La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribé Doreste, y su vicepresidente, Manuel Batista, volvieron a El Batiburrillo de Radio Faro para analizar la situación de miles de propietarios del Sur de Gran Canaria y de otros puntos del Archipiélago afectados por la aplicación de la normativa turística sobre viviendas situadas en zonas turísticas.
Ambos sostienen que el conflicto continúa marcado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica, y señalaron como uno de los principales acontecimientos del verano las actuaciones relacionadas con el Registro de la Propiedad. Según explicó Doreste, determinados propietarios han visto cómo se plantea incorporar a sus fincas una vinculación al uso turístico que, según la Plataforma, no figuraba en la publicidad registral original de muchas de esas propiedades.
La presidenta cuestionó la interpretación que se está haciendo de la normativa autonómica y defendió que una cosa es que la ley obligue a los propietarios de establecimientos turísticos a destinarlos a explotación turística y otra muy diferente considerar automáticamente que cualquier apartamento o bungaló ubicado en un complejo sea un establecimiento turístico.
La PALT insiste en que muchos de sus asociados son residentes, no explotadores turísticos, y que adquirieron propiedades que podían destinarse a vivienda sin una obligación exclusiva de explotación turística.
Rechazo a una clasificación general para todos los propietarios
Doreste criticó que, a su juicio, se esté aplicando una solución uniforme a situaciones jurídicas muy diferentes. La Plataforma sostiene que deben tenerse en cuenta los derechos consolidados, la antigüedad de cada inmueble y el uso residencial reconocido en distintos momentos por la normativa y el planeamiento.
Manuel Batista advirtió de que una anotación que vincule la propiedad con una explotación turística puede tener consecuencias prácticas importantes a la hora de vender, hipotecar o solicitar financiación.
Como ejemplo, la Plataforma relató el caso de un propietario mayor en Arona que, según señalaron, habría encontrado dificultades para contratar una hipoteca inversa porque su vivienda aparece considerada como unidad alojativa turística. Esta circunstancia fue presentada por los representantes de la PALT como ejemplo del perjuicio patrimonial que consideran que puede generar esta interpretación.
“La escritura permitía el turismo, pero no lo hacía obligatorio”
Uno de los bloques más extensos de la entrevista estuvo dedicado a qué figuraba realmente en las escrituras originales.
Doreste y Batista explicaron que en muchas propiedades aparecía la posibilidad de desarrollar actividad turística, pero sostienen que esa posibilidad no equivalía a una obligación permanente.
Según detallaron, la publicidad registral de algunas fincas indicaba que el apartamento podía destinarse a explotación turística si el propietario así lo decidía, sin que esa condición supusiera necesariamente una limitación o carga exclusiva sobre el uso residencial.
La Plataforma reivindica precisamente esta interpretación: qué turismo y residencia podían coexistir y que el propietario era quien decidía si incorporaba o no su unidad a la explotación turística.
Críticas al Registro de la Propiedad
Los representantes de la Plataforma mantuvieron una postura especialmente crítica con determinadas actuaciones del Registro
Batista señaló que, para ofrecer verdadera seguridad jurídica, debería estudiarse individualmente la situación de cada finca y no aplicar automáticamente una clasificación idéntica a todas las propiedades.
La PALT anunció que continuará presentando escritos ante el Registro de la Propiedad porque entiende que cada propietario tiene derecho a obtener una respuesta individual que pueda posteriormente recurrir judicialmente si lo considera necesario.
Doreste adelantó además que pretenden presentar una denuncia ante la Dirección General de Registros por las actuaciones que vienen cuestionando.
Dónde sitúan el origen del problema
Preguntados sobre si el conflicto se encuentra en la legislación, el planeamiento o la interpretación administrativa, los representantes de la Plataforma dirigieron gran parte de sus críticas al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Turismo.
Batista acusó al Ejecutivo autonómico de haber legislado, según su interpretación, priorizando los intereses de determinados operadores turísticos frente a los residentes. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política realizada por la Plataforma durante la entrevista.
También dirigieron críticas a determinados criterios técnicos aplicados por administraciones públicas, especialmente en relación con la consideración del suelo y del uso de apartamentos y bungalós.
