Carlos Álamo: Intentaré convencer a mis compañeros del PSOE para que apoyen la ordenanza de la PALT
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y secretario local del PSOE de San Bartolomé de Tirajana responde a Alejandro Marichal, niega que el Cabildo esté bloqueando la iniciativa municipal y plantea una solución basada en la reforma legislativa, la revisión de las sanciones y la modificación del Plan General.
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y secretario local del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Carlos Álamo, ha respondido en los micrófonos de El Batiburrillo de Radio Faro a las declaraciones del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, sobre la ordenanza municipal destinada a clarificar el uso residencial de los apartamentos y bungalows situados en zonas turísticas.
Álamo rechazó que el Cabildo esté obstaculizando la iniciativa del Ayuntamiento y explicó el contenido del informe técnico emitido el pasado 3 de septiembre por la Consejería de Política Territorial y Paisaje.
Durante la entrevista, defendió la necesidad de encontrar una solución jurídica estable para las familias afectadas por la Ley Turística, cuestionó los compromisos adquiridos por Coalición Canaria y anunció su intención de convencer a los concejales socialistas para que apoyen la ordenanza, aunque considera que esta no resolverá por sí sola el problema de fondo.
El Cabildo no veta la ordenanza
Carlos Álamo explicó que el informe cuestionado por Marichal no procede de la Consejería de Turismo, sino de Política Territorial y Paisaje, y que fue presentado como aportación a la consulta pública previa de la ordenanza, a petición del propio Ayuntamiento.
Según detalló, el documento no prohíbe tramitar la iniciativa municipal, sino que formula observaciones jurídicas y recomienda reconsiderar el instrumento utilizado.
El consejero señaló que el Cabildo reconoce la utilidad de identificar los usos residenciales existentes, pero advierte de que una ordenanza aclaratoria no puede sustituir una modificación del planeamiento urbanístico cuando se pretende ordenar o compatibilizar usos turísticos y residenciales.
En este sentido, aseguró que el informe propone estudiar una modificación del Plan General, incluso mediante una modificación menor, y ofrece expresamente colaboración técnica al Ayuntamiento.
El Cabildo no veta la ordenanza, no ha dictado una resolución que prohíba tramitarla, afirmó.
Álamo insistió en que se trata de una advertencia jurídica y no de una decisión política contra el gobierno municipal.
Una ordenanza que, según Álamo, no paralizará las sanciones
Uno de los principales argumentos del dirigente socialista fue que una ordenanza municipal no tiene capacidad para modificar por sí sola los usos establecidos en el planeamiento ni para paralizar las sanciones tramitadas por el Gobierno de Canarias.
Recordó que el artículo 25 de la Ley Canaria 2/2013 establece la necesidad de abordar mediante instrumentos de planeamiento la ordenación de ámbitos donde conviven usos turísticos y residenciales.
También aseguró que la propia memoria de la propuesta municipal reconoce que la ordenanza no modifica el planeamiento ni establece nuevos derechos.
Por ello, cuestionó qué solución real ofrecería a los afectados.
Si no modifica el planeamiento, si no cambia la ley y si no resuelve las sanciones, ¿qué parte del problema de fondo queda solucionada con esta ordenanza?, planteó.
No obstante, aclaró que no está afirmando que la ordenanza sea ilegal, puesto que su valoración definitiva dependerá del articulado final.
Su preocupación, explicó, es que las familias puedan interpretar su aprobación como una garantía para continuar viviendo en sus propiedades cuando, a su juicio, no existe todavía esa seguridad jurídica.
Críticas a Marichal por los compromisos adquiridos con la PALT
Álamo recordó que Coalición Canaria firmó un acuerdo con los afectados pocos días antes de las elecciones municipales de 2023 y cuestionó los resultados obtenidos desde entonces.
Presentar una propuesta no es lo mismo que haber resuelto el problema, manifestó.
El secretario local del PSOE sostuvo que Marichal ha tenido responsabilidades de gobierno durante buena parte de los últimos años y considera insuficiente que, después de ese tiempo, la principal iniciativa sea una ordenanza todavía pendiente de aprobación.
También señaló que existen afectados que consideran que el compromiso electoral no se ha traducido en soluciones efectivas.
En su opinión, no resulta adecuado responsabilizar ahora al Cabildo o a la oposición municipal del retraso cuando las competencias legislativas y urbanísticas corresponden principalmente a otras administraciones.
Pese a estas críticas, aseguró que está dispuesto a trabajar con Marichal para encontrar una salida jurídica.
El Cabildo ofrece colaboración para modificar el Plan General
Durante la entrevista se abordó la antigüedad del planeamiento urbanístico de San Bartolomé de Tirajana y las dificultades que ha encontrado el municipio para actualizarlo.
Álamo reiteró que el informe insular ofrece por escrito colaboración técnica para estudiar una modificación puntual o menor del Plan General que permita abordar la situación de los residentes.
El consejero se preguntó por qué el Ayuntamiento no explora esta posibilidad si considera necesario encontrar una solución duradera.
También defendió que la coordinación entre administraciones debe respetar las competencias de cada una, evitando trasladar a un organismo responsabilidades que corresponden a otro.
Las cuatro medidas que propone Carlos Álamo
El dirigente socialista presentó una hoja de ruta con cuatro líneas de actuación.
