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NC exige a Madrid la firma ya de los 30 millones contra la pobreza y la prórroga de su ejecución a 2019

Rodríguez y Campos denuncian que el Gobierno de Clavijo “se ríe” de los canarios al anunciar ahora una estrategia sin tiempo para su desarrollo

Nueva Canarias (NC) ha mostrado hoy su preocupación con el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez y su indignación con el Ejecutivo de CC de Fernando Clavijo ante uno de los problemas más graves y sensibles que tiene Canarias, los elevados índices de pobreza y la quiebra social provocada por la crisis. El presidente y el portavoz parlamentario en la materia de NC, Román Rodríguez y Luis Campos, respectivamente, exigieron al Ejecutivo estatal que se firme ya con las autoridades canarias el convenio de los 30 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y la ampliación de su ejecución al ejercicio económico de 2019. Al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo le censuraron que “se ría” de los canarios al anunciar ahora la puesta en marcha de una estrategia, después de “no haber hecho nada” en más de tres años y cuando quedan siete meses para que acabe la IX Legislatura. Los dirigentes nacionalistas tacharon de “electoralista” el anuncio hecho por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

Desde la propuesta de un plan de lucha contra la pobreza que el Gobierno de CC desechó en la pasada legislatura a la consecución de 12 millones de euros en los PGE de 2017, 30 millones de euros en los PGE de 2018 y, anclar en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), la obligación de Madrid para dedicar anualmente una partida concreta mientras los niveles de exclusión en el Archipielago superen la media estatal; demuestran que este grave problema ha sido una de las líneas de trabajo más intensas de NC de los últimos ocho años, según sus dirigentes.

Sin embargo, entre los nacionalistas progresistas ha cundido la “intranquilidad y preocupación” al constatar el “inmovilismo” de las administraciones públicas estatal y canaria con responsabilidades y competencias mientras el número de canarios en exclusión “no baja” a pesar de mejorar la situación económica.

Sean 10.000 personas, 150.000 canarios o el 44,6% de la población de las islas en riesgo de pobreza, según se escoja la fuente oficial que mide este parámetro, Román Rodríguez exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que firme ya el convenio de los 30 millones de euros con las autoridades canarias mientras Luis Campos reclamó que se amplíe su periodo de ejecución a 2019.

“No vamos a admitir que la Administración estatal se escude en argumentos jurídicos, si lo están pensando, para postergar más el convenio ni que rechacen una prórroga porque tenemos antecedentes” de su viabilidad con las partidas de los PGE de 2017, avisaron ambos.

En relación al comportamiento del Ejecutivo de CC que tiene competencias exclusivas en esta materia, Campos dijo que la estrategia de lucha, que el gabiente de Clavijo presentará próximamente, llega “extremadamente tarde”. Rodríguez denunció que “se ríen” de los canarios cuando hacen este anuncio a siete meses de que se acabe la legislatura.

“No han hecho nada” en más de tres años a pesar de tener un comisionado específico que depende de Clavijo y ahora, como en la pasada legislatura, “tampoco van a hacer nada porque no pondrán poner en marcha” las medidas de la citada estrategia. “No habrá resultados porque ya no hay tiempo para su aplicación”, auguraron.

Pero además los nacionalistas progresistas consideran que el Gobierno de CC está totalmente equivocado al persistir en mantener la “desfasada” Prestación Canaria de Inserción (PCI) porque se ha demostrado que “no sirve para responder” a la realidad de este problema.

Luis Campos apostó por medidas “más valientes”. Se refería a la renta básica que propone NC, destinada a garantizar a las personas en exclusión social los mínimos necesarios para tener una vida digna. El diputado nacionalista aseguró que, con esta medida, se alcanza a los beneficiarios de la PCI, a las más de 40.000 personas con pensiones no contributivas, a quienes están en riesgo de pobreza y a los trabajadores, que tampoco pueden garantizar con su sueldo los ingresos suficientes para cubrir los gastos básicos.

Román Rodríguez recordó al jefe del Ejecutivo que, en el nuevo Estatuto de Autonomía que está a punto de aprobarse definitivamente en las Cortes Generales, se reconoce el derecho de la “renta de ciudadanía que es lo mismo que la renta básica”.

 

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