En su sección “El Dedo en la Llaga” en Radio Faro, Yair Rodríguez retoma la tertulia con un tono directo y crítico. Arranca hablando de su día a día como autónomo y deriva hacia una reflexión sobre los servicios públicos: defiende que pagar impuestos es necesario, pero subraya que lo inaceptable es que luego fallen los servicios básicos, insistiendo en la responsabilidad profesional y la necesidad de supervisión y control para garantizar una atención digna en ámbitos como la sanidad o la educación.
A continuación, aborda la polémica por la campaña de prevención del uso del preservativo en Carnaval y la reacción de ciertos colectivos religiosos: sostiene que este tipo de campañas son salud pública (ETS y embarazos no deseados) y critica que se intente boicotear un mensaje preventivo, pidiendo debate, pero con coherencia y realismo social.
El núcleo de su intervención se centra en el “Decreto Canarias”, que presenta como una respuesta a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023, afirmando que esa parálisis limita nuevas políticas y obliga a Canarias a “dejar de esperar” y exigir el cumplimiento de compromisos ya firmados. Defiende que el decreto busca “poner negro sobre blanco”, lo acordado y evitar que el archipiélago quede bloqueado por negociaciones estatales.
Rodríguez explica el decreto en dos grandes pilares:
Medidas sociales y económicas: refuerzo del “escudo social” (pobreza, dependencia), vivienda, empleo, apoyo a la economía familiar y mantenimiento de medidas como el transporte público gratuito, reclamando que no sean soluciones temporales sino estables.
Más capacidad de decisión (autogobierno/gestión cercana): mayor margen en asuntos estratégicos como costas, conectividad/aeropuertos, despliegue y financiación de la policía autonómica, y presencia de Canarias en mesas que le afectan directamente, especialmente en materia migratoria y relaciones exteriores vinculadas a rutas atlánticas.
En el plano político, señala como opinión personal que parte de la oposición está frenando la iniciativa por cálculo o alineamientos partidistas; menciona a PSOE, Vox y Nueva Canarias, y contrapone esa actitud a la idea de que el decreto debería ser “de todos los canarios”, no de Fernando Clavijo ni de siglas. También reivindica que muchos avances recientes se sostuvieron gracias a fondos europeos, citando los Next Generation de la Unión Europea.
En la parte final, abre un bloque más filosófico y social: critica la polarización, alerta del crecimiento de discursos extremos y defiende la importancia del pensamiento crítico, la participación democrática y la vida en comunidad. Cierra con una llamada a no mirar esto como una pelea de partidos, sino como una exigencia de cumplimiento hacia el Estado en favor de los Canarios.
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