En su intervención en Radio Faro, Gustavo Santana (diputado regional y secretario de Organización del PSOE en San Bartolomé de Tirajana) abordó dos frentes con un tono especialmente crítico: el Decreto Canarias y el conflicto por la gestión de hamacas y sombrillas.
Decreto Canarias: “batiburrillo” y desgaste político
Santana defendió que en política debe primar la lealtad institucional y acusó al presidente Fernando Clavijo de usar el Decreto Canarias como una herramienta mediática en clave preelectoral, “una propuesta donde cabe todo”, con un relato que apunta a un “enemigo abstracto”, el “Estado”, para lograr rédito político. Subrayó que no es lo mismo la Agenda Canaria pactada con el Gobierno de España que el Decreto Canarias, y afirmó que el decreto incorpora medidas que no estaban en aquel acuerdo.
También cargó contra Coalición Canaria por, según él, “renunciar a competencias propias” para pedir fuera lo que se puede abordar desde el autogobierno, y sostuvo que el principal bloqueo para muchas medidas no está “arriba”, sino en casa: señaló a Partido Popular como un actor que vota “sistemáticamente” en contra en el Congreso de políticas que impactan en Canarias.
En paralelo, dijo que el PSOE ha planteado un “Canarias en versus” (propuestas alternativas) y criticó la gestión autonómica por dejar sin ejecutar más de 2.000 millones del presupuesto, además de reprochar que una de las primeras medidas del Gobierno canario fuera bonificar al 99% Sucesiones y Donaciones, preguntando “para quién gobiernan”.
Hamacas y sombrillas en San Bartolomé de Tirajana: denuncia de privatización, “falsedades” y falta de transparencia
En el bloque más duro, Santana afirmó que lo que se está impulsando en el municipio no es “reordenación”, sino privatización ,insistió: “desmunicipalizar es privatizar” y acusó al gobierno local de intentar confundir a la ciudadanía con el argumento de que los trabajadores quieren ser empleados públicos y de que “intervención lo prohíbe”.
Aquí centró su ataque en dos ideas:
Que se está usando de forma interesada un informe de intervención, según él, mal leído para justificar el cambio de modelo. Aseguró que el informe no dice que sea imposible integrar a los trabajadores vía empresa pública y sostuvo que el texto habla de límites y ajustes, no de prohibición.
Que el modelo que se plantea entregaría a una “empresa especializada” el 100% de la recaudación, dejando al Ayuntamiento un canon “muy inferior” a los ingresos reales, lo que calificó de “hurto/expolio” de recursos públicos. Advirtió además de riesgos de control y economía sumergida si no se blinda el cobro con medios electrónicos.
Santana citó cifras para reforzar su crítica: recordó que los ingresos del servicio ya son millonarios (habló de históricos y de cómo la subida de precios incrementaría aún más la recaudación), y defendió que el modelo público permitiría que “el 100%” vaya a las arcas municipales para financiar políticas para la ciudadanía.
Además, lanzó acusaciones políticas directas: señaló al concejal Alejandro Marichal como principal defensor del cambio, apuntó al alcalde Marco Aurelio Pérez como interesado en ese desenlace y acusó al edil Samuel Henríquez de incoherencias/votos que habrían facilitado el proceso. Remató con una advertencia: o hay “ignorancia” en la gestión o hay “mala fe”; en ambos casos, dijo, la ciudadanía debería preocuparse.
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