Primera: reformar la legislación canaria. Propone retomar una iniciativa socialista presentada en el Parlamento de Canarias que no superó la toma de consideración, revisar su contenido junto a los afectados y los servicios jurídicos y definir qué situaciones residenciales pueden quedar protegidas, bajo qué requisitos y con qué derechos.
Segunda: revisar los procedimientos sancionadores. Defiende estudiar cada expediente y promover una regulación transitoria que ofrezca protección legal a quienes acrediten los requisitos correspondientes mientras se tramitan las soluciones urbanísticas.
Insistió en distinguir entre expedientes abiertos, sanciones todavía no firmes y resoluciones firmes, porque no todos pueden recibir el mismo tratamiento.
Tercera: modificar el planeamiento municipal. Considera necesario adaptar el Plan General a la realidad de los usos residenciales y turísticos existentes, con apoyo técnico del Cabildo y dentro del marco legal.
Cuarta: establecer coordinación, plazos y participación. Plantea que Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, Cabildo y representantes de los afectados trabajen de forma conjunta, con responsabilidades definidas y seguimiento de los avances.
Álamo reconoció que esta vía requiere tiempo y que no puede garantizar un resultado idéntico para todos los propietarios.
Intentaré convencer a mis compañeros para que la apoyen
Una de las novedades más importantes de la entrevista fue la disposición de Carlos Álamo a promover el respaldo del PSOE municipal a la ordenanza impulsada por el gobierno de San Bartolomé de Tirajana.
Aunque reiteró que la iniciativa no puede garantizar por sí sola la residencialización ni detener las sanciones, considera que puede resultar útil para identificar los usos existentes y adelantar trabajo administrativo.
Por ello, anunció que hablará con sus compañeros del grupo municipal socialista para intentar convencerlos de que voten favorablemente cuando la propuesta llegue al pleno.
Aclaró que él no tiene voto como concejal y que la decisión corresponderá a los representantes municipales.
Álamo admite posibles errores del PSOE en 2022
Preguntado por las críticas de Marichal sobre el voto contrario del PSOE a una moción de Coalición Canaria relacionada con los afectados en octubre de 2022, Álamo reconoció que su partido pudo haberse equivocado.
Recordó que entonces el sector turístico atravesaba las consecuencias de la pandemia y sostuvo que el contexto era diferente.
Vamos a decir que hemos rectificado, que sí, que nos equivocamos si quieren en esas votaciones, expresó.
No obstante, insistió en que ahora lo prioritario es actuar sobre la situación actual de las familias y evitar repetir decisiones que no hayan dado resultado.
Advertencia sobre un nuevo decreto ley del Gobierno de Canarias
El secretario local socialista también dirigió sus críticas al Gobierno de Canarias y a Coalición Canaria por una iniciativa legislativa que, según aseguró, se está preparando en materia turística.
Álamo calificó sus posibles consecuencias como una sentencia de muerte para los residentes y pidió a Marichal que interceda ante sus compañeros de partido en el Parlamento para evitar su aprobación.
También expresó su preocupación por la influencia que puedan tener intereses políticos de otras islas sobre decisiones que afectan a los propietarios de Gran Canaria, aludiendo expresamente a ATI.
Se trata de una valoración política del entrevistado, que no desarrolló durante la conversación el articulado concreto del decreto al que se refería.
Las responsabilidades de cada administración
Álamo defendió que la salida al conflicto debe construirse desde una distribución clara de competencias.
Según su planteamiento, el Gobierno de Canarias debe abordar la legislación turística y los procedimientos sancionadores; el Ayuntamiento debe intervenir sobre la ordenación urbanística municipal; y el Cabildo debe ofrecer su capacidad de planificación insular y asistencia técnica.
Reclamó, además, escuchar directamente a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y establecer mecanismos de coordinación que permitan avanzar sin generar falsas expectativas.
El consejero aseguró que defender los derechos legítimos de los residentes debe ser compatible con la protección de la actividad turística, fundamental para la economía de Gran Canaria.
Elecciones generales: críticas a la derecha y defensa del PSOE
En la parte final de la entrevista, Carlos Álamo también se refirió a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
Comentó el resultado electoral de Brasil, que interpretó como un impulso para las fuerzas progresistas, y expresó su preocupación por los discursos que cuestionan los resultados electorales cuando estos no favorecen a determinadas formaciones.
Trasladando el debate a España, advirtió de las consecuencias que, a su juicio, podría tener un eventual gobierno de la derecha y la extrema derecha para los derechos sociales y las singularidades de Canarias.
Mencionó expresamente las pensiones, el salario mínimo, los derechos de las mujeres, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la bonificación del 75 % en los desplazamientos aéreos entre las islas y la Península.
También informó de la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado y destacó la presencia de Jorge Cornejo, integrante de la agrupación socialista de San Bartolomé de Tirajana, en la candidatura al Congreso por la provincia de Las Palmas.
Álamo manifestó su satisfacción por la participación registrada en el acto de presentación de los candidatos y defendió la movilización del electorado progresista.
Un compromiso final con los afectados
La entrevista concluyó con un llamamiento a la colaboración entre administraciones y partidos para ofrecer respuestas a las familias que siguen viviendo en la incertidumbre.
Carlos Álamo reiteró su disposición a mediar con sus compañeros socialistas, colaborar con el Ayuntamiento y trabajar con los afectados para alcanzar una solución legal y duradera.
Su principal mensaje fue que ninguna administración debe confundir la aprobación de una iniciativa con la resolución efectiva del problema.
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