La PALT recordó casos en los que sanciones administrativas fueron posteriormente anuladas y sostuvo que existen licencias y documentos municipales históricos que reconocen usos residenciales.
Una sentencia utilizada como argumento por la Plataforma
Durante la conversación se recordó el caso de una propietaria a la que, según explicaron, se le anuló una sanción después de que se discutiera judicialmente la especialización del suelo.
Los representantes de la PALT afirmaron que en ese procedimiento se defendió que el uso residencial era compatible con el planeamiento y que existían documentos donde figuraban licencias de primera ocupación para uso residencial.
Para la Plataforma, estos antecedentes deberían llevar a las administraciones a revisar los criterios que se están aplicando de forma generalizada.
Confianza en la ordenanza de San Bartolomé de Tirajana
Sobre la ordenanza municipal que prepara San Bartolomé de Tirajana, Doreste y Batista mantienen una valoración positiva y expresaron confianza en el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento.
La Plataforma considera que esta ordenanza puede servir para reconocer una realidad residencial que ya existe y aportar seguridad jurídica a los propietarios.
No obstante, reconocieron que una norma municipal puede encontrarse limitada si finalmente se aprueba una normativa autonómica superior que establezca criterios incompatibles con lo dispuesto localmente.
También valoraron positivamente que el Ayuntamiento de Mogán esté planteando dentro de su planeamiento fórmulas de uso mixto, una vía que consideran compatible con la convivencia entre actividad turística y residencia.
Preocupación por el futuro decreto del Gobierno de Canarias
La PALT manifestó pocas expectativas respecto al nuevo decreto-ley que prepara el Gobierno de Canarias.
Doreste señaló que todavía no existe un texto definitivo y que la información que manejan procede parcialmente de publicaciones periodísticas. Por ello, matizó que la valoración definitiva tendrá que realizarse cuando conozcan el documento completo.
Aun así, aseguró que los datos conocidos hasta ahora les generan preocupación porque, según su interpretación, podrían recortar derechos que consideran consolidados y reforzar la obligación de destinar determinados inmuebles a explotación turística.
Diferenciar “apartamento” y “apartamento turístico”
Uno de los argumentos centrales de la Plataforma continúa siendo la necesidad de distinguir jurídicamente entre un apartamento de uso residencial y un apartamento integrado efectivamente en una explotación turística.
Doreste defendió que un establecimiento turístico estaría compuesto por aquellas unidades que desarrollan de manera habitual y mediante precio una actividad económica turística, mientras que el resto debería permanecer bajo el régimen residencial y de propiedad horizontal.
La Plataforma rechaza hablar de “residencialización” de las zonas turísticas porque sostiene que muchos residentes estaban allí antes de las actuales restricciones. En su interpretación, lo que se ha producido posteriormente es una “turistificación” de viviendas que previamente podían utilizarse residencialmente.
Vivienda, fondos de inversión y derecho de propiedad
Durante la entrevista también se abordó la crisis de vivienda y la presencia de fondos de inversión.
Los representantes de la PALT relacionaron su conflicto con un debate más amplio sobre acceso a la vivienda y concentración de propiedades. Algunas cifras y afirmaciones planteadas durante esta parte de la conversación fueron presentadas por los entrevistados sin documentación adicional durante el programa, por lo que deben entenderse como parte de su argumentación y no como datos verificados independientemente.
Doreste volvió además a plantear el problema de las transmisiones hereditarias posteriores a determinados cambios normativos, denunciando que algunos propietarios podrían heredar un inmueble, pero encontrar restricciones para utilizarlo como residencia.
La Plataforma responde a las declaraciones de Carlos Álamo
La entrevista abordó también las recientes palabras del consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, quien había defendido en Radio Faro que una Gran Canaria turística debe ser también habitable y que quienes adquirieron legalmente una propiedad necesitan seguridad jurídica.
Doreste aseguró compartir esas palabras, aunque manifestó sorpresa porque, según señaló, la Plataforma ha mantenido anteriormente discrepancias y procedimientos relacionados con resoluciones del Patronato de Turismo.
