritmo actual, el déficit se agravaría hasta 10.500 plazas en 2030 y podría rondar 13.000 plazas en 2035.
“No hay dinero” vs “mala gestión”: ambas cosas
Ante la pregunta sobre si el problema es falta de dinero o mala gestión, Rodríguez admitió que la administración debería gestionar mejor los recursos disponibles, pero insistió en que el reto es de tal magnitud que existe un déficit estructural. Añadió que Canarias parte de una situación económica delicada: salarios muy bajos, renta per cápita de las más bajas y una cesta de la compra al alza, por lo que recaudar más vía impuestos podría dejar a muchas familias sin margen para vivir.
Falta de planificación y política “sin aterrizar”
Una de sus críticas más reiteradas fue la falta de planificación: dijo que lo peor es no planificar, y que se necesitaría un gabinete técnico cualificado, multidisciplinar, que analice el problema a fondo, proyecte escenarios y marque cambios con calendario. También expresó que la política “vive en un mundo” que no aterriza lo suficiente en la dimensión real del problema.
Para cerrar, Rodríguez afirmó que las administraciones deberían ser más proactivas y explicar mejor por qué se retrasan y por qué no se cumplen plazos, insistiendo en la idea central del informe: “El Estado del bienestar, tal cual está planteado, no es sostenible.”
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