El alcalde de Santa Lucía de Tirajana defiende que la recusación contra él “se utilizó de manera torticera” y pide que las guerras políticas “se alejen del salón de plenos”
El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana volvió a estar marcado por la tensión política. La sesión, que incluía asuntos de gestión municipal como una modificación de planeamiento para permitir una nueva superficie comercial dedicada a la alimentación, mociones aprobadas por unanimidad y reivindicaciones dirigidas al Gobierno de Canarias, terminó centrando buena parte de la atención en el intento de recusación del alcalde, Francisco García.
En declaraciones realizadas a Radio Faro, el alcalde hizo una valoración positiva de los puntos de gestión tratados en la sesión, pero fue especialmente contundente al referirse al episodio de la recusación. García explicó que esta figura legal existe para apartar a un alcalde o concejal de un expediente cuando existe un interés personal directo, como podría ocurrir, según puso como ejemplo, en una modificación de planeamiento que afectara a terrenos propios o familiares.
Sin embargo, el regidor sostiene que en este caso se intentó utilizar la recusación con una finalidad política. “Utilizaron la recusación de manera torticera para apartarme del expediente”, afirmó Francisco García, al referirse al expediente relacionado con la solicitud de un informe al Gobierno de Canarias sobre la situación de seis corporativos. Según el alcalde, dicha solicitud estaba avalada por la ley y por un informe del secretario municipal.
El alcalde detalló que, a su juicio, no podían participar en la votación los nueve concejales del grupo de la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Municipalista, ni tampoco dos concejales del Partido Popular. Citó expresamente a Eva Lucía, por formar parte del expediente, y a Juan José Ramos, al señalar que mantiene una causa judicial abierta contra él. Además, García explicó que durante la sesión recusó también a Ana Mayor por un expediente vinculado a la Sociedad Municipal de Cultura y Deporte, relacionado con un convenio firmado en 2019, cuando él aún no era alcalde.
El pleno quedó así en una situación compleja. Según relató García, para poder votar la recusación era necesario contar con el número legal de miembros de la Corporación Municipal, fijado en nueve concejales, pero en ese momento solo quedaban ocho personas en disposición de participar. El secretario municipal, según el alcalde, dejó claro durante la sesión que la recusación no podía votarse ni volver a llevarse en esas condiciones.
Francisco García también cargó contra la interpretación realizada posteriormente por Juan José Ramos, del Partido Popular, quien, según el alcalde, defendía que el pleno debía volver a convocarse tres días después. Para el regidor, esa lectura era otra interpretación “torticera”, ya que el pleno, según sostuvo, estaba convocado “en tiempo y forma”.
El alcalde fue más allá y afirmó que las estrategias políticas empleadas por la oposición terminaron volviéndose en su contra. “Yo creo que al final se les ha vuelto en contra las artimañas políticas que están buscando, revolviendo normativas dentro de la administración”, señaló.
Durante la sesión plenaria también se produjeron momentos de tensión entre concejales y el propio alcalde. García hizo referencia a llamadas de atención del secretario municipal y a intervenciones de ediles que le acusaban de mentir. El regidor respondió asegurando que demostró sus afirmaciones con documentación, concretamente con un burofax del presidente de la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Municipalista, en el que, según explicó, se indicaba que su supuesta expulsión no era definitiva porque el acta no había sido aprobada y porque podía generar indefensión jurídica a las personas afectadas.
En este contexto, García pidió que la confrontación partidista deje de ocupar el centro de la vida institucional del municipio. “Lo que sí pido y deseo es que las guerras políticas se lleven a otros espacios, pero que ya se alejen del salón de pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía”, manifestó. El alcalde defendió que el pleno debe servir para trabajar por la ciudadanía, alcanzar acuerdos con otras administraciones y administrar los recursos municipales.
Las declaraciones del alcalde se suman a las posiciones que han venido expresando los distintos actores políticos implicados en esta crisis municipal. Desde la oposición se ha insistido en cuestionar la situación política del grupo de gobierno y en pedir que se aclare la posición de los concejales afectados tras la ruptura con Nueva Canarias. Por su parte, desde el gobierno municipal se defiende que existe respaldo jurídico para mantener la actual situación y se acusa a la oposición de llevar al pleno una batalla que, según el alcalde, no responde a los problemas reales de la ciudadanía.
Francisco García también criticó la judicialización de la vida política municipal, apuntando directamente a Juan José Ramos. “Lo que veo es que lo que no se gana en las sesiones plenarias se está llevando a juzgar”, afirmó. El alcalde añadió que esta sería la tercera recusación a un alcalde de Santa Lucía en apenas siete años y acusó a algunos grupos de estar copiando las formas de hacer política de Ramos y de “la derecha del municipio”.
El pleno deja, una vez más, una imagen de fuerte división política en Santa Lucía de Tirajana. Mientras el gobierno municipal intenta trasladar una imagen de normalidad institucional y continuidad en la gestión, la oposición mantiene abierta la batalla política y jurídica en torno a la composición del grupo de gobierno, la situación de los concejales afectados y la legitimidad de algunas decisiones.
Lo cierto es que, más allá del cruce de acusaciones, el municipio vuelve a ver cómo el debate político queda atrapado en procedimientos, recusaciones, informes y reproches personales, mientras asuntos de interés ciudadano (como la planificación urbanística, la seguridad, los servicios públicos o las inversiones) quedan muchas veces en un segundo plano.
La pregunta que queda ahora sobre la mesa es si los grupos políticos serán capaces de reconducir el debate institucional o si Santa Lucía seguirá viviendo plenos marcados más por la confrontación interna que por las soluciones que esperan sus vecinos y vecinas.