La portavoz del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, repasó en Radio Faro varios de los asuntos que, a su juicio, evidencian la falta de transparencia, la descoordinación y la mala gestión del actual grupo de gobierno municipal. Durante la entrevista, Narváez puso el foco en cuestiones que van desde el polémico reparto de entradas para la Gala Drag del Carnaval Internacional de Maspalomas hasta la gestión del espacio público, la situación de El Tablero, el contrato de publicidad en vía pública y la actuación política del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal.
Uno de los primeros asuntos que abordó fue el malestar generado por el reparto de entradas para la Gala Drag Queen. Narváez aseguró que la ciudadanía está “muy enfadada” porque, según trasladan muchos vecinos, la plataforma habilitada para conseguir invitaciones se agotó prácticamente en segundos, mientras crecían las quejas por un posible reparto previo en entornos vinculados a Coalición Canaria. La portavoz socialista afirmó que, año tras año, se percibe un “lado oscuro” en el reparto de entradas, especialmente en la gala más demandada del carnaval, y denunció que muchas personas le han trasladado que vieron cómo se repartían invitaciones entre amistades, familiares y personas cercanas al entorno político que gestiona el área de Festejos. En ese sentido, reclamó más justicia y transparencia, defendiendo que las entradas deben estar realmente disponibles para la ciudadanía y no reservarse para círculos próximos al poder.
Narváez sostuvo que no cuestiona el uso de una plataforma digital ni el reparto físico, pero sí el hecho de habilitar un sistema que, en la práctica, no permite a casi nadie acceder a las entradas. Criticó además que ni siquiera se tenga el gesto de permitir a la oposición disponer de invitaciones que, si no van a usar, puedan ceder a otras personas. Para la portavoz socialista, la polémica no radica en que la demanda sea altísima y el aforo limitado, algo que da por hecho, sino en que las invitaciones no se pongan verdaderamente a disposición del público general.
Sobre el estado del municipio tras las borrascas y el carnaval, Narváez reconoció que el Ayuntamiento, especialmente desde el área de Seguridad, ha estado “a pie de cañón” y cerca de los vecinos durante los momentos más complicados, sobre todo en los barrios más afectados. No obstante, advirtió de que, pasada ya la fase de emergencia, toca actuar sobre lo que sigue pendiente: árboles caídos desde comienzos de marzo, señales rotas, suciedad acumulada y, en el caso de Campo Internacional, los efectos de alcantarillas desbordadas que dejaron a la vista compresas, toallitas y residuos fecales. Según explicó, el PSOE lo que reclama ahora es una intervención decidida para recuperar la normalidad y atender también la dimensión sanitaria de estos espacios.
La portavoz socialista también se mostró muy crítica con la colocación de un autocompactador junto al centro de mayores con Alzheimer en San Fernando. Aseguró que entiende la dificultad de ubicar este tipo de instalaciones, porque nadie quiere tenerlas cerca, pero subrayó que situarlas “pared con pared” con un centro de estas características demuestra una alarmante falta de sensibilidad. Según expuso, en ese espacio las personas mayores pasan mucho tiempo al aire libre, en el jardín o realizando actividades, y colocar ahí un punto de basura que, además, suele presentar problemas de suciedad, malos olores, insectos y otros inconvenientes, le parece una muy mala decisión. A su juicio, el grupo de gobierno pasará a la historia por la “brillante idea” de ubicar estos dispositivos en zonas tan delicadas y por la mala gestión de la limpieza en el municipio.
Uno de los bloques más duros de la entrevista llegó al abordar la figura de Alejandro Marichal, a quien Narváez calificó como un “kamikaze de la política municipal”. La socialista argumentó que lo verdaderamente grave no es la dureza de la expresión, sino la manera en que, a su juicio, se está gestionando desde sus áreas. Le reprochó presumir de formación jurídica y dar lecciones en los plenos mientras, al mismo tiempo, siguen apareciendo informes técnicos negativos o de reparo en expedientes clave. Puso como ejemplo el caso de VISOCAN, asegurando que Marichal decidió entregar 35 millones de euros a una empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias en lugar de hacerlo a GESVISUR, que es la empresa municipal específicamente destinada a construir y rehabilitar viviendas. Según explicó, ese expediente acumula al menos cuatro informes negativos, procedentes de asesoría jurídica, patrimonio, vivienda e intervención, lo que, en su opinión, demuestra que no se están respetando los procedimientos y que se está poniendo en riesgo dinero público y un asunto tan sensible como la política de vivienda.
