Cada vez que surge un problema en una residencia de mayores ocurre lo mismo: declaraciones indignadas, reproches políticos, promesas de investigación y un aluvión de titulares. Pasan los días, la polémica se enfría y todo vuelve a la normalidad. A esa normalidad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente.
En Lanzarote, en Tías y en tantos otros lugares, la historia se repite desde hace años. No es un episodio aislado ni un fallo puntual del sistema. Es algo mucho más preocupante: un modelo que permite que el cuidado de nuestros mayores se convierta en un negocio administrativo mientras la responsabilidad pública se diluye entre papeles, contratos y silencios.
Las administraciones sacan a concurso la gestión de residencias públicas. Empresas privadas ganan esas adjudicaciones comprometiéndose a cumplir unos pliegos muy claros: ratios de personal, condiciones de atención, calidad del servicio. Sobre el papel todo está perfectamente regulado. El problema es que el papel lo aguanta todo.
Cuando esas condiciones no se cumplen, algo que familiares, trabajadores y vecinos llevan años denunciando, debería activarse el mecanismo de control. Para eso existen inspectores, supervisión pública y capacidad sancionadora. Esa es, precisamente, la función de la administración.
Sin embargo, la realidad demasiadas veces parece otra: inspecciones que no detectan lo evidente, informes que no provocan cambios y expedientes que se abren mientras dentro de los centros todos sigue igual.
Se abre un expediente, se anuncia una investigación, se promete actuar con contundencia.
Pero… los mayores continúan esperando.
No es necesario investigar demasiado para comprobarlo. Basta con revisar la hemeroteca. Los mismos problemas aparecen una y otra vez con el paso de los años. Y no solamente en las residencias o centros sociosanitarios de mayores, también en los CADI. Centros de atención a la discapacidad. Cambian los gobiernos, cambian los responsables políticos y cambian las empresas adjudicatarias, pero el resultado final rara vez cambia para quienes viven en esas residencias.
Y ahí está la parte más incómoda de todo esto: si el problema es conocido, si las denuncias existen y si las herramientas de control están sobre la mesa, entonces la pregunta ya no es qué está pasando.
Mientras tanto, una generación entera, personas que trabajaron, cotizaron y levantaron esta sociedad, termina sus últimos años dependiendo de un modelo donde el contrato parece tener más peso que la dignidad.
La verdadera pregunta no es cuándo estallará el próximo escándalo.
La verdadera pregunta es cuándo alguien tendrá el valor político de reconocer que este sistema, tal como funciona hoy, no está protegiendo a quienes debería proteger.
La pregunta es por qué se permite que siga pasando.
Tal vez porque los mayores no protestan en las calles, no organizan manifestaciones ni generan un coste político inmediato. Tal vez porque, en el fondo, el sistema funciona lo suficientemente bien como para que nadie tenga que asumir responsabilidades reales.
Porque mientras se sigue discutiendo en despachos y ruedas de prensa, hay personas mayores esperando algo mucho más simple: que alguien, por fin, haga su trabajo.
Pedro Lorenzo Rodríguez Reyes.