La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribé Doreste, y su vicepresidente, Manuel Batista, volvieron a El Batiburrillo de Radio Faro para analizar la situación de miles de propietarios del Sur de Gran Canaria y de otros puntos del Archipiélago afectados por la aplicación de la normativa turística sobre viviendas situadas en zonas turísticas.
Ambos sostienen que el conflicto continúa marcado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica, y señalaron como uno de los principales acontecimientos del verano las actuaciones relacionadas con el Registro de la Propiedad. Según explicó Doreste, determinados propietarios han visto cómo se plantea incorporar a sus fincas una vinculación al uso turístico que, según la Plataforma, no figuraba en la publicidad registral original de muchas de esas propiedades.
La presidenta cuestionó la interpretación que se está haciendo de la normativa autonómica y defendió que una cosa es que la ley obligue a los propietarios de establecimientos turísticos a destinarlos a explotación turística y otra muy diferente considerar automáticamente que cualquier apartamento o bungaló ubicado en un complejo sea un establecimiento turístico.
La PALT insiste en que muchos de sus asociados son residentes, no explotadores turísticos, y que adquirieron propiedades que podían destinarse a vivienda sin una obligación exclusiva de explotación turística.
Rechazo a una clasificación general para todos los propietarios
Doreste criticó que, a su juicio, se esté aplicando una solución uniforme a situaciones jurídicas muy diferentes. La Plataforma sostiene que deben tenerse en cuenta los derechos consolidados, la antigüedad de cada inmueble y el uso residencial reconocido en distintos momentos por la normativa y el planeamiento.
Manuel Batista advirtió de que una anotación que vincule la propiedad con una explotación turística puede tener consecuencias prácticas importantes a la hora de vender, hipotecar o solicitar financiación.
Como ejemplo, la Plataforma relató el caso de un propietario mayor en Arona que, según señalaron, habría encontrado dificultades para contratar una hipoteca inversa porque su vivienda aparece considerada como unidad alojativa turística. Esta circunstancia fue presentada por los representantes de la PALT como ejemplo del perjuicio patrimonial que consideran que puede generar esta interpretación.
“La escritura permitía el turismo, pero no lo hacía obligatorio”
Uno de los bloques más extensos de la entrevista estuvo dedicado a qué figuraba realmente en las escrituras originales.
Doreste y Batista explicaron que en muchas propiedades aparecía la posibilidad de desarrollar actividad turística, pero sostienen que esa posibilidad no equivalía a una obligación permanente.
Según detallaron, la publicidad registral de algunas fincas indicaba que el apartamento podía destinarse a explotación turística si el propietario así lo decidía, sin que esa condición supusiera necesariamente una limitación o carga exclusiva sobre el uso residencial.
La Plataforma reivindica precisamente esta interpretación: qué turismo y residencia podían coexistir y que el propietario era quien decidía si incorporaba o no su unidad a la explotación turística.
Críticas al Registro de la Propiedad
Los representantes de la Plataforma mantuvieron una postura especialmente crítica con determinadas actuaciones del Registro
Batista señaló que, para ofrecer verdadera seguridad jurídica, debería estudiarse individualmente la situación de cada finca y no aplicar automáticamente una clasificación idéntica a todas las propiedades.
La PALT anunció que continuará presentando escritos ante el Registro de la Propiedad porque entiende que cada propietario tiene derecho a obtener una respuesta individual que pueda posteriormente recurrir judicialmente si lo considera necesario.
Doreste adelantó además que pretenden presentar una denuncia ante la Dirección General de Registros por las actuaciones que vienen cuestionando.
Dónde sitúan el origen del problema
Preguntados sobre si el conflicto se encuentra en la legislación, el planeamiento o la interpretación administrativa, los representantes de la Plataforma dirigieron gran parte de sus críticas al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Turismo.
Batista acusó al Ejecutivo autonómico de haber legislado, según su interpretación, priorizando los intereses de determinados operadores turísticos frente a los residentes. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política realizada por la Plataforma durante la entrevista.
También dirigieron críticas a determinados criterios técnicos aplicados por administraciones públicas, especialmente en relación con la consideración del suelo y del uso de apartamentos y bungalós.
La PALT recordó casos en los que sanciones administrativas fueron posteriormente anuladas y sostuvo que existen licencias y documentos municipales históricos que reconocen usos residenciales.
Una sentencia utilizada como argumento por la Plataforma
Durante la conversación se recordó el caso de una propietaria a la que, según explicaron, se le anuló una sanción después de que se discutiera judicialmente la especialización del suelo.
Los representantes de la PALT afirmaron que en ese procedimiento se defendió que el uso residencial era compatible con el planeamiento y que existían documentos donde figuraban licencias de primera ocupación para uso residencial.
Para la Plataforma, estos antecedentes deberían llevar a las administraciones a revisar los criterios que se están aplicando de forma generalizada.
Confianza en la ordenanza de San Bartolomé de Tirajana
Sobre la ordenanza municipal que prepara San Bartolomé de Tirajana, Doreste y Batista mantienen una valoración positiva y expresaron confianza en el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento.