En esa misma línea, Conchi Narváez se detuvo en la gestión de la publicidad en vía pública, insistiendo en que siempre consideró un error intentar llevar ese servicio a la empresa municipal de vivienda. Para ella, la pretensión de municipalizar la gestión de vallas y mupis no respondía a un verdadero interés general, sino al intento de que Alejandro Marichal pudiera controlar mejor un instrumento de exposición pública de cara a futuras elecciones. Recordó que ya advirtieron en plenos y medios de comunicación que esa vía no era correcta, y subrayó que ahora un informe de patrimonio confirma que ese servicio no puede gestionarse a través de la empresa municipal de vivienda, sino que debe salir a licitación. Además, señaló que el mismo informe requiere aclaraciones sobre cantidades económicas que la empresa adjudicataria debía haber abonado en 2024 y cuya justificación, según dijo, no aparece suficientemente explicada.
Narváez insistió en que el problema no es solo político, sino también jurídico y administrativo. A su juicio, Marichal ha seguido adelante en varias ocasiones pese a las advertencias técnicas, algo que considera muy peligroso porque cualquier expediente puede acabar denunciado, paralizado o anulado, con el consiguiente daño para el interés público. Frente a ello, reivindicó que durante sus mandatos no continuó nunca adelante con informes negativos de reparo y contrapuso su situación judicial derivada del caso del congreso de habilitados nacionales, donde, según recordó, lleva casi cuatro años investigada sin que existiera ni un solo informe técnico negativo sobre aquel expediente. Afirmó que esa experiencia le sirve para mostrar cómo se utiliza muchas veces la justicia para desgastar políticamente al adversario, mientras asuntos realmente urgentes siguen esperando resolución en los juzgados.
Otro frente que abordó fue el de los contratos vencidos en el municipio. Narváez reconoció que se trata de una problemática arrastrada desde hace años y que algunos expedientes fueron regularizados en el mandato anterior, aunque otros quedaron pendientes. Aseguró que esta situación constituye una “bomba de relojería” desde el punto de vista jurídico y defendió que el actual gobierno, y cualquier futuro ejecutivo municipal, debe hacer un esfuerzo serio para actualizar todos los contratos y concesiones que estén caducados. Citó de forma expresa la publicidad exterior, las hamacas y sombrillas y otras concesiones patrimoniales que, a su juicio, deben revisarse para comprobar si se están pagando correctamente, si se ajustan a la legalidad y si garantizan la igualdad de oportunidades para las empresas interesadas en prestar esos servicios.
En relación con hamacas y sombrillas, explicó que su posición no es idéntica a la del gobierno, pero defendió que se trata de un expediente diferente al de la publicidad en vía pública, y que en su momento ya contó con informes favorables para su municipalización, aunque luego no se ejecutó correctamente. Aclaró que ella no tiene sobre la mesa ningún informe negativo que impida gestionarlo desde una entidad pública municipal, y que la diferencia con otros expedientes está precisamente ahí: en que no se puede tachar una propuesta política de inviable sin que exista un informe técnico que la desmonte. A su juicio, lo que falta al gobierno es valentía política para decir claramente si quiere licitar el servicio porque prefiere un modelo de gestión privada, en lugar de desacreditar otras opciones sin argumentarlas con claridad.
La entrevista también se detuvo en El Tablero, donde Narváez denunció la falta de aparcamientos y el retraso en la apertura de las plazas de la calle Vega Monroy. Señaló que el barrio está “patas arriba”, entre calles cortadas, obras, suciedad, falta de alumbrado y carencia de espacios de estacionamiento, y reclamó que, si esas plazas no están oficialmente habilitadas, se habiliten cuanto antes porque serían un auténtico balón de oxígeno para la zona. También cuestionó que siga cerrado el parque infantil ya terminado, y lamentó que el barrio esté cada vez más “apretado y encorsetado”. Además, recordó que siguen sin conocerse avances sobre el parking junto a Mercadona prometido en campaña electoral por el alcalde Marco Aurelio Pérez, así como sobre la adecuación de otros espacios que podrían aliviar tanto la falta de aparcamiento como la escasez de zonas de ocio para los más jóvenes.
Por último, Conchi Narváez hizo una valoración general del pacto de gobierno entre PP-AV y C.C., asegurando que su principal debilidad es la falta de coordinación, de respeto y de lealtad entre socios. A su entender, cada área funciona por libre, con una lógica de “tú no te metes en mi concejalía y yo no me meto en la tuya”, lo que impide una dirección política coherente para un municipio tan importante como San Bartolomé de Tirajana. Según afirmó, ve a los socios más pendientes de los errores del otro que de remar juntos en la misma dirección, y considera que esa desconfianza interna está acabando por debilitar la acción de gobierno y trasladando una imagen de caos, improvisación y sálvese quien pueda.
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