La candidata de CC al Congreso por la provincia de Las Palmas, María Fernández, mantuvo una reunión con la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo sobre los recursos para la discapacidad y la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión
María Fernández destaca las iniciativas del Gobierno canario para emplear a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, pero alerta de que algunos cabildos y ayuntamientos no cumplen
La candidata de CC-PNC al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, María Fernández, pide al Estado que articule herramientas de control y fiscalización para garantizar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad y también de aquellas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión.
María Fernández mantuvo un encuentro con la directiva de la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo en el que abordaron los recursos destinados a la discapacidad y la nueva reforma legislativa para favorecer la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión a través de las licitaciones públicas. Fernández estuvo acompañada por los candidatos de CC al Senado por Gran Canaria, Francis Candil y Ángeles Batista.
Tras la reunión, María Fernández señaló que hay que permanecer “vigilantes” para que se cumpla la legislación, pues “a pesar de que el Gobierno de Canarias está realizando iniciativas para respaldar esta nueva reserva de contratos, como reservar un 2% de sus contratos para empresas que cumplan la normativa, hay otras administraciones, como cabildos y ayuntamientos, que no están haciendo esta labor”.
La nueva Ley de contratos de servicios, de ámbito estatal, regula todos los convenios que la Administración pública hace con terceros y crea las reservas de contratos para centros especiales de empleo y empresas de inserción, que fomentan la contratación de personas con discapacidad y en situación de exclusión.
La normativa recoge que todas las administraciones deben incluir por ley un porcentaje para la contratación de colectivos vulnerables, la cual se lleva a cabo a través de las empresas de inserción o de los centros especiales de empleo. María Fernández indica que esta ley “es muy desconocida y ha sido difícil de aplicar, por lo que debemos reforzar la formación en todas las administraciones públicas”.
“La nueva normativa es un mecanismo muy potente para insertar a estos colectivos, devolviéndoles la normalización y auténtica integración mediante el empleo. En este sentido, sería interesante que el Estado promoviera el cumplimiento de estas reservas de contratos para todas las administraciones locales, que, en muchos casos, siguen desconociéndola”, sostiene Fernández.