La presidenta diferenció entre decisiones que pueden venir condicionadas por la normativa vigente y el posicionamiento político que, a su juicio, deberían expresar los responsables públicos ante la situación de los residentes.
Expedientes, cartas y recursos judiciales
La PALT criticó también determinadas comunicaciones administrativas relacionadas con propietarios de apartamentos y bungalós.
Doreste señaló que algunas cartas informarían a los propietarios de que se encuentran dentro de establecimientos turísticos y que deberían integrarse en una unidad de explotación. La Plataforma considera que estos documentos generan miedo e inseguridad.
Durante la entrevista se explicó también que existen procedimientos judiciales paralizados a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva cuestiones relacionadas con la unidad de explotación y el alquiler vacacional.
Nuevas movilizaciones
La Plataforma confirmó que la movilización continuará.
Doreste anunció que seguirán acudiendo al Registro de la Propiedad, que cursarán una denuncia ante la Dirección General de Registros y que incluso estudian trasladar alguna protesta a Madrid.
La PALT pretende mantener reuniones con diferentes partidos políticos y aseguró durante la entrevista que está trasladando sus reivindicaciones a formaciones de distinto signo.
“Seguiremos luchando”
En la parte final, Manuel Batista reconoció el cansancio acumulado después de años de procedimientos, reuniones y movilizaciones, pero aseguró que la Plataforma mantiene intacta su intención de continuar.
Doreste señaló que ya existen personas más jóvenes preparándose para dar continuidad al colectivo y garantizar el relevo generacional de una organización que lleva años defendiendo las mismas reivindicaciones.
La sede del Sur continúa funcionando en el Centro Comercial Eurocenter, Avenida de Moya nº 6, junto a la Policía Nacional, mientras que la Plataforma también ha abierto atención en Las Palmas. Las oficinas alternan su apertura los martes, en horario aproximado de 17:00 a 19:30 horas.
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AL FINAL ESTO ES UNA LUCHA CONTRA EXPLOTADORAS Y PARTIDOS TRAIDORES AL PUELBLO,NO TIENEN VERGUENZA,A LA CABEZA LA BERDUGO PP Y CC..
La politica tiene que ser util para el ciudadano Canario, para que cada año seamos capaces de mejorar un poco nuestra calidad de vida
Los actuales gobernantes (PP y CV) trabajan para perpetuar el modelo obsoleto de Unidad de explotacion, y cómo no, ahora que ya estamos en campaña pretenden adulcorar con un decreto que sigue poniendo a los explotadores por encima del propietario.
Solo creeré a aquel político que se manifieste por abolir la unidad de explotación, unica culpable de esa ley que encargaron a medida de empresas como Servatur, Ashotel etc
Una anotación registral no es un trámite sin consecuencias: puede perjudicar el valor de una vivienda, dificultar su venta o impedir que su propietario consiga financiación. Por eso es imprescindible estudiar cada finca según su escritura, su historial y el uso que realmente le reconoce el planeamiento, sin imponer una clasificación general.
Muchos compramos viviendas para residir en ellas o alquilarlas por larga temporada, no para quedar obligados a una explotación turística. Que la escritura permitiera esa actividad no significa que la impusiera. El turismo debe poder ejercerse voluntariamente y dentro de la legalidad, pero sin recortar los derechos de quienes no participan en él.
La seguridad jurídica exige respetar lo que consta en los títulos y escuchar a cada propietario antes de añadir una carga que puede afectar a su patrimonio. Y preocupa que, de un día para otro, cambien los criterios y las decisiones terminen favoreciendo siempre al mismo colectivo. Nuestras viviendas y nuestros derechos no pueden quedar a merced de interpretaciones cambiantes.
Considero acertada la postura de la PALT, porque cualquier medida que pueda afectar al valor de una vivienda, a su venta o a la posibilidad de obtener financiación debería aplicarse con mucha prudencia y teniendo en cuenta la situación particular de cada propietario.
No parece razonable tratar de la misma manera todas las viviendas situadas en zonas turísticas cuando sus propietarios pueden tener circunstancias y usos diferentes. Es importante garantizar la seguridad jurídica y respetar los derechos adquiridos, evitando que decisiones administrativas o registrales terminen perjudicando económicamente a familias que adquirieron sus viviendas de buena fe.
