Mostafá Elmasari y Francisco Javier Fleitas responden en Radio Faro a las acusaciones de otros vendedores, defienden la gestión de su asociación y explican las mejoras conseguidas en el Parque Europeo. También reclaman una solución para los puestos del mercadillo de Mogán y advierten de la necesidad de aclarar el futuro de las autorizaciones comerciales.
La Asociación de Vendedores de Mercadillos Unidos del Sur volvió a los micrófonos de El Batiburrillo, de Radio Faro, para explicar la situación que atraviesa el colectivo y responder a las declaraciones realizadas días atrás por Chicho y Antonio Heredia, quienes denunciaron presuntas irregularidades en los mercadillos del sur de Gran Canaria.
Su presidente, Mostafá Elmasari, conocido como Orlando, y su vicepresidente, Francisco Javier Fleitas, defendieron la labor que desarrolla su organización, aseguraron que nunca han utilizado sus cargos para favorecer a determinados vendedores y destacaron los acuerdos alcanzados con los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
Durante la entrevista con Nery Pérez, abordaron también las dificultades económicas del sector, la distribución de los puestos, las cuotas de la asociación, la continuidad del mercadillo en el Parque Europeo y los problemas surgidos tras una reciente inspección policial en Mogán.
Una asociación que nació durante la pandemia
Francisco Javier Fleitas recordó que la asociación surgió durante la pandemia, cuando numerosos vendedores se encontraron en una situación de indefensión y decidieron organizarse para defender conjuntamente sus intereses.
Los representantes aseguraron que su asociación es actualmente la mayoritaria entre los comerciantes de los mercadillos del sur.
El presidente situó en 146 el número de personas integradas en el grupo de asociados que cumplen las obligaciones internas, aunque explicó que anteriormente habían alcanzado aproximadamente 167 integrantes.
Ambos defendieron que su principal objetivo es representar al conjunto del colectivo, independientemente de la nacionalidad, procedencia o situación personal de los vendedores.
También cuestionaron la representatividad de la otra asociación que ha formulado críticas contra ellos, a la que atribuyeron un número mucho menor de miembros.
Respuesta a las acusaciones de Chicho y Antonio Heredia
Uno de los asuntos centrales fue la polémica por las supuestas preferencias en la distribución de puestos y las diferencias entre vendedores.
Elmasari rechazó que su asociación tenga capacidad para decidir libremente quién ocupa determinados espacios o cuántos metros corresponden a cada comerciante.
Explicó que, cuando se produjo el traslado del mercadillo de San Bartolomé de Tirajana, los puestos ya estaban numerados y asignados.
También defendió que la antigüedad de un vendedor no supone, por sí sola, un derecho a elegir las mejores ubicaciones ni a transmitir automáticamente una autorización comercial.
Respecto a las acusaciones de que algunos representantes de la asociación intervenían en la colocación de comerciantes, reconoció que habían colaborado con responsables municipales en determinadas ocasiones.
Sin embargo, insistió en que esa colaboración se realizaba a petición de los concejales y no suponía sustituir la autoridad de los funcionarios.
Según explicó, los representantes de la asociación ayudaban a identificar a los vendedores, orientar a quienes llegaban por primera vez y evitar que se colocaran juntos puestos que comercializaban productos idénticos.
Una cosa es colaborar y otra hacer el trabajo de un funcionario, defendieron durante la entrevista.
Los representantes rechazaron haber concedido puestos por su cuenta o establecido privilegios personales.
La distribución de los puestos de Mogán
Sobre el traslado del mercadillo de Mogán desde la Plaza Negra hasta la avenida Miguel Marrero, Elmasari explicó que también participaron en tareas de colaboración con el Ayuntamiento.
Según su versión, fue el entonces concejal responsable quien solicitó ayuda a varios vendedores para organizar los espacios.
Elmasari aseguró que el representante municipal disponía de una relación de autorizaciones, titulares, actividades comerciales y módulos correspondientes a cada puesto.
La asociación, añadió, colaboraba para evitar problemas de distribución y posibles conflictos entre comerciantes.
Insistió en que las decisiones correspondían a la administración municipal y negó haber otorgado nuevas autorizaciones o repartido espacios de manera arbitraria.
