La Agrupación de la Policía Canaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) y UGT, sindicatos mayoritarios de los cuerpos de la Policía Local en Canarias, han tildado de “gran irresponsabilidad” el uso generalizado de seguridad privada por parte de los ayuntamientos durante la celebración de actos multitudinarios. Se trata, según los sindicatos, no solo del “reconocimiento explícito” de la incapacidad de gestión, sino también de una estrategia para una cada vez mayor privatización de este servicio público esencial.
El problema no solo afecta al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, como se apreció durante los últimos carnavales, sino también a los municipios de Agaete e Ingenio, donde con ocasión de celebraciones se ha observado la presencia de tan solo cinco policías locales y más de cuarenta vigilantes de seguridad privada. Se trata, dicen los sindicatos, de municipios gobernados por el PSOE, el mismo partido que, desde la Delegación del Gobierno, autoriza prestar servicios en la vía pública a los vigilantes de seguridad privada.
Denuncian que esta situación se ha ido generando por la pésima gestión de la seguridad pública por parte de muchos alcaldes, “pues creen que la seguridad pública en sus municipios no es de su competencia, sino del Estado, lo que es una auténtica irresponsabilidad”, al desconocer las leyes y obligaciones que imponen las normas jurídicas a los alcaldes y a sus policías locales, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, recuerdan que es responsabilidad de las jefaturas de policía el no aceptar las instrucciones de los alcaldes que contravengan la ley, pues ellas también son responsables técnicos ante la jurisdicción penal y responsables con su propio patrimonio conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para los sindicatos policiales de CCOO y UGT, la contratación de seguridad privada obedece a la falta de liderazgo de algunos alcaldes para mejorar la situación y coordinación de los 3000 policías locales existentes en Canarias, negándose a que se apruebe en el Parlamento una nueva Ley de Policías Locales que acabe con esta falta de policías en todos los municipios así como la coordinación de estos y la mejora de sus condiciones de trabajo.
Ambos sindicatos plantean la necesidad de que todos los candidatos a las elecciones autonómicas en Canarias se comprometan a actualizar y mejorar la seguridad en Canarias, modificando de forma urgente la norma de coordinación de las policías locales simplificando los procesos para la selección de las más de 1000 plazas de policías vacantes en Canarias, así como limitando la privatización de la seguridad privada en los espacios públicos.
Y por otro lado, planteamos a la Delegación del Gobierno de Canarias la necesidad, no solo preservar la seguridad pública, sino reforzar con mayor presencia de Policías Nacionales en las ciudades y Guardias Civiles en todos los pueblos, coordinado de forma más eficiente estos con las policías locales la seguridad en las calles, paseos o plazas y no dejando esta exclusivamente en manos de los alcaldes, ante la persistencia del nivel 4 de alerta antiterrorista en todo el territorio nacional.
También se considera necesario que por parte de la Delegación del Gobierno se deje de ser cómplices en la privatización de la seguridad pública, y se establezcan más controles e inspecciones a las contrataciones de seguridad privada que están realizando algunos Ayuntamientos para suplir la carencia de policías locales, nacionales y guardias civiles en los grandes eventos, pues es obligación de la Delegación del Gobierno de poner los medios humanos conforme establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.