San Bartolomé de Tirajana es un municipio turístico. Miles de trabajadores sostienen cada día su economía: camareras de piso, cocineros, recepcionistas, personal de mantenimiento, camareros, socorristas, dependientes y policías. Muchos de ellos no viven en el municipio. Se desplazan a diario desde Las Palmas, Vecindario, Arinaga, Carrizal, Telde o Ingenio para trabajar en hoteles, apartamentos, restaurantes y también en la Administración Pública.
Todos ellos tienen algo en común:
se pagan su coche, su gasolina, su mantenimiento y el desgaste del vehículo, sin excepción, para acudir cada día a su puesto de trabajo.
- Ninguna empresa les abona el trayecto.
- Ninguna empresa les facilita un vehículo.
- Ninguna empresa les llena el depósito.
Pero en este municipio parece existir otra realidad paralela.
Porque mientras miles de trabajadores asumen mensualmente de su bolsillo el coste de acudir a trabajar, el Comisario de la Policía Local dispone —según es sobradamente conocido— de un vehículo municipal en exclusiva, un Nissan X-Trail, con combustible incluido, las 24 horas del día y los 365 días del año.
Su domicilio particular, al parecer, se encuentra en La Garita (Telde).
La comisaría, en Maspalomas.
La distancia ronda los 40 kilómetros por trayecto.
Más de 80 kilómetros diarios, lo que supone un coste anual estimado superior a los 3.000–4.000 euros, solo en combustible y mantenimiento, todo a cargo del dinero público. Y eso si el uso se limitara exclusivamente al traslado al puesto de trabajo, algo que, según informaciones no contrastadas, no siempre ocurre.
Igualdad… pero solo para algunos
Resulta llamativo que, en un municipio donde se habla constantemente de igualdad, sacrificio y servicio público, solo un empleado público tenga cubiertos todos los gastos derivados de acudir a trabajar.
Porque si el argumento es que los policías deben actuar incluso fuera de servicio —como establece la ley—, entonces la lógica llevaría a preguntarse:
- ¿por qué no se facilita un vehículo a cada policía local?
- ¿o también a cada jefe de área municipal, como el jefe de bomberos?
- ¿o a cualquier empleado municipal con “responsabilidad”?
La respuesta es evidente: porque la ley no dice eso.
Y porque el deber de actuar no convierte un coche municipal en un coche particular encubierto, con todos los gastos sufragados por los vecinos a través de sus impuestos.
Resulta aún más llamativo que este vehículo de uso exclusivo sea, además, prácticamente nuevo, mientras que una parte importante de la flota policial presenta deficiencias mecánicas recurrentes, obligando a que numerosos coches patrulla permanezcan en talleres durante largos periodos, con el consiguiente coste económico añadido para el Ayuntamiento. Todo ello se traduce en una realidad difícil de explicar a los vecinos: menos vehículos disponibles para patrullar, menos capacidad de respuesta y una Policía Local que, en demasiadas ocasiones, carece de medios suficientes para atender adecuadamente las demandas ciudadanas, mientras un coche municipal permanece reservado para uso exclusivo.
Restaurantes, gasolina y… ¿dietas?
La ironía se acentúa cuando, al parecer, el vehículo municipal es visto circulando por el municipio para fines que difícilmente encajan en la operativa policial, en numerosas ocasiones sin uniforme, y en contextos alejados de una supuesta “emergencia permanente”.
Visto el panorama, no debería sorprender a nadie que algún día se descubra que también se abonan comidas o gastos de representación, porque cuando el dinero no es propio, la frontera entre lo público y lo privado se vuelve peligrosamente difusa.
Sueldo limpio, bolsillo intacto
Mientras tanto, el Comisario percibe miles de euros mensuales, con un añadido nada desdeñable:
- no paga desplazamientos,
- no paga combustible,
- no asume desgaste del vehículo,
- no asume mantenimiento.
Es decir, dinero limpio, mientras el resto de trabajadores —públicos y privados— se lo pagan absolutamente todo de su bolsillo.
Y nadie pregunta nada
Y aquí llega lo verdaderamente llamativo.
¿Qué hace el alcalde, Marcos Aurelio, permitiendo esta situación?
Si es legal, debería demostrarse con transparencia:
- ¿dónde está el Decreto que autoriza el uso exclusivo del vehículo?
- ¿cuáles son las condiciones de esa cesión?
- ¿existe libro de ruta y control de kilometraje?
¿Y la oposición?
Ni PSOE, ni Primero Canarias, ni Nueva Canarias, ni ningún otro partido político parece interesado en solicitar esa documentación elemental.
Tal vez porque no molesta demasiado que el dinero público pague el coche, la gasolina y el confort de un jefe, mientras miles de ciudadanos se aprietan el cinturón cada mañana para ir a trabajar.
En fin.
Un municipio turístico donde unos trabajan y pagan, y otros trabajan… y se lo pagan todo.
Eso sí, siempre en nombre del servicio público.
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