La asociación defiende la transparencia de sus cuotas
Los representantes también respondieron a las acusaciones relacionadas con la gestión económica de la organización.
Elmasari explicó que la asociación dispone de una cuenta bancaria a su nombre, un gestor, un tesorero y mecanismos de control de los movimientos económicos.
Según detalló, para retirar fondos de la cuenta es necesaria la intervención de las personas autorizadas.
Aseguró que las cuotas se ingresan directamente en la cuenta bancaria de la asociación y que los integrantes pueden consultar la contabilidad a través de su gestor.
La cuota anual es de 50 euros, con posibilidad de abonarla en dos pagos de 25 euros.
El presidente explicó que estas aportaciones permiten afrontar gastos como publicidad, asesoramiento, servicios profesionales y materiales promocionales.
También aclaró que la pertenencia al grupo privado de comunicación de la asociación está vinculada al cumplimiento de sus normas internas.
Señaló que los vendedores que no abonan las cuotas pueden continuar desarrollando su actividad comercial, aunque no necesariamente formar parte de ese grupo interno.
Fleitas lamentó que otros comerciantes puedan beneficiarse de determinadas campañas de promoción sufragadas por la asociación sin contribuir económicamente a ellas.
La salida de Maite de la asociación
Durante la entrevista se abordaron igualmente las declaraciones de otros vendedores sobre la salida de Maite, antigua presidenta y participante en la creación del colectivo.
Elmasari rechazó las acusaciones de haberla apartado de malas maneras o por motivos relacionados con su condición de mujer.
Según explicó, Maite decidió abandonar sus responsabilidades por cuestiones personales y por las dificultades de compatibilizar el trabajo en la asociación con su actividad comercial.
Aseguró que ambos mantienen una buena relación y que continúan teniendo contacto personal.
También destacó la presencia de mujeres entre los comerciantes de los mercadillos y rechazó las acusaciones de comportamiento machista que se habían formulado contra él.
El Parque Europeo, una ubicación que quieren conservar
Uno de los anuncios más positivos fue la intención de mantener el mercadillo en el Parque Europeo, en Playa del Inglés.
Los representantes recordaron que inicialmente existían dudas sobre la continuidad de esta ubicación, pero defendieron que el traslado ha resultado beneficioso.
Elmasari aseguró que la actividad comercial ha contribuido a revitalizar el entorno, favoreciendo también a bares, establecimientos próximos, apartamentos y profesionales del taxi.
Destacó que los vendedores han realizado un importante esfuerzo promocional para dar a conocer el mercadillo.
La asociación cuenta con presencia en redes sociales, campañas digitales, folletos y bolsas promocionales con códigos QR que permiten consultar las ubicaciones y jornadas de celebración.
El presidente afirmó que uno de sus vídeos promocionales había alcanzado unas 80.000 visualizaciones.
También destacó que están consiguiendo recuperar la presencia de clientes canarios, un público que, según reconoció, se había alejado de algunos mercadillos turísticos del sur.
No obstante, aclaró que una mayor afluencia de visitantes no siempre se traduce en un incremento proporcional de las ventas.
Mejoras de aparcamiento y reconocimiento al Ayuntamiento
Elmasari agradeció públicamente la colaboración del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y de los responsables municipales del área de Mercadillos.
Uno de los principales avances señalados fue la mejora del aparcamiento en el entorno del Parque Europeo.
Según explicó, la reorganización de espacios para estacionar vehículos en el entorno de las avenidas de Tenerife e Italia ha permitido aumentar la capacidad disponible.
El presidente habló de una mejora que habría permitido pasar de unas 80 plazas a aproximadamente 120 en una de las zonas reorganizadas.
Consideró que esta actuación beneficia a los vendedores, residentes y turistas, al facilitar el acceso a los establecimientos y al mercadillo.
También agradeció la disponibilidad de instalaciones municipales para celebrar reuniones y destacó la respuesta recibida cuando la asociación ha solicitado colaboración.
Durante la entrevista, una integrante del colectivo, Aicha Belgazi, intervino telefónicamente para felicitar a sus compañeros y agradecer el trabajo desarrollado.
Los vendedores no quieren abandonar el Parque Europeo
Los representantes insistieron en que su objetivo es permanecer en el Parque Europeo y no trasladarse al futuro mercado municipal.
