La intervención de Vanesa Ramírez en Radio Faro deja una idea que atraviesa todo el análisis: la política está tomando decisiones que afectan al bolsillo y a la convivencia, y si se hace a golpes de relato, quien pierde es la gente. Y esto, en un contexto como el que se vive en Santa Lucía de Tirajana -con ceses, bloques enfrentados y una sensación de “a ver qué pasa mañana”-, se nota el doble: porque cuando lo institucional se agita, lo cotidiano se encarece.
En el plano estatal, la abogada pone sobre la mesa dos debates muy sensibles. El primero: la propuesta anunciada por Pedro Sánchez desde Dubái (en el marco del fondo España Crece gestionado por el Instituto de Crédito Oficial) para limitar el acceso de menores a redes sociales y endurecer la verificación de edad. Vanesa lo apoya con matices: no idealiza la prohibición, pero la defiende como medida provisional ante una realidad que se ha desbordado -bullying amplificado, violencia digital, desinformación, exposición a depredadores- y con un argumento muy claro: la educación debería ir por delante, pero no está llegando a tiempo. Cita además el precedente de Australia y recuerda que el reto no es solo legislar: es coordinación real entre familias, escuela, entorno y Estado.
El segundo debate es aún más de “carne y hueso”: pensiones y “escudo social”. Vanesa insiste en que cuando los decretos se tumban por tacticismo parlamentario -sean del bloque de Sumar o de la derecha de Partido Popular, Vox y Juntos por Cataluña- pierde la ciudadanía: pensionistas y personas vulnerables. Y aquí hace una aclaración que vale oro para cortar ruido: no es lo mismo impago de alquiler (vía civil) que ocupación; y en el escudo social la suspensión se dirige a la vulnerabilidad acreditada, con posibilidad de compensación al arrendador en ciertos supuestos. Su mensaje es contundente: si no se interviene con urgencia en vivienda, el mercado especulativo “no se sostiene y explota”, y el golpe lo reciben los de siempre. Evoca incluso la memoria de la crisis hipotecaria y alerta del riesgo social cuando sube el coste de vida y no hay alternativa habitacional.
A partir de ahí, su análisis se abre a la preocupación global. Con Donald Trump rodeado de grandes nombres tecnológicos como Peter Thiel y Elon Musk, Vanesa conecta piezas: automatización, robotización y abaratamiento del despido como incentivo perverso para expulsar gente del mercado laboral. Y lanza una idea incómoda, pero realista: no solo decidirán gobiernos y empresas; también decide el consumidor cuando normaliza cajas de autocobro, trámites sin personal o servicios automatizados. Por eso defiende la importancia del Ingreso Mínimo Vital como red de supervivencia ante un futuro donde muchos podrían quedar fuera del empleo tradicional.
Y cuando toca hablar de clima y emergencias, también hay mensaje: no basta con decir “esto siempre fue cíclico” si estamos acelerando procesos. Menciona borrascas encadenadas y la inquietud por fenómenos extremos, y enlaza con la comisión por la DANA de Valencia 2024 en el Senado de España, criticando que se use el dolor para embarrar el debate —con alusiones recurrentes a ETA y el recuerdo de Miguel Ángel Blanco en Ermua— en vez de centrarse en responsabilidades y prevención. En ese mismo hilo cuestiona el perfil de oposición de Alberto Núñez Feijóo y apunta a una derecha más europea y menos “fango”, mientras denuncia gestos como el desprecio de Isabel Díaz Ayuso hacia familiares de víctimas en residencias. Y aterriza el asunto donde duele: la sanidad, con procesos de privatización visibles en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias, citando contratos y dinámicas vinculadas a Quirónsalud.
En resumen, el análisis no va de “derechas o izquierdas” como etiqueta fácil. Va de una pregunta más incómoda: ¿quién está protegiendo a la mayoría cuando aprieta la vivienda, cuando se decide sobre desahucios y cuando se juega con el miedo para ganar un titular? Y eso, en un municipio como Santa Lucía, donde la estabilidad política es ya una preocupación real, debería sonar como aviso: cuando el tablero se rompe, el recibo lo paga la gente.
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