Por eso, creo que la reclamación de la PALT de revisar y buscar soluciones que respeten los derechos de los propietarios es una postura razonable y necesaria.
Pues habría que valorar si la pérdida de valor de la propiedad motivada por esa inscripción innecesaria sería motivo de demanda y responsabilizar al registrador de tal variación de valor del mercado de la propiedad
Lo que está ocurriendo ya no es solo un debate sobre turismo. Se trata de seguridad jurídica y de la protección del derecho de propiedad.
Un inmueble adquirido legalmente no puede quedar, poco tiempo después, sometido de facto a una explotación turística obligatoria como consecuencia de nuevas interpretaciones administrativas o anotaciones registrales, y mucho menos si estas pueden afectar a su valor, a sus posibilidades de venta, a su financiación o incluso a una futura herencia.
Que un inmueble pueda destinarse al uso turístico no significa automáticamente que su propietario deba estar obligado a hacerlo.
Además, es necesario cuestionar seriamente el modelo de la unidad de explotación. En mi opinión, es un modelo obsoleto que ya no responde a la realidad actual de la propiedad inmobiliaria ni a las situaciones tan diversas que existen en los complejos turísticos de Canarias. Mantener una unidad de explotación obligatoria y aplicarla de forma generalizada genera conflictos e inseguridad jurídica y limita la capacidad de los propietarios para decidir sobre sus propios inmuebles.
Cada propiedad tiene su propia historia jurídica, sus escrituras, autorizaciones y derechos inscritos. Aplicar la misma interpretación a todos los propietarios no genera seguridad jurídica, sino una enorme incertidumbre, especialmente para quienes adquirieron recientemente su propiedad confiando en la situación jurídica que se les presentó en el momento de la compra.
La pregunta fundamental es muy sencilla: ¿cómo puede alguien adquirir legalmente una propiedad y, poco tiempo después, encontrarse con restricciones que pueden afectar considerablemente a su valor, su financiación y su libertad para disponer de ella?
Los propietarios necesitan reglas claras, seguridad jurídica y respeto a sus derechos. Y Canarias debería plantearse de una vez si tiene sentido seguir manteniendo un modelo obligatorio de unidad de explotación que pertenece a otra época.
Obedece a una estrategia de arruinar al propietario para que venda/alquile al explotador a precio irrisorio
Es un atentado a la ciudadanía.
Lucharemos hasta el final
Cada propiedad tiene una historia y unos documentos que deben examinarse individualmente. Los propietarios no podemos quedar a merced de criterios que cambian según quién gobierne. Si de verdad quieren dar seguridad jurídica, que empiecen por respetar nuestros derechos.
PP y CC N moverán cielo, tierra y lo que haga falta para eliminar a los ciudadanos canarios de las zonas de interés ecónomico (es decir las de interés turistico).
El dinero solo para ellos y si hace falta “prostituir” al Registro de la Propiedad, se “prostitute y punto en boca”.
Lo que haga falta para quedarse con el negocio turístico en exclusividad. Faltaría más, que el PP, CC y los empresarios tengan que compartirlo con estos cuatro canarios piojosos que compraron hace años….. Y una mierda para ellos.
Yo no sé si las empresas explotadoras son conscientes de que el turismo en Canarias es muy ambiguo y me explico, yo trabajé más de 15 años en complejos turísticos y sobre los años 80 y 90 tuvimos una crisis turística tremenda, los turoperadores ya no apostaban por Canarias, el bum turístico empezó que Turquía, Egipto, y países africanos ofertaban mucho más barato que Canarias y claro los complejos turísticos pasaron de ser explotados a ser vendidos, se vendían apartamentos a particulares cuando las antiguas pesetas, un apartamento estudio dos millones y medio ,un bungalow en cuatro millones de pesetas, de hay que muchos propietarios comprarán también para su huso y disfrute, y no quiero ser ave de mal Agüero,pero podría pasar otra vez?? el combustible sube,sube el transporte, hay lo dejo.