Elmasari reconoció que el nuevo mercado puede resultar atractivo para otras actividades comerciales, pero consideró que no responde a las necesidades específicas de los mercadilleros.
Señaló que los espacios previstos serían insuficientes para albergar al conjunto de vendedores.
También defendió que la ubicación actual ofrece ventajas por su proximidad a establecimientos alojativos y por la facilidad con la que los turistas pueden acceder caminando.
Recordó que, en anteriores ubicaciones, algunos visitantes tenían que esperar durante largos periodos para conseguir taxis o transporte público.
A su juicio, mantener los puestos cerca de las zonas turísticas resulta fundamental para garantizar su actividad económica.
Mogán: una inspección policial deja 121 actas
La situación del mercadillo de Mogán fue uno de los puntos de mayor preocupación de la entrevista.
Los representantes denunciaron que una reciente inspección policial había terminado con 121 actas levantadas a vendedores, según las cifras que ofrecieron.
Elmasari explicó que buena parte de las incidencias estaban relacionadas con las dimensiones de los puestos y la ocupación del espacio público.
La asociación teme que estas actas puedan derivar en sanciones económicas, aunque durante la entrevista no confirmó que esas sanciones se hubieran impuesto definitivamente.
Sus representantes expresaron su malestar por la inspección y reclamaron que se revisen las circunstancias de cada caso.
La polémica por los módulos de dos y tres metros
El presidente explicó que uno de los principales conflictos tiene su origen en las dimensiones de los módulos comerciales.
Según relató, tras una subida de las tasas municipales durante la pandemia, los vendedores mantuvieron conversaciones con responsables del Ayuntamiento para mejorar sus condiciones de trabajo.
Elmasari afirmó que en aquel momento se trasladó al colectivo la posibilidad de utilizar módulos de tres por tres metros.
Sin embargo, reconoció que aquel entendimiento no quedó recogido por escrito.
Posteriormente, durante una reunión con la alcaldesa Onalia Bueno, los representantes explicaron las dificultades que supone trabajar en espacios más pequeños.
Francisco Javier Fleitas señaló que muchas carpas comerciales habituales tienen dimensiones de tres por tres metros, por lo que resulta complicado instalarlas en puestos de menor superficie.
Según los entrevistados, la alcaldesa mostró disposición a estudiar la situación y a permitir la ocupación de los metros necesarios siempre que cada vendedor abonara la tasa correspondiente.
No obstante, la posterior inspección policial volvió a poner de manifiesto discrepancias sobre la superficie autorizada.
La asociación solicita aclarar estos criterios para evitar nuevas incidencias.
Reconocen que existen infracciones que no están dispuestos a defender
Pese a las críticas a la inspección, los representantes dejaron claro que no justifican cualquier incumplimiento de las normas.
Elmasari reconoció que algunas actas estaban relacionadas con situaciones distintas a la ocupación de metros adicionales.
Mencionó comerciantes que venden artículos diferentes de los autorizados y casos en los que el titular del puesto no permanece durante la jornada comercial.
Según explicó, la normativa exige determinadas condiciones de presencia y actividad que deben respetarse.
También recordó que, cuando un vendedor no puede acudir por enfermedad, vacaciones u otras circunstancias, debe tramitar las comunicaciones o autorizaciones correspondientes.
Esas infracciones nosotros no vamos a defenderlas, afirmó.
De esta manera, la asociación diferenció entre los problemas de dimensiones que considera necesario negociar y otros incumplimientos que atribuye a decisiones individuales.
Discrepancias sobre los puestos vacíos
Otro de los puntos de conflicto es el aprovechamiento de los espacios que quedan libres cuando un vendedor no acude al mercadillo.
Los representantes explicaron que habían planteado la posibilidad de que los comerciantes situados a ambos lados pudieran utilizar temporalmente esos espacios, evitando huecos entre puestos.
Según su versión, esta posibilidad había sido tratada en conversaciones con la administración local.
Sin embargo, señalaron que durante la inspección se cuestionó también este tipo de ocupaciones.
La asociación considera necesario establecer criterios claros y por escrito para evitar interpretaciones diferentes entre los comerciantes y los agentes encargados de supervisar el mercadillo.
Piden una nueva reunión con Onalia Bueno
Pese a la polémica, Elmasari y Fleitas mostraron su disposición al diálogo con el Ayuntamiento de Mogán.