La Plataforma considera que esta ordenanza puede servir para reconocer una realidad residencial que ya existe y aportar seguridad jurídica a los propietarios.
No obstante, reconocieron que una norma municipal puede encontrarse limitada si finalmente se aprueba una normativa autonómica superior que establezca criterios incompatibles con lo dispuesto localmente.
También valoraron positivamente que el Ayuntamiento de Mogán esté planteando dentro de su planeamiento fórmulas de uso mixto, una vía que consideran compatible con la convivencia entre actividad turística y residencia.
Preocupación por el futuro decreto del Gobierno de Canarias
La PALT manifestó pocas expectativas respecto al nuevo decreto-ley que prepara el Gobierno de Canarias.
Doreste señaló que todavía no existe un texto definitivo y que la información que manejan procede parcialmente de publicaciones periodísticas. Por ello, matizó que la valoración definitiva tendrá que realizarse cuando conozcan el documento completo.
Aun así, aseguró que los datos conocidos hasta ahora les generan preocupación porque, según su interpretación, podrían recortar derechos que consideran consolidados y reforzar la obligación de destinar determinados inmuebles a explotación turística.
Diferenciar “apartamento” y “apartamento turístico”
Uno de los argumentos centrales de la Plataforma continúa siendo la necesidad de distinguir jurídicamente entre un apartamento de uso residencial y un apartamento integrado efectivamente en una explotación turística.
Doreste defendió que un establecimiento turístico estaría compuesto por aquellas unidades que desarrollan de manera habitual y mediante precio una actividad económica turística, mientras que el resto debería permanecer bajo el régimen residencial y de propiedad horizontal.
La Plataforma rechaza hablar de “residencialización” de las zonas turísticas porque sostiene que muchos residentes estaban allí antes de las actuales restricciones. En su interpretación, lo que se ha producido posteriormente es una “turistificación” de viviendas que previamente podían utilizarse residencialmente.
Vivienda, fondos de inversión y derecho de propiedad
Durante la entrevista también se abordó la crisis de vivienda y la presencia de fondos de inversión.
Los representantes de la PALT relacionaron su conflicto con un debate más amplio sobre acceso a la vivienda y concentración de propiedades. Algunas cifras y afirmaciones planteadas durante esta parte de la conversación fueron presentadas por los entrevistados sin documentación adicional durante el programa, por lo que deben entenderse como parte de su argumentación y no como datos verificados independientemente.
Doreste volvió además a plantear el problema de las transmisiones hereditarias posteriores a determinados cambios normativos, denunciando que algunos propietarios podrían heredar un inmueble, pero encontrar restricciones para utilizarlo como residencia.
La Plataforma responde a las declaraciones de Carlos Álamo
La entrevista abordó también las recientes palabras del consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, quien había defendido en Radio Faro que una Gran Canaria turística debe ser también habitable y que quienes adquirieron legalmente una propiedad necesitan seguridad jurídica.
Doreste aseguró compartir esas palabras, aunque manifestó sorpresa porque, según señaló, la Plataforma ha mantenido anteriormente discrepancias y procedimientos relacionados con resoluciones del Patronato de Turismo.
La presidenta diferenció entre decisiones que pueden venir condicionadas por la normativa vigente y el posicionamiento político que, a su juicio, deberían expresar los responsables públicos ante la situación de los residentes.
Expedientes, cartas y recursos judiciales
La PALT criticó también determinadas comunicaciones administrativas relacionadas con propietarios de apartamentos y bungalós.
Doreste señaló que algunas cartas informarían a los propietarios de que se encuentran dentro de establecimientos turísticos y que deberían integrarse en una unidad de explotación. La Plataforma considera que estos documentos generan miedo e inseguridad.
Durante la entrevista se explicó también que existen procedimientos judiciales paralizados a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva cuestiones relacionadas con la unidad de explotación y el alquiler vacacional.
Nuevas movilizaciones
La Plataforma confirmó que la movilización continuará.
Doreste anunció que seguirán acudiendo al Registro de la Propiedad, que cursarán una denuncia ante la Dirección General de Registros y que incluso estudian trasladar alguna protesta a Madrid.
La PALT pretende mantener reuniones con diferentes partidos políticos y aseguró durante la entrevista que está trasladando sus reivindicaciones a formaciones de distinto signo.
“Seguiremos luchando”
En la parte final, Manuel Batista reconoció el cansancio acumulado después de años de procedimientos, reuniones y movilizaciones, pero aseguró que la Plataforma mantiene intacta su intención de continuar.
Doreste señaló que ya existen personas más jóvenes preparándose para dar continuidad al colectivo y garantizar el relevo generacional de una organización que lleva años defendiendo las mismas reivindicaciones.
La sede del Sur continúa funcionando en el Centro Comercial Eurocenter, Avenida de Moya nº 6, junto a la Policía Nacional, mientras que la Plataforma también ha abierto atención en Las Palmas. Las oficinas alternan su apertura los martes, en horario aproximado de 17:00 a 19:30 horas.
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