- Negligencia política: El concejal de Seguridad intentó colgarse medallas con anuncios millonarios que solo llegan tras ocultar más de 50 deficiencias e ignorar las alertas sindicales durante los dos últimos años.
- Inspección demoledora: El Ayuntamiento se enfrenta a una posible sanción por obstrucción a la justicia tras bloquear una inspección laboral en 2025.
- Cuenta atrás: A solo 20 días de vencer el plazo legal, las policías siguen cambiándose en los aseos por falta de vestuarios y el armero continúa siendo un peligro.
- La Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios tras detectar graves deficiencias en las dependencias policiales y la evaluación preventiva encargada por el propio Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras adicionales.
- Las mujeres policía no disponen ni de vestuario ni duchas independientes
- STAP denuncia que el concejal lleva más de nueve meses incumpliendo su compromiso de reunirse con los sindicatos y ni siquiera ha respondido a una reciente propuesta de colaboración para mejorar los medios materiales de la Policía Local.
San Bartolomé de Tirajana, 5 junio de 2026. El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Públicas (STAP), que cuenta con dos de los cinco delegados de personal de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, denuncia que las mejoras e inversiones recientemente anunciadas para las dependencias policiales no responden a una planificación preventiva impulsada por la Concejalía de Seguridad, sino a años de reclamaciones sindicales y a la intervención de la Inspección de Trabajo.
Los hechos se remontan a principios de 2025, cuando STAP presentó diversas denuncias por las graves deficiencias existentes en las instalaciones, los medios materiales y las condiciones de trabajo de la plantilla.
Como consecuencia de dichas denuncias, una Inspectora de Trabajo se personó el 2 de febrero de 2025 en las dependencias policiales para realizar una actuación inspectora. Según consta a este sindicato, la inspección no pudo desarrollarse con normalidad, circunstancia que motivó la apertura de un procedimiento sancionador por presunta obstrucción a la labor inspectora contra el Ayuntamiento, procedimiento que al parecer continúa pendiente de resolución.
Ante la persistencia de las denuncias sindicales, el pasado 18 de febrero de 2026 dos Inspectoras de Trabajo volvieron a desplazarse a las dependencias policiales, realizando una inspección completa de las instalaciones y requiriendo diversa documentación preventiva al Ayuntamiento.
Entre la documentación solicitada figuraba la evaluación de riesgos laborales de la Policía Local. Del análisis realizado se desprende que dicha evaluación no había sido objeto de una actualización integral durante más de una década, pese a los importantes cambios experimentados por las instalaciones, los medios y la organización del servicio durante ese periodo y que obligaban ya a actualizarla desde hacía años.
Como resultado de la actuación inspectora, la Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios con un plazo de subsanación de tres meses. Entre las deficiencias detectadas destacan la inexistencia de un vestuario adecuado, problemas de seguridad en duchas y aseos, insuficiencia de taquillas y equipamientos, deficiencias en los puestos de trabajo administrativos, ausencia de protocolos de limpieza de vehículos policiales y graves carencias en las condiciones de seguridad del armero.
Paralelamente, la evaluación y planificación preventiva elaborada por la empresa especializada contratada por el propio Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras adicionales. Entre ellas figuran deficiencias en la zona fría del armero, riesgos de caída en cubierta y azotea, problemas en instalaciones eléctricas, deterioros estructurales, carencias en la señalización de emergencias y falta de determinados medios y equipos policiales exigidos por la normativa aplicable.
Uno de los ejemplos más evidentes del abandono que sufren las dependencias policiales se encuentra en la propia zona de seguridad del armero. El Ayuntamiento ha sustituido un sistema homologado de descarga de armas por un simple barril metálico de cerveza relleno de arena de playa, utilizado para que los agentes descarguen sus armas reglamentarias antes de depositarlas en el armero.
La imagen resulta tan insólita como preocupante: una instalación policial en la que la seguridad de las armas de fuego depende de una solución improvisada que ni siquiera cumple los estándares mínimos exigibles en materia de prevención de riesgos y seguridad operativa. Que esta situación haya persistido durante años refleja mejor que cualquier discurso el estado real de la gestión de la Concejalía de Seguridad.
A falta de solo 20 días para que expire el plazo de la Inspección de Trabajo, no consta que se haya corregido ninguna deficiencia crítica ni las catalogadas como ‘Prioridad I’. José Carlos Álamo pretende presentar como un éxito de gestión lo que en realidad es una rectificación forzada por la ley: primero llegaron las denuncias sindicales, después los requerimientos legales bajo amenaza de sanción, y solo entonces aparecieron sus anuncios de inversión a bombo y platillo.
