La tensión política y administrativa vuelve a situarse en el centro del debate en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El concejal Samuel Henríquez Quintana ha presentado un nuevo requerimiento formal dirigido al alcalde presidente, Marco Aurelio Pérez, denunciando lo que considera una actuación “consciente y reiterada” de inactividad administrativa por parte del consistorio, en relación con un recurso de reposición presentado el 10 de diciembre de 2025 contra el Decreto 7149/2025, relativo a la atribución temporal de funciones de una jefatura de área municipal.
En su escrito, Henríquez sostiene que el Ayuntamiento ha dejado transcurrir sobradamente el plazo legal de un mes para resolver y notificar ese recurso sin emitir una resolución expresa, incumpliendo, según expone, las obligaciones recogidas en la Ley 39/2015. Pero la crítica no se queda solo en el retraso. El concejal eleva el tono y denuncia que tampoco se le ha facilitado el expediente administrativo ni el decreto impugnado, pese a haberlos solicitado reiteradamente. Para el edil, esto no es una simple demora burocrática, sino una vulneración directa de su derecho a ejercer labores de control y fiscalización como miembro de la corporación.
El escrito describe un escenario especialmente delicado, porque no solo cuestiona la falta de respuesta institucional, sino también las consecuencias que esa falta de actuación podría estar teniendo en la gestión municipal. Henríquez advierte de que el decreto recurrido continúa produciendo efectos y que, mientras no se suspenda cautelarmente ni se resuelva el recurso, podrían seguir dictándose informes, resoluciones y actos administrativos desde un puesto cuya cobertura considera viciada de nulidad. A su juicio, esto compromete la legalidad de expedientes en áreas sensibles como Presidencia, Recursos Humanos, Cultura, Igualdad, Juventud y Educación.
La gravedad política del escrito aumenta aún más cuando el concejal afirma que esta situación perpetúa una práctica que, según expone, ya habría sido declarada ilegal por sentencias firmes, además de lesionar principios básicos como los de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a puestos de responsabilidad dentro de la administración pública. No se trata, por tanto, solo de un choque entre oposición y gobierno, sino de una denuncia que pone el foco en la forma en la que se están tomando decisiones dentro del aparato municipal y en si se están respetando o no las garantías más elementales del procedimiento administrativo.
El documento también da un salto cualitativo en sus advertencias. Henríquez llega a señalar que la negativa reiterada a resolver y a facilitar el expediente administrativo podría derivar, en función de su intencionalidad, en un supuesto de prevaricación administrativa por omisión. Además, sostiene que esta conducta estaría obstaculizando de facto el ejercicio de las funciones públicas de los miembros de la corporación. Son palabras mayores, que elevan el conflicto desde el terreno político y administrativo al posible plano judicial y penal.
En consecuencia, el concejal requiere al Ayuntamiento que dicte de forma inmediata una resolución expresa y motivada, que suspenda cautelarmente la ejecutividad del decreto recurrido, que remita íntegramente el expediente administrativo y que identifique a la unidad responsable de la tramitación, así como a los funcionarios y autoridad competente implicados en la falta de resolución en plazo. Y advierte de que, si persiste esta inactividad, acudirá a la vía contencioso-administrativa, a otras acciones por vulneración del derecho de acceso a la información y, llegado el caso, a la jurisdicción penal.
Más allá del contenido jurídico, este escrito vuelve a dejar en evidencia un problema político de fondo en San Bartolomé de Tirajana: cuando la administración no responde, no solo se retrasa un expediente, también se erosiona la confianza en las instituciones. La falta de transparencia, la ausencia de respuestas en plazo y la negativa a facilitar documentación a un concejal no pueden normalizarse en un ayuntamiento que está obligado a rendir cuentas. Si lo denunciado se confirma, estaríamos ante algo más serio que una simple descoordinación interna: un bloqueo institucional con consecuencias directas sobre la limpieza administrativa y el control democrático.