Las Islas Canarias conforman un archipiélago situado a poco más de 100 kilómetros de la costa africana. Aquí habita una sociedad acostumbrada a los flujos migratorios. En algunos momentos de su historia la situación económica y política ha obligado a parte de su población a migrar en busca de nuevas oportunidades. En las últimas décadas hemos sido tierra de oportunidad para personas de diferentes latitudes que han encontrado aquí un lugar para vivir. En concreto, en las tres últimas décadas se ha sumado una circunstancia que nos tiene en constante alerta y alarma: el intento por llegar a Europa y sobrevivir de personas que salen en cayuco, pateras o neumáticas de los diferentes países vecinos de las islas, principalmente Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania y Senegal.
El Estado español gestiona, con negligencia sostenida en el tiempo, esta frontera de su territorio y, además, toma decisiones sobre ella de espaldas a las instituciones que democráticamente hemos elegido las personas que aquí vivimos. El artículo 144 de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado en el Parlamento de Canarias y refrendado en el Congreso de los Diputados, dice: La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos en la legislación sectorial y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos en el presente Estatuto. Y lo cierto es que se han tomado decisiones que afectan directamente a esta ruta migratoria o se ha llegado a acuerdos con países terceros en los que la voz de Canarias no ha sido tenida en cuenta y ni siquiera hemos sido consultados. No hablamos de insolidaridad, sino del fino retrato de la percepción colonial por parte del Estado de un territorio de ultramar como Canarias.
Mientras, la Unión Europea ha levantado muros y externalizado fronteras sin que este archipiélago anclado en medio del Atlántico reciba el apoyo necesario para atender a quiénes huyen de la pobreza, de la violencia o el cambio climático. Tampoco se ha aprobado la inversión necesaria en origen para facilitar su desarrollo y revertir una situación que mata e invisibiliza a miles de personas en un Océano Atlántico convertido en una desgraciada fosa común.
La irresponsabilidad del Gobierno de España, el desprecio del PP a su participación en la búsqueda de soluciones, el portazo de todas las comunidades (salvo Cataluña y País Vasco) a compartir la acogida de menores y la percepción de que en esta materia desde la UE se trata a Canarias como un territorio de segunda, está generando enormes frustraciones en la ciudadanía.
No estamos ante algo atribuible a una emergencia transitoria, a un momento puntual. Por esta frontera sangra la humanidad desde hace décadas y la intensidad de la herida ha aumentado en los últimos años. Según datos de ACNUR, en 2023 arribaron a las islas más de 39.000 personas. Para el Ministerio del Interior del Gobierno de España en 2024 arribaron 46.483 personas. La respuesta del Estado sigue anclada en una óptica de emergencia. Y esa óptica condiciona el desarrollo sostenible de los flujos migratorios y es culpable de que la reacción haya sido lenta, improvisada y, en no pocos casos, inhumana. Y Canarias, en este tiempo, se enfrenta a centros de acogida saturados, falta de recursos sanitarios en determinados puntos del archipiélago y una creciente tensión social alimentada por el abandono institucional. La crisis de los cayucos del 2006 ha sido ampliamente superada.
El filósofo Santiago Alba Rico en su artículo Europa, fortaleza sin puertas afirma que “Europa no externaliza solo sus fronteras; externaliza también su suciedad, su culpa y su violencia. Y lo hace hacia el Sur, como siempre, porque el Sur no es una dirección geográfica sino una jerarquía histórica. Los mismos países que esquilmaron África durante siglos le exigen ahora que custodie sus fronteras y reciba sus deportaciones”. España, como puerta de entrada a la Unión Europea, ha firmado acuerdos con países africanos para frenar las migraciones, pero no ha desarrollado un sistema digno de acogida en Canarias, ni cumple con el auto del Supremo que le obliga a acoger menores solicitantes de protección internacional que están en Canarias, ni tampoco ha logrado una coordinación efectiva para una distribución equitativa entre comunidades autónomas que garantice la igualdad entre niños y niñas migrantes acogidos en las islas. Se aplica una suerte de contención forzosa a los menores de edad sin referentes adultos.
La periodista y activista Helena Maleno, de Caminando Fronteras, acierta cuando denuncia que Canarias es el laboratorio de las políticas migratorias más crueles. Se deja a las personas en condiciones infrahumanas para disuadir a otras de venir, pero eso no resuelve nada. Solo multiplica el sufrimiento.
Esta insolidaridad sostenida en el tiempo no solo afecta a las personas migrantes expuestas a la necesidad, muerte y situaciones de exclusión social debida a la mala gobernanza de los flujos migratorios. También a la población canaria. Los municipios, los cabildos y el Gobierno de Canarias asumen una cobertura de la emergencia con inversiones necesarias y urgentes y la xenofobia encuentra en esta situación un sustrato abonado por la inacción y la falta de respuesta. El sociólogo Sami Naïr, especialista en movimientos migratorios, viene señalando en reiteradas publicaciones que cuando un territorio es usado como muro y luego ignorado se genera un caldo de cultivo para el resentimiento. En su libro El porvenir de la movilidad humana deja claro que “la gestión represiva de las migraciones no solo fracasa, sino que alimenta el racismo y la fractura social. La solidaridad debe ser material, no retórica”. O dicho de otra forma debe traducirse en recursos y corresponsabilidad.
Desde el Cabildo de Gran Canaria, a través del programa Gran Canaria Convive, estamos trabajando de cerca con los municipios para atender las demandas locales vecinales. Lo estamos haciendo desde un enfoque intercultural y de proximidad, sabiéndonos parte de un mapa global migratorio pero sin dejar de atender la demanda local.
En los últimos meses ha habido un pronunciado descenso de las llegadas por costa, pero aún así y a la espera de conocer si es una tendencia que se consolida por la cierta estabilización de nuestro entorno, necesitamos un sistema de acogida digno, claro, financiado por el Estado, con centros adecuados y protocolos actualizados. Conviene que los mecanismos de distribución de menores estén activados para evitar la saturación en frontera. Conviene que el Estado se implique de forma más decidida en políticas de cooperación con nuestros países vecinos y que se defienda sin complejos que esta inversión no solo repercute en el beneficio de países terceros, sino también en el propio. Y conviene alinear a las fuerzas políticas canarias en una mayor presión sobre la Unión Europea y España para que respalden estas políticas de forma decidida y entiendan que solo por la represión no se va a lograr una gestión óptima de los flujos migratorios. Que entiendan que no somos su patio trasero, ni su laboratorio de políticas migratorias, ni carceleros de sus sueños de homogeneidad racial.
Las africanas Islas Canarias representan en estos momentos un reflejo de las contradicciones de Europa. Si España y la Unión Europea creen en los Derechos Humanos deben actuar con coherencia. No basta con llorar las tragedias en el Atlántico mientras se abandona a los que llegan vivos. Les pido que cumplan con el Estatuto de Autonomía, que cumplan con el auto del Supremo, que activen el mecanismo de distribución de menores migrantes sin referentes adultos y que dejen de tratar a Canarias como una colonia. Y que si no lo hacen, que asuman responsabilidades. Mientras no asuman su responsabilidad, la insolidaridad seguirá siendo una herida abierta que sangra y llora en el Atlántico.
Antonio Morales Méndez.
Presidente del Cabildo de Gran Canaria