El abogado Kevin Paz pasó por los micrófonos de Radio Faro para analizar dos asuntos de máxima actualidad: el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta y el avance judicial de dos de los grandes procedimientos políticos y penales del país, los casos Kitchen y mascarillas. En materia fiscal, recordó que la campaña arranca este 8 de abril y se prolonga hasta el 30 de junio, subrayando que este año llegan novedades importantes, con más control sobre criptomonedas, cambios vinculados a la vivienda y nuevas obligaciones para determinados contribuyentes.
Kevin Paz explicó que, como regla general, estarán obligados a presentar la declaración quienes superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador o los 15.000 euros cuando existan varios pagadores, poniendo como ejemplo el caso de una persona que haya cobrado parte del año del SEPE y parte de una empresa. También hizo especial hincapié en la vivienda, señalando que el IRPF se está utilizando como herramienta de política pública, con cambios en las reducciones para propietarios y con incentivos a quienes bajen alquileres en zonas tensionadas. Además, aclaró que en algunos casos los arrendadores deben declarar rentas aunque no las hayan cobrado, siempre que no se haya articulado correctamente la reclamación judicial de esas cantidades.
Durante la entrevista insistió en que muchas personas pagan más de lo que deberían por no conocer bien las deducciones a las que tienen derecho. Entre las más olvidadas citó los gastos educativos, las guarderías, las deducciones para familias numerosas, el alquiler de vivienda habitual para inquilinos, y también las actuaciones de eficiencia energética en el hogar, como cambio de ventanas o aislamiento, siempre que puedan acreditarse. También destacó el peso creciente de los donativos, explicando que los primeros 150 euros pueden deducirse hasta en un 80%, mientras que el resto puede alcanzar entre el 35% y el 40%, siempre que se trate de entidades reconocidas legalmente. Añadió que el límite deducible por donaciones se vincula a la base liquidable, es decir, al importe sobre el que realmente Hacienda calcula el impuesto.
Kevin Paz también recordó otros conceptos que suelen pasarse por alto, como las cuotas de colegios profesionales, sindicatos, gastos de defensa jurídica, seguros vinculados a hipotecas o préstamos y determinadas deducciones aplicables a los autónomos, especialmente cuando desarrollan su actividad desde casa. En ese punto advirtió de que la Agencia Tributaria vigila con especial atención los suministros, dietas o gastos del vehículo, y alertó sobre el riesgo de imputar indebidamente gastos personales como si fueran estrictamente profesionales. Su consejo fue claro: revisar bien el borrador, actuar con paciencia y, si es posible, ponerse en manos de profesionales, porque un error puede acabar costando mucho más entre liquidación complementaria, sanciones y revisiones posteriores.
La conversación giró después hacia la actualidad judicial, empezando por el caso Kitchen, cuyo juicio ya ha arrancado. Kevin Paz explicó que lo que se está juzgando es si desde el Ministerio del Interior se organizó una operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de recuperar documentación comprometida antes de que llegara a los tribunales. Según expuso, la acusación sostiene que se habría captado a un confidente cercano a Bárcenas, pagándole con fondos reservados, y accediendo a información privada. Los delitos principales que se analizan son malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos, en un procedimiento que, a su juicio, no solo pone sobre la mesa posibles responsabilidades penales individuales, sino también el uso del aparato del Estado con fines presuntamente ilícitos y partidistas.
Respecto al llamado caso mascarillas, Kevin Paz recordó que se trata de una de las grandes derivadas judiciales de la pandemia, centrada en contratos públicos de emergencia para la compra de material sanitario. Explicó que la investigación busca determinar si, aprovechando la flexibilización de controles durante la COVID, hubo sobreprecios, intermediarios innecesarios, comisiones irregulares e incluso contratos adjudicados a empresas sin experiencia previa. En este caso, los posibles delitos abarcan desde fraude a la administración y tráfico de influencias hasta malversación y, en algunos supuestos, organización criminal. Kevin Paz subrayó que aquí la clave está en demostrar si hubo una gestión urgente, pero legal o si alguien se aprovechó ilícitamente de esa urgencia para lucrarse.
El abogado apuntó además que, en este procedimiento, una de las claves procesales estará en acreditar si existió dolo, es decir, intención real de defraudar y obtener beneficio económico, y recordó que no basta con que una operación saliera mal o con que el material no llegara o resultará defectuoso. También se refirió a la estrategia judicial y a las diferencias entre acusados, mencionando que el empresario Aldama ya habría reconocido hechos, algo que puede influir claramente en la petición de penas y en la evolución del juicio. Sobre los tiempos, se mostró prudente, aunque dejó entrever que una de las dos sentencias, la de Kitchen o la de mascarillas, podría conocerse en torno al mes de agosto, abriendo también una reflexión sobre la memoria política y ciudadana en un contexto preelectoral.
Como conclusión, Kevin Paz defendió que pagar impuestos es una obligación que sostiene los servicios públicos y las garantías sociales, pero insistió en que el ciudadano no debe pagar de más por desconocimiento. Y, al mismo tiempo, reclamó una mirada crítica sobre cómo las grandes estructuras políticas y económicas utilizan las reglas del sistema, tanto en materia fiscal como en los grandes escándalos judiciales que siguen marcando la actualidad nacional.
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