Explicaron que ya habían solicitado una nueva reunión con la alcaldesa Onalia Bueno para estudiar las actas policiales y buscar soluciones.
Ambos destacaron actuaciones anteriores de la regidora, como la mejora de los servicios sanitarios, la apertura de baños y la regulación de los accesos de vehículos durante las jornadas de mercadillo.
El presidente valoró positivamente la cercanía de la alcaldesa y afirmó que la asociación no pretende mantener una confrontación con el gobierno municipal.
Sobre las sospechas de que las denuncias de otros vendedores hubieran influido en la inspección, los representantes expresaron sus dudas y recelos, pero no aportaron pruebas que permitieran establecer esa relación.
No estamos ganando para tirar voladores
Más allá de los enfrentamientos internos, los representantes abordaron la situación económica de los vendedores.
Elmasari reconoció que el sector continúa enfrentándose a importantes dificultades.
Explicó que la presencia de turistas no garantiza las ventas y que muchos visitantes recorren los puestos sin realizar compras.
También recordó que los vendedores tienen gastos de ocupación del suelo, personal, transporte y mercancías.
Puso como ejemplo las jornadas afectadas por lluvia y viento, en las que algunos comerciantes deben cerrar anticipadamente y terminan perdiendo dinero.
Aunque considera que las condiciones han mejorado respecto a anteriores ubicaciones, insistió en que el negocio no atraviesa una situación de grandes beneficios.
En el caso de Mogán, valoró muy positivamente la nueva localización del mercadillo, que considera una mejora importante frente a la antigua Plaza Negra.
Reconocimiento a Marco Aurelio Pérez y Onalia Bueno
Durante la conversación, Elmasari expresó públicamente su agradecimiento a los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.
Destacó la colaboración recibida para resolver problemas de aparcamiento, organización y funcionamiento de los mercadillos.
También manifestó simpatía personal por determinados responsables políticos y expresó su deseo de que continúen desempeñando responsabilidades públicas.
No obstante, aseguró que el colectivo no tiene como finalidad participar en campañas políticas, sino defender a quienes trabajan en los mercadillos.
Nery Pérez recordó que atender las necesidades de los comerciantes forma parte de las obligaciones de las administraciones públicas y que las mejoras deben beneficiar también al conjunto de los vecinos.
La gran preocupación: las licencias de 2027
Uno de los asuntos más importantes surgió en los últimos minutos de la entrevista.
Elmasari advirtió de que los vendedores afrontan incertidumbre sobre la continuidad de sus autorizaciones comerciales, que situó en torno al 26 de abril de 2027.
Según explicó, el régimen de autorizaciones contempla determinados periodos de vigencia y posibles renovaciones que, en su interpretación, no se habrían tramitado correctamente en todos los casos.
El presidente llegó a afirmar que algunos vendedores podrían encontrarse en una situación administrativa irregular, aunque sus declaraciones no permiten determinar el estado legal de todas las autorizaciones ni confirmar que estén caducadas.
Aseguró que la asociación cuenta con asesoramiento jurídico especializado y que se ha presentado un escrito ante la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias solicitando una solución.
Entre las posibilidades planteadas mencionó la ampliación de los periodos de autorización, tomando como referencia situaciones de otros mercadillos españoles.
Elmasari confió en que las administraciones puedan ofrecer una respuesta favorable antes de que se produzcan nuevos problemas.
Este asunto, que afecta directamente a la continuidad de la actividad comercial y a los ingresos de numerosas familias, queda pendiente de aclaración por parte de los organismos competentes.
Diálogo para garantizar el futuro de los mercadillos
En el cierre de la entrevista, los representantes insistieron en que su principal herramienta de trabajo ha sido la negociación con las administraciones.
Defendieron que el diálogo ha permitido conseguir mejoras en instalaciones, accesibilidad, aparcamientos y promoción comercial.
También recordaron las dificultades de quienes comienzan sus jornadas de trabajo de madrugada y dependen de las ventas para mantener a sus familias.
La asociación mantiene como prioridades resolver las discrepancias surgidas en Mogán, garantizar la continuidad del mercadillo del Parque Europeo y obtener seguridad jurídica sobre las autorizaciones comerciales.
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