La única gestión real del concejal ha sido ignorar los escritos de los trabajadores y bloquear el diálogo social. Hace semanas que el STAP y otra fuerza sindical le tendimos la mano para valorar juntos las inversiones urgentes que necesita la Policía Local, pero el edil ha sido incapaz de dar una respuesta a los representantes legítimos de la plantilla, demostrando un absoluto desprecio hacia los agentes.
En total, la documentación examinada refleja la existencia de más de medio centenar de deficiencias, incumplimientos o medidas correctoras pendientes de ejecución.
A juicio del STAP, los más de medio centenar de incumplimientos y deficiencias detectados por la Inspección de Trabajo y por la propia empresa contratada por el Ayuntamiento constituyen el mayor fracaso de la gestión de José Carlos Álamo al frente de la Concejalía de Seguridad.
Especialmente relevante resulta que varias de las deficiencias posteriormente requeridas por la Inspección de Trabajo ya habían sido identificadas previamente por la empresa contratada por el propio Ayuntamiento. Ello evidencia que la Administración disponía de información suficiente para actuar con antelación y que, pese a ello, las medidas correctoras no fueron ejecutadas
A falta de aproximadamente veinte días para que expire el plazo concedido por la Inspección de Trabajo, no consta a este sindicato que se hayan corregido materialmente las principales deficiencias requeridas ni que se hayan ejecutado las actuaciones preventivas calificadas como Prioridad I por la empresa contratada por el propio Ayuntamiento, pese a afectar directamente a la seguridad de los agentes y de los ciudadanos que acuden a las dependencias policiales.
Por ello, STAP considera que los recientes anuncios de inversiones millonarias realizadas por el Concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, deben analizarse en su contexto real. Los hechos acreditan que las principales actuaciones anunciadas se producen después de la intervención de la Inspección de Trabajo y tras años de reclamaciones sindicales sobre unas deficiencias que eran conocidas y habían sido puestas en conocimiento de la Administración en numerosas ocasiones.
José Carlos Álamo pretende presentar ahora como un éxito lo que en realidad es una rectificación forzada. Los hechos son incontestables: primero llegaron las denuncias sindicales, después los requerimientos de la Inspección y, solo entonces, los anuncios de inversión. Esa no es la gestión que merece la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.
Álamo anunció inversiones millonarias a bombo y platillo, pero los agentes siguen sin vestuario digno obligando a cambiarse dentro de los aseos, y en pleno siglo XXI las mujeres policías sin vestuario ni duchas independiente, con un armero inseguro y con vehículos en un estado de abandono lamentable por la falta de limpieza y mantenimiento adecuado. Eso es engaño y desprecio.
Resulta difícil comprender que quienes durante años no atendieron las reiteradas advertencias sobre el estado de las instalaciones pretendan ahora presentar como una iniciativa propia actuaciones que únicamente se producen después de la intervención de la Inspección de Trabajo. Los hechos acreditan que los anuncios realizados en las últimas semanas son posteriores a las denuncias sindicales, a la actuación inspectora y a la detección de más de medio centenar de deficiencias.
De las 53 deficiencias detectadas, varias afectan directamente a cuestiones básicas de seguridad y salud laboral que cualquier dependencia policial debería tener garantizadas: vestuarios, duchas, armero, vehículos policiales, instalaciones eléctricas y medidas de prevención de riesgos.
STAP exige la subsanación inmediata de los requerimientos formulados por la Inspección de Trabajo, la ejecución efectiva de las medidas preventivas pendientes y la creación de un mecanismo de seguimiento que permita verificar públicamente el cumplimiento de todas las actuaciones comprometidas.
La pregunta que hoy debe responder el concejal no es cuánto dinero piensa invertir, sino por qué tuvo que intervenir la Inspección de Trabajo para que el Ayuntamiento comenzara a afrontar unos problemas que llevaban años siendo denunciados por los representantes legales de los trabajadores.
STAP no quiere más promesas vacías. Los policías locales de San Bartolomé de Tirajana merecen trabajar con dignidad y seguridad. Y los ciudadanos, una policía que no tenga que preocuparse por si su armero es seguro o si se va a resbalar en la ducha.
Javier Sánchez Pérez